El académico analiza la reforma educacional a la luz de una de sus grandes batallas: la de promover la concepción de un Estado social de derecho. En el marco del lanzamiento de su libro “Derechos sociales y educación: un nuevo paradigma de lo público”, Fernando Atria entregó a DF su mirada del arduo debate que busca transformar el sistema escolar.
-¿Qué le parecen los cambios introducidos al proyecto en la Comisión de Educación de la Cámara?
-Los cambios que se hicieron no son a la mejora del proyecto, éste era mejor antes de los cambios que después de ellos. A pesar de eso, el proyecto sigue siendo importante y sigue teniendo un contenido que le conviene al sistema educacional.
-En términos generales, esos cambios, ¿moderan el carácter reformista del proyecto?
-Sí, en algunos sentido lo morigeran.
-¿Pero lo morigeran al punto de ya no garantizar una educación como derecho social, que fue a lo que se comprometió este gobierno?
-A pesar de que tengo reparos con algunas de las reglas nuevas, éste sigue siendo un proyecto que sienta las bases para una transformación profunda. No estoy diciendo que este proyecto sea todo lo que se necesita, porque hay muchas cosas que aún están pendientes y muchas preguntas que se resolverán en su momento. Pero sí es un paso significativo en esa dirección.
-¿Y teme que en el Senado se continúe moderando el proyecto?
-Sobre todo después de la experiencia de la reforma tributaria, hay riesgos de que en el Senado se intente producir un gran acuerdo que reduzca la reforma a una corrección de un modelo que ya existe. Espero que eso no ocurra y que el Senado mantenga el contenido del proyecto, que da un paso transformador.
La moderación de la iniciativa
-¿Qué modificaciones recientemente aprobadas considera que habrían empeorado el proyecto?
-Por ejemplo, el proceso de admisión -que en el proyecto original se planteaba a través de una plataforma centralizada del Mineduc-, pasó a hacerse en los establecimientos, con un sistema aleatorio que los mismos colegios realizarían. Y la pregunta ahí es, si se trata de tirar dados, por así decirlo, ¿qué diferencia hace quién tira los dados? Una regla que dispone de procesos aleatorios realizados en los mismos establecimientos, es una regla hecha para facilitar que esos procesos, después de todo, no sean tan aleatorios. Entonces mi aprensión respecto de esta indicación es que abre un espacio para que sea aleatorio a la chilena, o sea aleatorio pero no tan aleatorio. Prefería el texto original.
-¿Qué otras modificaciones no mejorarían el proyecto?
-Era mejor declarar a los sostenedores “administradores de los recursos estatales”, que “colaboradores de la función del Estado”. En la medida que se trata de administradores, se les aplica las reglas que rigen al gasto público en general y en ese caso, no habría sido necesaria toda la discusión respecto de hacer delictual el lucro. Haber cambiado administrador por colaborador, no era una buena opción, pero al menos se compensó por la vía de penalizar conductas ilegales de retiro de utilidades.
-Otra de las modificaciones presentadas por el gobierno y aprobadas en la comisión de la Cámara, fue la posibilidad de arriendo de infraestructura como mecanismo para terminar con el lucro. ¿Hay riesgos de que, como señala que podría ocurrir con la selección académica, finalmente la reforma no garantice eficientemente el fin al lucro?
-Creo que la regla de arriendo está aún muy sujeta a discusión y la vamos a ver cambiar en algún sentido u otro. Pero creo que dada la experiencia con el lucro en las universidades y dado que ahora estamos especialmente sensibilizados con eso, es probable que una regla que permita el arriendo en los colegios esté mucho más sujeta a escrutinio y fiscalización, porque la experiencia con las universidades fue la pérdida de inocencia. Ya no somos inocentes en la materia.
La reforma y el TC
-¿Es necesario reformar la Constitución para aprobar e implementar la reforma educacional?
-Será decisiva la comprensión que tenga el Tribunal Constitucional (TC), porque estoy seguro de que la derecha, más avanzada la tramitación, llevará la reforma al TC y ahí vamos a ver qué pasa. Depende de la interpretación del TC, si ve en la Constitución un Estado subsidiario o uno social de derecho, como promueve la reforma.
-Pero si se presentaran objeciones de constitucionalidad, ¿sería conveniente instalar el debate de la reforma constitucional paralelo al avance de la reforma educacional?
-Los defensores de la Constitución dicen que no es tramposa y que permite las transformaciones políticas y aquí vamos a ver. Cuando se aprobó la reforma tributaria también amenazaron con que era inconstitucional. La reforma educacional va a terminar en el TC y no me atrevo a predecir qué es lo que el TC hará, pero ahí sabremos si la Constitución es compatible con transformaciones profundas. Eso está por verse.
La reforma y los colegios privados
-¿Está de acuerdo con prohibir a los colegios particulares pagados hacer pruebas de admisión y expulsar alumnos?
-Es una mejora destacable que se le hizo al proyecto. La reforma siempre se planteó sobre la idea de la educación como derecho social. Que reglas sobre selección y expulsión, alcancen también al sector particular pagado, afirma que por muy particular pagado que sea, siguen estando en el sistema educacional chileno. Idealmente la cosa debería llegar mucho más allá, pero al menos es un avance.
-Pero la presidenta Bachelet afirmó desde un principio que el sector privado no se vería afectado por la reforma...
-En el programa hay dos maneras de explicar el sentido de la reforma: una dice que se transformará la educación de una mercancía a un derecho social y otra, que se modificará el sistema de la educación provista con fondos públicos. Hay que afirmar ambas dimensiones del programa. Y para afirmar la primera, de una nueva concepción de educación, necesariamente hay que incluir a la particular pagada.
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