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Alianza inicia embestida en tribunales para investigar al hijo de Bachelet

La fiscal nacional (s) Solange Huerta designó al fiscal Luis Toledo para investigar la denuncia de RN.

Por: Claudia Rivas Arenas | Publicado: Martes 17 de febrero de 2015 a las 04:00 hrs.
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Por diferentes vías -Ministerio Público y Fiscalía, respectivamente-, la UDI y Renovación Nacional presentaron este lunes sendas denuncias con el fin que se investigue la posible existencia de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, violación de secretos y negociación incompatible, en la operación para la cual la sociedad Caval ltda, de la que es dueña en un 50% la esposa de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, solicitó un préstamo de $6.500 millones al Banco de Chile. Con esta acción, la Alianza opta por judicializar el caso Dávalos, manteniéndolo vigente en la agenda pública, como lo admiten en privado algunos representantes del sector.

Para los primeros días de marzo se espera una reactivación del caso Penta y, particularmente, su arista política. Este no es un tema menor para la UDI, pues sus máximos dirigentes están conscientes de que está contemplado que podrían iniciarse las formalizaciones que afectarían a varios de sus militantes, partiendo por los senadores Ena von Baer e Iván Moreira.

De ahí que algunos representantes del sector admitan en privado que la judicialización del caso Dávalos podría contribuir a bajar la tensión sobre el gremialismo pues se enfocaría se quiera o no en la Presidenta, dado que su hijo será investigado. Y pese a que niegan que esta embestida tenga como finalidad buscar un empate con el gobierno, lo cierto es que altas fuentes de la Alianza reconocen que el desliz de Dávalos y su mujer les "cayó del cielo".

Las denuncias

Así, cuando el reloj marcaba las 10:30 de la mañana de ayer lunes, el prosecretario de la UDI, Pablo Terrazas, llegaba hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para presentar una denuncia por tráfico de influencias y uso de información privilegiada "en contra de todos quienes resulten responsables, sea como autores, cómplices o encubridores". Junto con ello, en el documento de 19 carillas se solicita una serie de indagaciones, entre las que destaca la citación a declarar a Sebastián Dávalos, su señora, y el socio de ésta, Mauricio Valero. También piden la incautación de computadores de algunas reparticiones públicas de la Región de O'Higgins.

Mientras que media hora más tarde, los diputados de RN José Manuel Edwards y Nicolás Monckeberg hicieron lo propio en las las dependencias de la Fiscalía Nacional. En un escueto documento de tres carillas formularon una "denuncia en contra de todos los funcionarios públicios que pudieren resultar responsables de los delitos de negociación incompatible, violación de secretos y cualquier otro que se pudiere haber cometido, en relación a la modificación del plan regulador de la comuna de Machalí, que implica un cambio de uso de suelo de tres predios rurales que pasarían a urbanos". Todo, aludiendo a las irregularidades denunciadas en el artículo de Qué Pasa, a raíz del cual estalló el caso.

En este contexto, RN pide determinar las eventuales irregularidades en que podría haber incurrido el Seremi de Vivienda de la Sexta Región, además se pide investyigar "si el señor Dávalos ejerció alguna acción para apurar o gestionar" el avance del posible cambio de suelo, cuando ya era jefe de la Dirección Sociocultural de La Moneda. Los diputados encargados de presentar la denuncia incluso plantearon su deseo de que ésta fuera atendida por un fiscal especial.

Designan fiscal

Sólo seis horas más tarde, la fiscal nacional (s) Solange Huerta acogió la denuncia y designó al fiscal, Luis Toledo, de la Región de O'Higgins a cargo de la investigación.

Sin embargo, desde la Nueva Mayoría, el presidente del PS, diputado Osvaldo Andrade -quién en su minuto judicializó el caso Penta- le restó importancia al hecho de que la oposición haya decidido llegar a la justician con sus críticas al caso Dávalos.

A juicio de Andrade, esta embestida judicial "no tiene ningún destino. No es casual que sea una denuncia y no una querella".

Y desde la Alianza argumentan que no descartan la querella, según se vaya dando el curso de la investigación.

Imagen foto_00000009Abogados patrocinantes defienden denuncias y adelantan eventuales sanciones
por Valentina Fuentes

Entre 541 días y tres años, es decir, presidio menor en su grado mínimo y en su grado medio, además de penas de inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos, es lo que arriesgaría el hijo de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, si la investigación por las denuncias presentadas por RN y la UDI ante la Fiscalía Nacional y el 4° Juzgado, respectivamente, demostrara que infringió la ley en calidad de funcionario público.

Los tipos penales que se indican en ambos documentos, presuponen cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Delito de tráfico de influencias y delito de uso de información privilegiada es lo que acusa la UDI, mientras que RN argumenta negociación incompatible y violación de secretos -apuntando al Seremi de Vivienda de la XI Región por esto último. Aunque utilizan términos distintos, ambas colectividades se refieren a delitos establecidos en el mismo artículo del Código Penal.

"Es evidente para todos los chilenos que hay antecedentes que permiten presumir fundadamente de que aquí se dio al menos una de esas dos posibilidades, si no el negocio no se explica de ninguna manera", afirma el abogado patrocinante de la denuncia de la UDI, Jorge Gálvez.

Si bien en el oficialismo argumentan que Dávalos no era funcionario público al momento de pedir el crédito y que ni siquiera habría sido él quien lo solicitó -sino su esposa-, Eduardo Riquelme, abogado patrocinantede RN, manifiesta que "el tema no es quién pidió el crédito, el asunto que hay que investigar es si él, cuando era funcionario público, hizo una gestión para el cambio de uso de suelo". Por su parte, Gálvez señala que mientras no haya una respuesta del organismo fiscalizador que acredite lo contrario, "se puede especular que en el contexto de su desempeño como funcionario público pudo haber realizado actividades en favor del negocio ilícito que se estaba desarrollando".

En el transcurso de pocos meses, la Alianza espera "tener las primeras confirmaciones de cómo ocurrió este negocio".

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