Tres debates clave que ya se abrieron en la Convención

Mantener o no el rango constitucional que actualmente tiene el Banco Central (BC) es una de las aristas de debate que se abrieron en la sesión del jueves 30 de diciembre, cuando la Comisión de Sistemas de Justicia analizó al instituto emisor. Un sector de convencionales cree que se pueden incorporar herramientas de "control político" al consejo del BC -por ejemplo, que sea un organismo cuyos miembros de consejo puedan ser acusados constitucionalmente- e, incluso, agregar más facultades a las que ya tiene, como el fomento productivo, el pleno empleo o la emergencia climática.

El convencional Ruggero Cozzi (RN) alertó a sus pares respecto a la compleja situación económica que enfrentará el próximo gobierno -según las últimas cifras económicas- y que podría deteriorarse aún más si es que la Convención decide modificar al BC sustancialmente.

"Quiero invitar a mis colegas a que tratemos de buscar un acuerdo en este punto para dar señales de certeza jurídica y estabilidad económica", comentó. Tomás Laibe (PS), por su parte, coincidió con Cozzi en mantener el rango de autonomía constitucional del BC, pero afirmó que existen "espacios de mejora", como la inclusión de nuevos criterios y el impulso de más herramientas de control sobre sus miembros.

Una alternativa es fijar criterios comunes para los órganos que la Convención Constitucional defina como autónomos, y no son pocos los convencionales que creen que al ente rector hay que dejarlo como está, porque funciona bien y porque una modificación más profunda puede desatar un debate más áspero sobre la estructura económica.

"El Banco Central es una de las instituciones que da más confianza a nivel nacional e internacional", dijo el convencional Luis Mayol (RN), en línea con dar algunas certezas económicas de base a los inversionistas en tiempos complejos.

Daniel Soto, jefe de estrategia de SURA Inversiones, coincide con la tesis de mantener la independencia del BC. "Creemos que no es necesario replantear la autonomía en la discusión constitucional. La experiencia internacional nos dice que los países con independencia han sido más exitosos que los países sin independencia de su ente emisor", señala Soto, quien además agrega que el debate debe enmarcarse en lo técnico y no en objetivos políticos, para que la entidad no pierda la credibilidad cosechada en estos años.

Los nuevos impuestos locales

La autonomía fiscal y la creación de impuestos por territorio también es parte del debate. El miércoles 29, el experto tributario de la Universidad de Chile, Sergio Endress, junto con explicar la regulación constitucional tributaria actual y su interpretación, planteó la duda respecto a la potencial capacidad, discrecionalidad y regulación que tendrían los municipios -en especial, de aquellos con una baja población- de crear nuevos impuestos sin una estructura fiscalizadora y administrativa ad hoc.

A lo anterior se suma la incertidumbre respecto a cuál sería la pauta adoptada para establecer los nuevos tributos. Si bien la Constitución actual estipula que los impuestos no pueden ser injustos o desproporcionados, ni tampoco tienen un fin determinado -todo llega a un mismo bolsón, a excepción de algunos tributos locales como las patentes municipales-, tendrían que ser los tribunales los que definan el caso a caso.

Un buen ejemplo son los municipios insertos en zonas de sacrificio o con una alta contaminación: la desigualdad regional complejiza el debate.

Endress destacó la necesidad de complementar la creación de impuestos locales -idea que concita cierto consenso- con el control y la capacitación correspondiente. Lo anterior, llevaría aparejada la creación de unidades regionales fiscalizadoras mucho más robustas que las existentes, con funcionarios instruidos y herramientas legales fiscalizadoras. De lo contrario, los nuevos impuestos locales podrían terminar siendo letra muerta.

El fin del Tribunal Constitucional

En paralelo, un grupo de constituyentes de la Comisión de Sistemas de Justicia presentó una iniciativa para terminar con el Tribunal Constitucional (TC) y traspasar sus competencias. La tesis: una transformación de la justicia constitucional. "Para no caer en caricaturas: no se trata de la eliminación de la justicia o el control constitucional. Es su reemplazo y una modificación sustantiva", explicó el convencional Cristian Vieira.

Las razones que justifican la iniciativa se basan en el desprestigio del Tribunal Constitucional en los últimos años, convirtiéndose, según ellos, en una tercera cámara o un colegislador. También en la necesidad de actualizar el tipo de control en términos democráticos.

La propuesta incluye el fin del control preventivo -el resguardo a la constitucionalidad que el TC hace antes de la promulgación de una ley- y la modificación del control posterior a su aprobación, y que, según la propuesta, pasaría a la Corte Suprema. Además, agrega un mecanismo de "deferencia con el órgano legislativo", para que, ante una inconstitucionalidad detectada en un proyecto de ley, el Congreso pueda subsanarlo mediante un proceso simplificado. El debate continúa.