La presidenta Michelle Bachelet sorprendió al mundo político adelantándose a enviar el proyecto de ley para Fortalecer la Democracia y la Transparencia antes del 17 de diciembre, como había acordado la ministra de la Segpres Ximena Rincón con la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
La iniciativa del gobierno contempla elementos que algunos sectores de la Nueva Mayoría estimaban imprescindibles a la luz de la contingencia, como es la eliminación de los aportes reservados y el de las empresas. Un aspecto al que sólo se opone abiertamente la UDI, por lo que el debate y la tramitación de la iniciativa se prevé relativamente expedita en el oficialismo.
Al medio día de ayer y en presencia de parlamentarios y dirigentes del oficialismo y la oposición, Bachelet firmó finalmente un proyecto que se había convertido en emblemático no sólo por el retraso, que daba cuenta de una falta de acuerdo al interior del propio oficialismo, sino también porque para algunos políticos el llamado caso Penta mostraba la necesidad de la iniciativa.
Pero la urgencia con que al final el Ejecutivo elaboró el proyecto tiene directa relación con el cambio al sistema electoral binominal, pues fue en el marco de su tramitación en la Comisión de Constitución del Senado donde, la semana pasada, el oficialismo le puso presión al gobierno, anunciando que las indicaciones relacionadas con el tema del financiamiento de la política –que según La Moneda no son parte de la idea matriz del proyecto, que es de carácter electoral- no serían rechazadas hasta que ingresara a trámite la propuesta del fortalecimiento de la democracia.
Principales elementos
En su intervención, Bachelet explicó el sentido del proyecto, asegurando que será "una herramienta de representación ciudadana, (...). Con un mecanismo eficiente de rendición de cuentas y donde cada persona sepa quién es su representante, cuáles son sus vínculos y sus prioridades. (...) Las empresas no votan y no tienen por qué financiar campañas. Por eso estamos eliminando los aportes anónimos y reservados".
El nuevo sistema de financiamiento de las campañas tendría que estar vigente para las elecciones municipales de 2016. Todo indica, según los dirigentes oficialistas, que eso podría ocurrir dado el consenso que hay respecto de los principales ejes de la iniciativa, como son la disminución en 50% del límite al gasto electoral; la eliminación de "todos los aportes reservados de ningún monto"; y, la eliminación de los aportes de personas jurídicas a las campañas políticas, leáse empresas. Mientras que los aportes a campañas o partidos de las personas naturales no podrán exceder las 1000 UF.
También se limita la contribución que cada candidato haga a su propia campaña, algo que hasta ahora no existía. Así los aportes personales no podrán superar el 10% del gasto electoral permitido. Pero lo que podría generar alguna polémica es que las personas naturales, cuyo aporte no podrá superar las 50UF, podrán solicitar, si así lo desean, que su donación sea de carácter reservado.
Por otra parte, el presidente del PS, diputado Osvaldo Andrade, expresó su preocupación respecto de que se le otorguen franquicias tributarias a quienes aporten a las campañas. Ello, porque a su juicio eso sería lo mismo que fuera el Estado el que hace, finalmente, la donación. Pero la inquietud más repetida entre los políticos, fue que esta ley favorecería a quienes ya ejercen el cargo, en desmedro de los aspirantes o desafiantes.
Gloria De la fuente La Ley de Fortalecimiento de la Democracia es un tema que viene siguiendo hace tiempo la Fundación Chile21, de ahí la importancia que le otorga la directora del programa de Calidad de la Política, Gloria de La Fuente.
Para la experta, lo anunciado por la presidenta Michelle Bachelet está en lo correcto y ya que "está instalado en el sentido común que hay que hacer estas reformas, el costo de no respaldarlo (el proyecto) puede ser más alto para los parlamentarios", por lo que no descarta una tramitación rápida.
Por otra parte, estima que este esfuerzo debe ser complementado con la reforma a la ley de partidos. De La Fuente cree que el desafío que viene es el financiamiento permanente a los partidos políticos, asociado esto a la necesaria transparencia.
En este contexto, la experta de Chile21 tiene la convicción de que lo que se está haciendo "no está completo sin reforma a los partidos".
Jorge Ramírez (LyD) "La eliminación del aporte de las personas jurídicas, a mi juicio, es una regulación algo maximalista. El 65% de las democracias de la OCDE permite el aporte de las empresas, por tanto, esto va más allá del estándar de las democracias consolidadas. No es consecuente con el ánimo que impera en la opinión pública actual, porque hay que distinguir lo que serían las eventuales malas prácticas en materia de financiamiento de lo que podría ser el caso Penta, que ocurre al margen de la legalidad. Las empresas participan de una serie de ámbitos de la vida social y se les exige un rol social, están situadas en un contexto político-cultural y es legítimo que decidan contribuir a que en ese contexto se generen las condiciones para que su emprendimiento se pueda llevar a cabo.
Lo rescatable y prudente, de parte del Ejecutivo, es que se considera una fórmula de reserva para pequeños aportes (50 UF)".
Marco Moreno Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de Universidad Central, Marco Moreno, el proyecto "va en la dirección correcta de contribuir a mejorar la calidad de la política y la transparencia". A su juicio, "busca disminuir y regular de mejor forma la asimétrica y opaca relación entre dinero y política". En lo esencial, dice, establece una mejor regulación del gasto electoral.
Para el analista, la iniciativa del gobierno "no solo busca regular mejor, sino que también limita el gasto electoral.
Sin embargo, si bien el espíritu del proyecto es loable la pregunta que puede surgir es si lo anterior va a terminar efectivamente con el aporte de las empresas o empresarios o de todo aquel que quiera aportar al financiamiento de la política. Puede darse un retroceso en materia de financiamiento ya que no sabremos de donde viene el remplazo de los aportes ¿será suficiente el aporte público?
Hernán Larraín "Nosotros consideramos que el financiamiento debe incluir financiamiento público, pero también privado y no sólo de personas naturales, porque eso favorece a los candidatos que tienen más recursos y más redes de apoyo. También creemos que es posible considerar a personas jurídicas porque así evitamos que estas interfieran en forma oscura en el financiamiento de la política. Si interfieren en forma transparente y fiscalizable como lo hacen en el 60% de los países de la OCDE, no veo porque Chile debería excluirlo(...) Lamentablemente no han sido incorporadas y nos preocuparemos, sea en este texto o en otro de asegurar que haya un código de ética de las autoridades públicas, porque no queremos que el dinero interfiera en las decisiones de las personas, pero tampoco queremos que las autoridades, abusando de sus recursos, interfieran en las decisiones ciudadanas".
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