La presión del PC para impedir que se frenen las reformas

Una fuerte arremetida decidió emprender el Partido Comunista, luego de que el gobierno sincerara que no estaba en condiciones de cumplir con su plan reformista en los términos en que lo había comprometido.

Lo ocurrido el viernes 10 en el consejo de gabinete, donde la presidenta Michelle Bachelet acogió la tesis de sus ministros en el sentido de que el escenario tanto político como económico hacía indispensable priorizar las reformas, golpeó fuerte a los dirigentes del PC, quienes percibieron que la razón por la cual habían decidido entrar al gobierno podía perder todo sentido.

Con esa inquietud, en una agitada comisión política el lunes 13, se acordó iniciar una etapa en que se abocarían a presionar con fuerza para que la decisión del gobierno de actuar con realismo, no significara renunciar a compromisos programáticos que les parecen intransables, como la gratuidad de la educación superior, la reforma laboral e incluso la nueva Constitución.

Fue en ese contexto que sus principales figuras, lideradas por su presidente, el diputado Guillermo Teillier, comenzaron a mostrarse amenazantes de que podían abandonar el gobierno o cuestionar la continuidad de la Nueva Mayoría si es que no se garantizaba que los principales cambios estructurales continuarían adelante.

La reiteración de tales planteamientos por parte del parlamentario como de otros dirigentes, abrió la interrogante de hasta dónde puede llegar el PC con sus amenazas, frente a lo cual desde su interior admiten que lo primero que buscan es influir en las definiciones que el oficialismo debería adoptar en su cónclave del próximo 3 de agosto.

Fin a complicidad

Con preocupación por el giro hacia una actitud más moderada que perciben tanto entre las actuales autoridades como entre algunos de sus socios, los comunistas recuerdan ahora que no fue una decisión fácil cuando, después de arduos debates internos, optaron por incorporarse al gobierno. Una discusión que ha comenzado a reabrirse por el reclamo de quienes considerarían que pudo haber sido un error, porque el costo de perder presencia en el mundo social con su ingreso al gobierno, se justificaba en la medida en que desde dentro estaban impulsando un programa que –como apunta un alto dirigente- era un paso importante para enterrar al "modelo neoliberal".

Por eso el impulso reformista del primer año de gobierno no generó ningún tipo de cuestionamientos respecto a la decisión. Por el contrario, los comunistas se sentían cómodos, al punto que la propia Presidenta Bachelet en una carta al Comité Central en marzo –al que se excusó de asistir- le agradecía la lealtad con que habían colaborado para llevar adelante un programa común, conceptos reiterados por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien asistió en su representación, donde fue recibido entre el aplauso de los presentes.

Pero ese cuadro de complicidad absoluta cambió sustancialmente con la partida de los ministros que habían elaborado e impulsaban el programa sin renunciamientos, porque la llegada de un equipo más moderado, no garantizaba de la misma manera que las reformas se cumplirían sin renunciamientos.

Los comunistas resintieron el cambio. Como indican desde sus filas, sin perjuicio de reconocer que Bachelet les hizo un gesto al aumentar su presencia en el gabinete con la nominación de Marcos Barraza en la cartera de Desarrollo Social, el sello de los demás ministros les encendieron las alarmas respecto a que el proceso reformista podía tender hacia una rectificación.

Muestra de esos temores fue que, después de los primeros indicios de los integrantes del nuevo equipo, donde percibieron con inquietud que se les estaba dando tranquilidad a los empresarios, el propio Teillier se reunió con el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, para recabar de primera fuente hasta qué punto la idea de actuar con realismo que estaba socializando, implicaba modificar el plan reformista.

La postura del ministro, quien le sinceró que el oscuro panorama económico hacía necesario priorizar las reformas, preocupó al líder del PC, aunque como admiten en dicho partido, lo que definitivamente los alertó, fue cuando constataron que la propia mandataria había acogido esa posición, como lo explicitó en el consejo de gabinete.

La amenaza de partir

Por lo que indican altos dirigentes comunistas, nadie al interior del partido ha planteado seriamente la posibilidad de abandonar el gobierno, aunque al menos a juzgar por las múltiples declaraciones de Teillier, se ha sugerido como una opción condicionada a cómo se replantee el cumplimiento de las reformas.

En palabras del propio diputado, lo que explican otros personeros del partido, las insinuaciones corresponden a una estrategia asumida en la comisión política del día 13, en la que se acordó defender las reformas con toda la fuerza que les sea posible, para lo cual la amenaza de emigrar o de poner en duda la continuidad de la Nueva Mayoría, aparece como un mecanismo de presión para sus propósitos.

Tanto es así que los mismos comunistas apuntan a que a optaron por iniciar una arremetida comunicacional liderada por sus principales figuras planteando que no transarán lo comprometido, con la esperanza de poder influir en las decisiones del cónclave del día 3 de agosto.

Como la idea es crear las condiciones para que se imponga la línea que ellos sustentan de no permitir un freno al proceso de cambios profundos, paralelamente a la reiteración pública de su postura, iniciaron una ronda de contactos con representantes tanto de los principales ministerios -entre ellos Interior y Hacienda- como con algunos de los demás partidos, de manera que a la hora de definir con precisión qué ocurrirá con las reformas, se considere su firme posición.

Esperanza en Bachelet

Con la amenaza de un posible retiro del gobierno o de dar por sepultada a la Nueva Mayoría, los comunistas esperan llegar al encuentro oficialista del 3 de agosto intentando imponer su tesis de que el realismo sea realmente sin renuncias, como lo planteó Bachelet.

Como conocen la postura más pragmática de los ministros, que entienden que es compartida por sectores más moderados de la coalición, la expectativa del PC apunta principalmente a que sea la propia mandataria la que asuma que no se puede claudicar en los compromisos reformistas.

La mirada del PC en esa línea, es que tanto ella como algunos de sus aliados, entiendan los riesgos que podría tener para el gobierno un distanciamiento de dicho partido, que en términos prácticos podría significar el fortalecimiento de la presión social, desde el momento en que con una moderación del programa, no tendrían piso para continuar intentando al menos ser un dique de contención de las demandas sociales.

Tal como lo han dicho públicamente, en caso que la reforma laboral o la educacional sufran modificaciones que atenten contra lo comprometido, ellos mismos se sumarían a las movilizaciones, mientras dirigentes como Jaime Gajardo en el colegio de profesores o Bárbara Figueroa en la CUT, no tendrían espacio para una actitud moderada en sus gremios, como la que consideran que han tenido hasta ahora.

Esperando el Congreso

Por ahora los comunistas están expectantes, a la espera de las definiciones concretas que se acuerden en el cónclave oficialista, encuentro que reconocen que será determinante para las decisiones que adopten para el futuro.

Tanto es así que, en caso de que se impongan las posturas que apunten a retrasar o modificar aspectos importantes en algunas reformas, las amenazas podrían terminar transformándose en realidad.

Es lo que confirman cuando aluden a que se inició el Congreso partidario, que parte con una consulta a las bases –la que está en curso- el que en un plazo de aproximadamente seis meses, fijará soberanamente la posición del partido. En esta instancia, tal como indican sus dirigentes, examinarán lo que ha significado estar en el gobierno, para determinar si es que siguen o no, como asimismo si tiene sentido intentar la continuidad de la Nueva Mayoría.

Con el fantasma de ese Congreso como mecanismo de presión para lo que se decida ahora, la palabra la tendrá tanto la Presidenta como el resto de sus aliados, que deberán sopesar cuán importante es el factor PC al momento de tomar decisiones para enfrentar la actual crisis.