Un escenario complejo, por decir lo menos, está enfrentando el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. La adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) al Consorcio Associated Universities Inc (AUI) -que reúne a universidades de Estados Unidos- y cuatro locales, las universidades del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma de Chile y de Atacama, ha estado en el centro de la polémica.
Sectores académicos tradicionales, del mundo científico, parlamentarios de oposición y gremios vinculados a la minería, argumentan que la adjudicación del ITL y los US$ 193 millones provenientes del acuerdo entre Corfo y SQM a un consorcio extranjero, carece de una visión país, deja de lado a las empresas mineras y no generará el desarrollo de capacidades tecnológicas en Chile. Rectores, políticos y gremios como la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), han pedido reevaluar la licitación, considerada la mayor inversión de Investigación y Desarrollo (I+D) de los últimos años.
Terrazas es tajante. Sostiene que "no hay ninguna razón para revocar la decisión" y que "Chile es un país serio, se hizo una licitación internacional, se ajustó a las bases y hay un ganador, lo que corresponde es honrar la palabra y mantener el prestigio de un país serio y por lo tanto, no habiendo ninguna irregularidad, hay que adjudicar la licitación al que obtuvo la mejor evaluación y sumar al resto a que apoye esta iniciativa", dice.
-¿Qué responde a las críticas que señalan que la adjudicación del ITL a universidades extranjeras limitará el desarrollo de capacidades tecnológicas locales?
-Todo lo contrario, la licitación es para crear un instituto chileno de tecnología, el que tiene domicilio en la región de Antofagasta, es para crear capacidades que hoy no existen en el país. Buscamos transformar la macrozona en un laboratorio abierto, en donde la industria nacional, universidades y emprendedores tecnológicos, puedan utilizar una infraestructura nueva de clase mundial que estará a disposición del ecosistema de innovación productiva del país.
-¿Pero no es un contrasentido haber dejado fuera a las empresas mineras que operan en la región y a la mayoría de las universidades tradicionales agrupadas en el consorcio Asdit?
-El ITL tiene que ser un instituto de innovación abierta, esto quiere decir que estará a disposición de todas las universidades del país. Esto no está abierto para un grupo de empresas mineras que concurrieron con recursos a una propuesta determinada, es para todas. AUI propone un modelo que sea eficiente y provechoso para las universidades, los emprendedores tecnológicos y las industrias y empresas de nuestro país. Y para que esto sea así, la propuesta ganadora dice que el instituto debe tener cierta independencia de ciertas mineras en particular, porque a la hora de evaluar los proyectos tiene que evaluarlos por su mérito y no por participar con recursos en la licitación, porque nos interesa que esté al servicio de los mejores proyectos tecnológicos para desarrollar la industria del litio sustentable, de la minería verde y de la energía solar de nuestro país.
-El presidente de la Sonami, Diego Hernández, señaló que el proceso se transformó en una licitación de proveedores de un servicio y que no consideró una visión de largo plazo.
-Cuando el presidente de la Sonami emite esa declaración todavía no se hacía pública la propuesta ganadora, por lo tanto, habló sin conocerla, pues recién ayer se hicieron públicas las propuestas y los criterios que consideró el consejo de Corfo. Y queda tan claro que sus afirmaciones se alejan de la realidad, que dentro del directorio del instituto habrá dos representantes del presidente de la república, por lo tanto, irá de la mano con la política pública que exige el Estado de Chile. Y en segundo lugar, el programa de trabajo anual del ITL tiene que ser aprobado por la Corfo, por lo tanto, está toda la política pública del desarrollo tecnológico y de innovación para fines productivos del Estado de Chile, detrás.
-El consorcio Asdit afirma que en un año de trabajo previo logró alinear los intereses de la academia, sector minero y centros. ¿Cuánto tardará AUI en integrar las visiones de los sectores?
-La Corfo es la que cumple ese rol e irá indicando cuáles son las necesidades de la industria y la industria podrá solicitar los servicios de este instituto, pero la contraparte y qué es lo que necesita el país lo tiene que determinar el gobierno de turno, y eso es la Corfo. Además, vamos a ir condicionando el traspaso de los recursos en la medida que vayan avanzando en el plan de trabajo que se irá aprobando año a año.
-Desde la minería y la academia señalan que AUI tiene experticia en ciencia pura, de hecho, en el sitio web destacan sus vínculos con observatorios mundiales como ALMA. ¿Esto es así?
-Aquí lo importante es que quien esté a cargo de este instituto tecnológico tenga experiencia en crear y ejecutar proyectos tecnológicos de alta complejidad, ese es el tema y ellos acreditan ese conocimiento, han estado a cargo de este tipo de proyectos, independiente del campo, en el caso de Chile están en ALMA, pero han liderado y prestado asesoría en otras especialidades, principalmente en el ámbito energético.
Una evaluación compleja
-¿Fue una decisión compleja? De acuerdo al Acta de Adjdudicación liberada el lunes pasado, AUI obtuvo 4,5 de 5 y Alta Ley 4,2 el que luego se ajustó a 4,4. Fue una decisión entre dos puntajes muy similares.
-Llegaron tres propuestas muy competitivas y eso hace más exigente la labor del comité evaluador y del consejo, quien tiene la potestad de resolver, por eso se hizo una licitación internacional, queríamos un proceso competitivo y eso le da mayor complejidad y dificultad a la toma de decisión.
-En el Acta se plantea que los criterios que pesaron para seleccionar a AUI tienen que ver con la sustentabilidad a largo plazo y el cofinanciamiento.
-Aquí se concentró el consejo a la hora de resolver. Los aportes de SQM solamente llegan hasta 2030 y dada la envergadura del proyecto queremos que sea de largo plazo y que no deje de operar en 2030, por lo tanto, cómo seguir adelante y qué queda para Antofagasta era determinante. La propuesta de AUI compromete seis laboratorios con infraestructura nueva, implementos que estarán en la región. Por el contrario, la propuesta de Alta Ley, no contempla nuevas inversiones de infraestructura o laboratorios para prototipos, sino que usarán las instalaciones que ya tienen las universidades consorciadas, la que está disgregada por todo el país. Lo que busca la Corfo es nueva infraestructura para sumar nuevas capacidades tecnológicas al país, adicionales a las que existen, y que estén en la región de Antofagasta.
-Respecto del cofinanciamiento el Acta es poco clara. Habla de aporte total y monetario de cada consorcio. ¿Puede explicar por qué pesa uno más que otro?
-El comité evaluador analizó el aporte financiero comprometido por cada consorcio y le entregó el informe al consejo. Alta ley aporta US$ 320 millones y AUI, US$ 265 millones, pero al restar el aporte de Corfo que solicitan, Alta Ley queda con US$ 127 millones -pide US$ 193 millones, el monto máximo- y AUI queda con US$ 123 millones -pide US$ 142 millones-. Y en un segundo click, analiza cuál es aporte monetario en efectivo, donde está el verdadero compromiso, cuánto arriesgan. Ambas propuestas consideran aportes valorizados -horas hombre-, en Alta Ley es de un 20%, lo que deja la propuesta en US$ 101 millones y la de AUI, queda en US$ 103 millones.
Adicionalmente, dentro de los US$ 101 millones, Alta Ley dice que US$ 64 millones los sacará de los excedentes que genere el ITL (por venta de servicios). Por bases es una persona jurídica sin fines de lucro, entonces, no pueden retirar utilidades, por eso se habla de excedentes, y es obvio que todo lo tienen que reinvertir. Los otros dos consorcios no lo incluyeron, porque las bases no lo mencionaban, primero, porque es muy difícil determinarlo y segundo es un incierto, entonces, todo lo que comprometiste en tu oferta es un riesgo. Y el consejo de la Corfo dice que esto no se puede considerar, porque se consideran para todos o para ninguno y optó por esta última. Se sacan y quedan en US$ 37, 5 millones y AUI, es de US$ 103 millones.
-Asdit señala que no se tomó en cuenta la evaluación externa que otorgó el mayor puntaje a este consorcio que lidera Alta Ley.
-Los asesores internacionales, tres académicos -dos españoles y uno escocés- aportaron una evaluación de los programas, insumos que fueron evaluados y ponderados en su mérito, tanto por el comité evaluador interministerial como por el Consejo de la Corfo. Los asesores internacionales no repararon en los elementos financieros de la propuesta, ni en lo que se busca potenciar en la macrozona norte, donde está la mayor concentración solar del mundo, donde están las principales reservas de litio del mundo y uno de los distritos mineros del mundo. Esto lo detectó el comité evaluador.
-¿Esto significa que los criterios financieros pesaron más que la evaluación de los programas?
-Eso no es así. Lo primero, el comité externo calificó muy parejo las dos propuestas. Segundo, las bases de licitación exigen que exista una correlación y coherencia entre la propuesta económica con los programas que dicen que van a ejecutar, porque si no existe esa correlación, no se van a poder ejecutar y eso no lo observaron los asesores internacionales, sino el comité evaluador y eso habla muy bien del desempeño de este comité.
El papel de las universidades
-¿Qué rol van a jugar las universidades chilenas que participan en el consorcio AUI?
-Ellas actúan como patrocinantes de la propuesta que elaboró AUI. La condición que le puso el consejo al adjudicatario es que tiene que trabajar con todas las entidades, entre ellas las universidades que participaron del concurso y no fueron seleccionadas. Tiene que ofrecer un Memorándum de Entendimiento (MOU) para que puedan colaborar en este desafío.
-¿En qué consiste esta colaboración? ¿Van a poder ofertar soluciones a los desafíos de innovación abierta, van a prestar servicios o serán usuarios del ITL?
-Por ejemplo, si una investigación requiere usar capacidad que ya existe en el país, como un laboratorio de la Universidad de Chile, en lugar de enviarla a otro lado, podría realizar la investigación en ese laboratorio. Por eso la Corfo exige que se realicen convenios de colaboración, MOU, con cada uno de los participantes.
Lo que no queremos que pase es que el Instituto esté obligado a prestarle más servicios a investigadores y científicos de una universidad que participe del consorcio ganador. El convenio de los MOU no es para asegurarse que ellos se van a ganar las propuestas, hay que estudiarlas en su mérito, si es buena para el desarrollo del país bien, esto no es para financiar un libro de un doctor de la Universidad de Chile, aquí vamos a revisar en su mérito, no queremos presiones.
Y por otro lado, las universidades también van a poder postular con iniciativas, porque la idea es juntar oferta con la demanda.
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