El grupo de ex autoridades del gobierno de Bachelet que busca posicionar los temas ambientales en la nueva Constitución

El exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y el exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, se hicieron amigos tras coincidir en el gobierno de la expresidenta Bachelet. Una amistad que perdura hasta hoy y que los llevó a fundar un nuevo referente en medio ambiente, la plataforma Recicla la Política, desde donde buscan influir y posicionar temáticas para lograr una nueva Constitución verde o ecológica.

Jorge Canals comenta que partieron el primer semestre de este año armando encuentros virtuales con amigos y conocidos para determinar si era posible tener una nueva Constitución ecológica, los que se hicieron más frecuentes. Luego, junto a 14 personas ligadas al medio ambiente desde distintos ámbitos, como Ana Lya Uriarte, exjefa de Gabinete de Bachelet, Constance Nalegach, impulsora del Acuerdo de Escazú, y académicos como Alex Godoy y Paulina Astroza, la plataforma Recicla la Política. "Es un grupo transversal, ninguno está ligado a un partido político ni a un centro de estudios", precisa.

Tras varios webinar entre el grupo fundador, Nalegach, Canals y Mena redactaron el "Decálogo del Constituyente Verde" (ver recuadro) el que fue consensuado con el resto de los integrantes. El documento establece diez principios, como justicia ambiental, lucha contra el cambio climático, deber del Estado de proteger la biodiversidad y derecho de acceso al agua para consumo humano y para sustentar ecosistemas.

Junto con el decálogo lanzaron un "sello verde", el que podrá ser descargado por los candidatos a constituyente a partir de la próxima semana, tras completar un formulario web donde se comprometen a llevar los principios del decálogo al debate constitucional. El sello lo podrán usar en sus campañas y difusiones públicas.

"Para sacar la discusión de los especialistas, que son más o menos los mismos, se nos ocurrió hacer este decálogo con un sello para garantizar que los candidatos, si son elegidos, van a llevar estos temas a la Convención, al menos para discutirlos y simplificarlos un poco más y hacerlo más accesible a la gran mayoría de las personas que estén interesadas en el debate constitucional", comenta Canals.

Canals comenta que hasta ahora, candidatos a constituyentes como el abogado Fernando Atria, Macarena Guajardo de Fundación Basura -la única integrante de Recicla la Política que ha anunciado una candidatura a la Convención Constituyente- y Soledad Mella de los Recicladores de Base, ya se comprometieron a suscribir el decálogo y utilizar el sello verde. "Se me ha acercado gente de Evópoli, de la Democracia Cristiana, la idea es que esto sea transversal", dice Canals.

Hoja de Ruta

El exsubsecretario de Medio Ambiente señala que uno de los objetivos del grupo Recicla la Política es generar contenidos de fácil acceso para todas las personas, que permitan instalar el tema medio ambiental en la sociedad y luego, generar insumos de cara a la Convención Constituyente.

Consultado sobre si buscan transformarse en un centro de pensamiento, señala que más que una estructura "que no hemos discutido, es un espacio para instalar el tema de la Constitución ecológica con lenguaje accesible y generar conocimiento especializado que influya en la discusión y también influir en los candidatos y candidatas", sostiene.

Adelanta que la próxima semana presentarán una hoja de ruta de la plataforma Recicla la Política con un plan de acción para generar contenidos, armar cabildos y organizar seminarios. "Queremos armar cabildos basados en el decálogo y queremos armar seminarios con algunas universidades".

El grupo se reunirá cada dos semanas en forma telemática y la idea es partir generando contenido, sobre todo, "para redes sociales y que sea accesible".

El Decálogo
1. Derecho a la justicia ambiental. Defender en la convención constitucional principios que recojan las demandas sociales y ambientales:
• De distribución justa de las cargas y beneficios ambientales y de democracia ambiental,
• De protección ambiental, de progresividad y no regresión de estándares ambientales.
• De precaución, de responsabilidad y de resiliencia climática.
2. Derecho a equidad intra e intergeneracional. Principio de justicia o solidaridad intra e intergeneracional, para la distribución equitativa y mantención de los ecosistemas y bienes comunes, recogiendo el igual derecho de todos los habitantes y de las generaciones futuras a disfrutar de la naturaleza, del planeta, y de las oportunidades de desarrollo que brinda. Un modelo de desarrollo sostenible, que incluya una economía distributiva y regenerativa, enmarcada en los límites de la biosfera, centrado en el bienestar y la prosperidad de las personas.
3. Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Promover en la convención constitucional este Derecho Fundamental que incluye el aire limpio, amparado por mecanismos efectivos y oportunos tales como un recurso constitucional, y medidas de protección y que proteja a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
4. Democracia Ambiental. Garantizar los derechos procedimentales de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, con un enfoque prioritario en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en línea con los estándares del Acuerdo de Escazú, fortaleciendo la toma de decisiones.
5. Establecer un estado plurinacional. Promover el Debido respeto a la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, en un estado plurinacional, que reconozca nuestro patrimonio cultural histórico.
6. Luchar contra el cambio climático. Incorporación del Cambio Climático y la necesidad de un clima más seguro considerando las implicaciones éticas, políticas, sociales y económicas, promoviendo la incorporación de deberes de adaptación, mitigación, y transición justa frente al cambio climático, de brindar a los ciudadanos los esfuerzos de un clima más seguro, y que tome los resguardos que permitan perpetuar nuestros logros como país, a través de una prevención de desastres y una adaptación al cambio climático.
7. Una sociedad diversa e inclusiva. Promover la discusión de un modelo de sociedad sostenible e inclusiva, con enfoque de género, que permita edificar una "sociedad de cuidados", una universalización del cuidado para que sea compartido de manera igualitaria entre mujeres y hombres, y un pacto social que supere una sociedad patriarcal y se haga cargo para las desigualdades de género, y que permita una discusión abierta y democrática de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Un estado que reconozca la diversidad de orientación sexual, y que brinde a sus ciudadanos los mismos derechos de contraer matrimonio, y tener una vida familiar plena. Una sociedad que reconozca que la familia del siglo 21 se define por las afecciones entre los miembros, y no por estructuras definidas por religiones en particular.
8. El deber del estado de proteger la biodiversidad. Debatir la opción de situar a la naturaleza, bosques, ríos. ecosistemas y seres sintientes como sujetos de derechos o de particular protección. En concordancia, promover el establecimiento de principios constitucionales que mandaten el uso racional y sostenible de los recursos o elementos naturales que tiene el país y en beneficio de las grandes mayorías.
9. Descentralización política y tributaria. Incorporar en la discusión constitucional el derecho a la ciudad, como espacio de desarrollo de las vidas de las personas, libre de contaminación, dotado de un transporte público justo y limpio, con vías adecuadas y seguras para los peatones y ciclistas, y donde se reconoce la gestión comunitaria de los espacios y bienes comunes. Un derecho a la ciudad, que contemple una descentralización efectiva en lo administrativo y presupuestario y la valoración del conocimiento local. Que permita que un alcalde y su concejo puedan tomar decisiones sobre lo que ocurre, y que no dependa de tutelas de representantes regionales de los gobiernos centrales. Que permita a los gobiernos locales hacer uso y beneficio de tributos ambientales que se recaudan en sus territorios, y que se permitan utilizar para la recuperación ambiental de las zonas impactadas por las actividades contaminantes.
10. Derecho de acceso al agua para consumo humano y para sustentar ecosistemas. derecho humano al acceso y saneamiento considerando al Agua como un bien común. Priorizar constitucionalmente el consumo humano y el rol como soporte de los ecosistemas, junto con reconocer formas colectivas de gestión y propiedad. Una constitución que proteja los glaciares y su rol en el ciclo hídrico.