La entrada en vigencia de las metas de recolección y valorización de envases y embalajes -segundo producto prioritario- de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) está fijada para septiembre de 2023. La carrera es contra el tiempo, afirman desde el sector, y señalan que existen una serie de retos que sortear, sobre todo, a nivel de los sistemas de gestión colectivos domiciliarios y no domiciliarios.
La Ley REP establece la creación de estos sistemas de gestión colectivos, los que estarán a cargo del reciclaje de envases y embalajes, para que las empresas importadoras y productores, logren cumplir las metas de recolección y valorización.
A la fecha, tres “Gran Sistema de Gestión Colectivo” -Gransic, que integran a 20 o más empresas- han iniciado sus trámites de autorización para operar en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Representantes de los Gransic señalan que hay “incertidumbre” respecto de los plazos totales de su tramitación, a lo que se suman algunos retos, como el trabajo conjunto -hoy muy incipiente- que deberán realizar con las municipalidades del país, y con las personas para que comprendan cómo funciona la ley.
Además, Todos Reciclamos, uno de los tres Gransic, alerta que menos de un 5% de un total de 14.000 empresas se han adherido a un sistema de gestión, hasta ahora.
Los tiempos del TDLC
Para que un sistema colectivo reciba la autorización para funcionar, pasa por cuatro etapas clave: su conformación, la tramitación para operar en el TDLC, la revisión del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de su plan de gestión -el cual deberá ser presentado en septiembre de este año- y la inscripción legal de la empresa de gestión de residuos.
El primero en iniciar los trámites fue ReSimple, sistema de gestión de residuos domiciliarios y no domiciliarios, al alero de AB Chile -gremio de alimentos y bebidas- que ingresó al Tribunal en abril de 2021.
Isidro Pereda, gerente de proyecto de ReSimple, cuenta que tuvieron su audiencia final con el TDLC en marzo de este año, etapa que podría “demorar seis meses en tener un veredicto, y que depende netamente del tiempo que se tome en la revisión de todos nuestros antecedentes”.
Frente a una posibilidad de prórroga, indica que están expectantes a lo que vaya ocurriendo en el proceso. “El decreto de metas de envases y embalajes se publicó en marzo y en abril entramos con toda la documentación al TDLC, porque de lo contrario no llegábamos con los plazos. Sabíamos que este proceso puede tomar hasta 15 meses”, dice.
En el caso de TodosReciclamos, de la brasileña New Hope Ecotech, la situación ha sido similar. Rodrigo Sagaceta, líder estratégico de la firma y coordinador del Gransic de residuos domiciliarios, señala que el sistema de gestión comenzó su tramitación en enero de este año.
Hoy están a la espera de la fecha de audiencia pública para continuar avanzando en lo jurídico, sobre la cual Sagaceta dice que “hay que respetar los tiempos del Tribunal. Hay distintos procedimientos internos, el aporte de antecedentes ya terminó y no podemos acelerarlo. Consideramos que estamos bien con los tiempos”.
En la misma etapa está ProREP, Gransic de residuos no domiciliarios constituido en febrero pasado por la alemana RIGK.
Pedro Álamos, gerente de ProREP, cuenta que han visto retrasos. “Estamos bastante ajustados, pero creemos que vamos a llegar. Dependemos del TDLC. Al final el trabajo no depende 100% de nosotros, lo que nos da un poco de incertidumbre”, explica.
Al respecto, el MMA no tiene en sus planes realizar una prórroga de plazos. “Una prórroga requeriría modificar los decretos supremos, y lo que queremos como Ministerio es que la ley se aplique lo antes posible”, señala el jefe de la Oficina de Economía Circular, Tomás Saieg.
Municipalidades y comunidad
Una arista importante de la Ley REP será la aplicación de la legislación en la práctica. En el caso de los residuos domiciliarios de envases y embalajes, esto se relaciona con el trabajo que los Gransic desarrollen con las municipalidades.
Sagaceta cuenta que “nos vamos a acoplar al trabajo que los municipios ya vienen desarrollando, porque hoy no podemos llegar y entrometernos. Hay convenios que se van a establecer con ellos, y estos van a poder decidir cuáles sistemas de gestión ingresan a su territorio. Entre diciembre y enero de 2023 pretendemos tener definidos a los municipios con los que trabajaremos”.
Otro reto que prevén para el próximo año es el trabajo con las comunidades.
Desde ReSimple, Pereda dice que “la participación de la persona es crítica. Los pilotos que hemos hecho en distintas comunas han arrojado que las tasas de participación de reciclaje llegan hasta el 50%-60%, y las tasas de rechazo bordean el 10% e incluso han llegado al 30%”.
“Para llegar a las metas, necesitamos que sobre el 75% de la gente recicle y que las tasas de rechazo estén por debajo del 15%”, sostiene Pereda.
Para Sagaceta, lo que se vendrá será “una etapa mucho más activa” en cuanto al reciclaje. “Antes estábamos hablando solo de empresas, 2022 va a terminar este tema, y va a empezar todo lo que es el vínculo con los municipios, cómo llegamos al ciudadano, cómo a través del municipio vamos a informar, por lo que será clave un trabajo educacional de por medio”, argumenta.
Retraso en empresas
De acuerdo a los tres Gransic, la incorporación de las empresas a los sistemas de gestión ha estado marcada por la “desinformación y lentitud” en el proceso.
Frente a esta situación, los Gransic han tomado la iniciativa de apoyar a las firmas a través de capacitaciones, asesorías gratuitas y difusión de información para que comprendan los plazos y sepan quiénes son los afectados por la Ley REP.
En el caso de ReSimple, “hemos estado ayudando a las empresas para que sepan qué es lo que deben tener levantado para entrar a un sistema de gestión, que es una tarea que puede tomar entre dos a tres meses. Hay muchas que aún no saben que están afectas a la ley o que no entienden bien de qué trata”.
Sagaceta menciona que “las empresas tienen que entender que ahora van a tener que cuantificar e identificar las materialidades. Lógicamente va a haber un porcentaje importante que va a quedar fuera del proceso por desinformación. A ellos se les denomina free riders, y van a ser multados”.
En el caso de los residuos no domiciliarios, ProREP también detecta dificultades. “Nosotros tenemos solo 36 empresas, pero son miles las que debiesen hacerlo. Hay una desinformación muy grande y en el fondo creemos que muchas se van a sumar al final. Además, creen que esta ley se va a aplazar o que habrá como una especie de marcha blanca, lo que no es así”, afirma Álamos.
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