Las razones del retraso de la puesta en marcha de la Ley REP con neumáticos

En enero de este año debutó la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) con la entrada en vigencia de las metas de recolección y valorización para neumáticos fuera de uso (NFU), primer producto prioritario de la legislación, de un total de seis. Sin embargo, la constitución de los sistemas de gestión colectivos, encargados de gestionar los residuos y cumplir las metas de este sector, está atrasada.

A la fecha, solo hay siete sistemas individuales aprobados para la recolección y valorización de neumáticos tipo A (no mineros) y tipo B (mineros) de siete empresas. Pero no hay ningún sistema colectivo aprobado -sólo dos en trámite- los que deben agrupar a un universo estimado de 1.800 empresas y productores afectos a la legislación para ambos tipos de neumáticos.

Tomás Saieg, jefe de la oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), explicó el retraso debido a “una baja coordinación” de empresas y productores afectos a la ley.

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“Hoy, muchas empresas y productores están en incumplimiento al no estar adheridos a un sistema de gestión aprobado, por lo que están expuestos a ser multados por la Superintendencia del Medio Ambiente, cuando se realice la primera revisión al finalizar el primer año de implementación”, dijo Saieg.

Agregó que si bien es primera vez que Chile cuenta con una ley de este tipo, “no es excusa para justificar la lentitud del proceso”, ya que, en el caso de envases y embalajes, el segundo producto prioritario de la Ley REP, el decreto ley se aprobó posterior al de neumáticos, y ya existe un Gran Sistema de Gestión Colectivo (Gransic) y otro colectivo que ya tienen la aprobación de sus planes de gestión.

“Acá hay una responsabilidad de los regulados, que han tenido una respuesta más lenta de lo que esperábamos como Ministerio, había un plazo razonable para que se planificaran. Desde que se aprobó el Decreto 8, que define las metas de neumáticos, tenían dos años para organizarse con todas las etapas que debían cumplir”, sostuvo Saieg.

El proceso para constituir un sistema de gestión considera cuatro etapas: su conformación, la tramitación para el funcionamiento -en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)-, la revisión y aprobación del MMA del plan de gestión, y la inscripción legal de la empresa de gestión de residuos.

Respecto de los plazos, Saieg afirmó que el MMA ha respetado todos los que establece el Decreto 8 y que nunca fue opción modificarlos, porque es “lento y engorroso”. “De todas formas, hemos estado constantemente en contacto con los sistemas de gestión para acelerar el proceso lo que más se pueda”, dijo.

Sistemas de gestión

A la fecha, hay dos sistemas de gestión colectivos de neumáticos tipo A -no mineros- que están en tramitación: Neuvol, que agrupa a 44 empresas, y Valora Más, a 82.

Neuvol ingresó la solicitud para operar al TDLC en diciembre de 2021 y la obtuvo un año después. En abril pasado presentó su plan de gestión al MMA y están a la espera de su aprobación.

Alejandro Navech, gerente general de Neuvol, afirmó que no esperaban que el Tribunal demorara un año en aprobar el sistema de gestión, donde “hubo una subestimación de nuestra parte de los tiempos jurídicos que requerían los distintos organismos”.

También señaló que tuvieron menos plazo que el segundo producto prioritario -envases y embalajes- porque “siempre se pensó que neumáticos iba a ser el primer residuo en legislarse porque habían varios gremios que venían trabajando hace mucho tiempo en herramientas como Acuerdos de Producción Limpia (APL), de cara a la ley. Sin embargo, esto no tuvo el efecto esperado”.

Valora Más en tanto, presentó la solicitud al TDLC en enero de 2022, la que fue aprobada en diciembre de ese año y esperan ingresar su plan de gestión al Ministerio durante este mes.

Jesús Núñez, gerente general de Valora Más, sostuvo que los plazos fueron la razón principal de los atrasos. “Luego de la aprobación del TDLC, era imposible estar 100% operativo un mes después. Los plazos que se establecieron en la ley son poco realistas, y no consideran la dificultad que conlleva poner en marcha una legislación inédita en Chile”, señaló.

Argumentó también que habría una “falta de flexibilidad” en la legislación. “La Ley REP no es más que un mecanismo público privado en el que, si no existe una verdadera complicidad entre ambas partes, es muy difícil implementarlo, y hoy cuenta con muchísima burocracia”, afirmó.

En paralelo, ambos sistemas de gestión colectivos han avanzado en otros aspectos, como su constitución legal al conformarse como una corporación de derecho privado sin fines de lucro y establecer el directorio.

Tanto Navech como Núñez dijeron que han tenido reuniones con el MMA para ir abordando las diversas dificultades que han tenido, donde esperan llegar a soluciones transitorias frente al atraso en el cumplimiento de las metas.