Se logró descomprimir el ambiente. Esa era la lectura que ayer se hacía en los pasillos de La Moneda, luego de que la presidenta Bachelet decidiera suspender el viaje que hoy tenía programado a Cabo de Hornos para conmemorar los 400 años de su descubrimiento.
La medida se adoptó en la antesala de la formalización de los 13 imputados por el caso Caval, que se realizará hoy, donde serán presentados cargos contra la nuera de la mandataria, Natalia Compagnon.
La restructuración de la agenda de la mandataria, quien viajaría la próxima semana a Cabo de Hornos, buscaría demostrar que Bachelet es capaz de seguir con sus labores de manera normal y no a más de 3 mil kilómetros de distancia del lugar donde están formalizando a la esposa de su hijo, Sebastián Dávalos.
De hecho, no se descarta que durante el día se refiera al caso en el que hasta el momento ha mantenido silencio.
Una postura que ayer respaldó el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien reiteró, tal como él y el vocero Díaz lo han hecho con anterioridad, que lo importante es que las instituciones funcionen.
“Lo que le interesa al gobierno y a quien lo preside, es que las instituciones funcionen y funcionen conforme a lo que dice la Constitución y la Ley. En materia de persecución de delitos que el Ministerio Público estima que tienen esas características, es decir que son delito, hay todo un procedimiento. Ahora corresponde la formalización”, aseguró el jefe de gabinete.Por su parte el vocero de palacio, Marcelo Díaz reiteró durante la tarde que el adminitrador de La Moneda, Cristián Riquelme se mantiene en su cargo.
Cómo partió el escándalo
Todo comenzó el 6 de febrero de 2015, cuando la revista Qué Pasa publicó un reportaje sobre los negocios de la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada de la que Natalia Compagnon es dueña.
En la investigación se consignó que la empresa recibió un crédito de más de US$10 millones del Banco de Chile, veinticuatro horas después de que Bachelet ganó la presidencial.
El dinero, visado por el propio Andrónico Luksic, fue usado para adquirir tres predios en Machalí ubicados en un paño sujeto a cambio de uso de suelo, lo que haría que el precio de los terrenos se disparara.
Tras conocer los antecedentes, los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards presentaron una denuncia en la Fiscalía Nacional, para que se investigara un potencial tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Fue así como se designó al fiscal Luis Toledo, quien a las 9 horas de hoy en el Juzgado de Garantía de Rancagua formalizará a 13 personas por diversos delitos.
Entro ellos Natalia Compagnon, quien enfrentará cargos por delitos tributarios, ya que junto a su socio en Caval, Mauricio Valero (que también será formalizado), presentaron declaraciones de impuestos falsas que provocaron un daño fiscal de más de $118 millones.
El síndico de quiebras Herman Chadwick, encargado de vender los campos de la familia Wiesner a Caval, también será formalizado por el delito de ventajas indebidas, pues habría pagado $415 millones al gestor inmobiliario Juan Díaz, mientras trabajaba en el cambio de uso de suelo de los terrenos.
Juan Díaz, cercano a la UDI y vínculado a Pablo Longueira, enfrentará cargos por soborno y como cómplice de ventajas indebidas con el síndico. Otro que comparecerá es Patricio Cordero, también ligado a la UDI y quien será formalizado por delitos tributarios como representante legal de inversiones Lo Beltrán, firma a través de la que Caval presentó declaraciones de impuestos falsas.
ESCENARIO JUDICIAL INCIERTO
Para el abogado penalista Juan Domingo Acosta, el escenario es un tanto incierto, pues el Ministerio Público no ha adelantado las medidas cautelares que solicitará para los imputados involucrados en la investigación.
Además, advirtió que si bien no son iguales, en casos anteriores (como Penta) se solicitaron medidas gravosas que fueron bajando en intensidad. Es decir, se pasó de la prisión preventiva al arresto domiciliario.
Asimismo, dijo que es posible que durante la audiencia se planteen cuestiones como la competencia del tribunal o si está o no vigente el delito del síndico, por lo tanto es muy complejo prever un escenario.
Respecto a las penas que arriesgan los imputados, explicó que son delitos que están en un rango medio. "No estamos hablando de un parricidio u homicidio", dijo Acosta, quien cree que es difícil que haya penas de cárcel. "Es posible que en un futuro se llegue a penas menores que privación de libertad, como remisión condicional o libertad vigilada y puede haber salidas alternativas, pero es difícil vislumbrar qué va a pasar ahora", aseguró.
LOS OTROS IMPUTADOS
Andrés Orchard Vergara: Ingeniero comercial del buffete Chadwick & Cía. Se lo formalizará como cómplice de ventajas indebidas del síndico.
Jorge Silva Menares:
Ex director de Obras de la municipalidad de Machalí fue despedido por "graves faltas a la probidad". Enfrentará cargos por el delito de cohecho.
Marisol Navarrete:
Analista de sistemas y pareja de Jorge Silva sería cómplice del delito de cohecho.
Cynthia Ross Wiesner:
Habría participado en el intento de cambio del plan regulador mientras asesoraba al muncipio. Será imputada por el delito de cohecho.
Matías Ovalle Andrade y Daniel Huerta Cordero: Abogados, ambos serán imputados por prevaricación y encubridores del síndico.
Paulina Besserer:
Junto a Patricio Cordero presentaron declaraciones de impuestos falsas. Será formalizada por delitos tributarios.
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