El camino legal que inician las 112 mujeres que quedaron embarazadas tomando anticonceptivos

Laura tiene 20 años. Orgullosa, cuenta al otro lado del teléfono que en 2020 se había matriculado en Técnico en laboratorio clínico para iniciar sus clases este año. Con su pololo habían decidido que un buen momento para ser padres sería en cinco años más, cuando ella terminara su carrera.

En el centro de salud San Luis, en Peñalolén, una matrona le recomendó usar pastillas anticonceptivas, las Anulette CD. A las pocas semanas de empezar a usarlas, tuvo señales de potencial embarazo. Y se preocupó. Se hizo uno, dos, tres tests. Todos salieron positivos. “No lo podía creer”, dice.

Laura no es la única. Hasta ahora hay 112 mujeres que acusan haber quedado embarazadas utilizando este anticonceptivo del laboratorio Silesia, y Minigest 15 y 20, de Andrómaco. Las dos firmas son controlados por la gigante alemana Grünental, y las mujeres, asesoradas judicial y psicológicamente por la Corporación Miles -organización que asesora en materias de derechos sexuales y reproductivos-, están preparando una batalla legal contra el Estado de Chile y ambas compañías.

La típica imagen de película, donde un grupo de pacientes demanda a una gigante farmacéutica, está a punto de iniciarse en Chile.

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La historia es así: El 26 de agosto del año pasado, una alerta llegó al Instituto de Salud Pública sobre problemas en el empaque de las pastillas Anulette CD. En resumen, había blísters (las tiras donde van las píldoras) rotos, y lo más grave, donde debían ir las pastillas color crema que contienen el principio activo, iban las azules, que son las de efecto placebo y que se toman en ciertos días del mes. Ese formato de Anulette CD se reparte únicamente a la Cenabast, y van a parar a los centros de salud pública de todo el país. Los lotes se repartían desde agosto de 2019 en el sistema.

El ISP suspendió de inmediato ese reparto, el B20034A. Como medida adicional, el 3 de septiembre, el laboratorio decidió el retiro voluntario del lote B20035A. En total eran 276.890, las que fueron destruidas. En tanto, el ISP fue al laboratorio y detectaron problemas en la máquina que envasa el producto. Corrigieron el error, el 24 de noviembre se levantó la suspensión, y las pastillas volvieron a los consultorios. 

Algo similar ocurrió el pasado 7 de octubre, cuando Laboratorios Andrómaco inició el retiro voluntario preventivo de los lotes D19129A y D19130A de Minigest 15 y el lote D19132A de Minigest 20, con fecha de vencimiento en marzo de 2021, tras identificarse un problema de estabilidad en su composición. Es decir, que su efectividad se había reducido más de lo aceptable por la norma sanitaria. Entre ambos, alcanzaron a vender en farmacias más de 4 mil unidades.

Cuando la Corporación Miles publicó en sus redes sociales la alerta a las mujeres que habían consumido la pastilla, y con un posterior reportaje en televisión, los correos electrónicos llegaban por decenas. “Esto es una catástrofe sanitaria”, explica la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles.

Lo primero que realizaron fue un urgent appeal a la Relatoría de Salud de las Naciones Unidas. “Lo que pretendemos es que tome conocimiento de la situación que está ocurriendo en Chile; y que no ha habido ningún tipo de respuesta del Estado, ni a modo de reparación ni cobertura de los gastos asociados al parto y a la crianza de los niños”, dice.

Tampoco, y aunque algunas lo solicitaron, las mujeres pudieron acogerse a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. 

De los responsables, Dragnic identifica al Estado, y al Laboratorio Silesia y Andrómaco.

“El Estado estaba otorgando un medicamento que no garantiza la eficacia y, por ende, negó el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tampoco tenía una adecuada fiscalización”, afirma.

Además de los lotes que se advirtió con errores en su composición, no hay claridad si hay más. Esto, pues cuando solicitaron información vía Transparencia, se enteraron que existían 27 denuncias similares y de otros lotes.

Por estos días se realizan entrevistas en detalle a cada una de las mujeres, y se afina la artillería legal que van a desplegar. “En primer lugar estamos considerando una demanda civil. La posibilidad de recibir una compensación económica por los gastos del parto, de vestimenta, de educación, de alimentación”, apunta.

Y agrega: “Se trata de una gran cantidad de mujeres de escasos recursos, que tenían otros tipos de planes para sus vidas, muchas de ellas estudian, han perdido trabajos, y varias ya tienen muchas personas a su cuidado”.

“Los análisis de fabricación muestran que los comprimidos, en cuanto a su composición y acción farmacológica, cumplen con las especificaciones exigidas, por lo que su eficacia anticonceptiva en ningún momento se vio comprometida”, establece Silesia en una declaración.

Pero además, recuerdan que no existe anticonceptivo infalible. De hecho, el Anulette CD tiene una efectividad de 99,7% en laboratorio, es decir, en condiciones ideales, 3 de cada 1.000 mujeres podrían quedar embarazadas. Pero en condiciones reales, es decir, involucrando una serie de factores de la vida cotidiana, esa efectividad puede bajar a 93%.

Además, han deslizado la responsabilidad hacia los centros de salud. Ellos, como laboratorio, no atienden clientes finales, y como parte del proceso de farmacovigilancia, si un profesional de salud detecta envases abiertos, o pastillas incorrectas en los blísters, no puede entregar el medicamento.

Es más, aseguran que como Silesia no han recibido ninguna denuncia de usuarias afectadas, y las alertas fueron levantadas por profesionales de la salud.

Del Ministerio de Salud indican que desde un principio estuvieron coordinados con el ISP e instruyeron a los servicios de salud a reemplazar los anticonceptivos y realizar compras de emergencias de alternativas vía Cenabast, además de ofrecer asistencia psicológica a las mujeres. Agregaron también que el ISP tiene un sumario abierto para evaluar responsabilidades del caso.

Consultado el ISP, no respondieron a DF MAS.

En diciembre, en un reportaje de 24 Horas, el ministro de la cartera, Enrique Paris, señaló, textual, que el responsable original e inicial es el laboratorio que “hizo mal el procedimiento”. Y remató: “Aquí debe demostrarse que por esa falla quedaron embarazadas. Y si es así, y ellas requieren una compensación y la justicia lo ordena, habrá que entregarla”.