La elaboración de la nueva Constitución, a cargo de los 155 convencionales constituyentes electos, deberá pasar necesariamente por la implementación del reglamento en base al cual se regirá la Convención. Uno de los aspectos que más han comentado tanto los expertos como los organismos especializados es la necesidad de transparencia y probidad, tanto del proceso en sí mismo como de los encargados de redactar la propuesta que se ofrecerá al país, para que la ciudadanía la apruebe o rechace en un plebiscito de salida. Evitar los conflictos de interés es, por lo tanto, indispensable por la multiplicidad de temas que se abordarán.
Es por ello que, desde hace meses, múltiples organismos se vienen preparando no sólo para participar en el desarrollo del proceso con propuestas; sino también para fiscalizar que este se realice bajo todas las normas de probidad y transparencia. En este sentido, Chile Transparente, el Centro de Estudios Públicos (CEP) y el Observatorio Nueva Constitución se han preparado minuciosamente.
De hecho, uno de los insumos que Chile Transparente pondrá al servicio del trabajo de los constituyentes es un documento comparado acerca de cómo se aborda el tema de la corrupción en distintas constituciones del mundo, "Caminos para incluir la integridad pública en las constituciones del mundo" (elaborado por el servicio de Asistencia Anticorrupción de Transparencia Internacional para Chile Transparente, financiado por la Unión Europea).
Adicionalmente, el 3 de junio, el organismo realizó el lanzamiento de otro documento que contiene una propuesta de reglamento muy detallada que, por supuesto, incluye elementos de probidad y transparencia, elaborado por Chile Transparente que se titula "Proteger el interés público, probidad y transparencia en la convención constitucional".
Pero eso no es todo. Una parte importante de la labor que desarrollará el organismo en este proceso, será la de la fiscalización. Es por ello que una vez que se instale la Convención se lanzará la plataforma "Constituyentes Transparentes", donde se podrá encontrar toda la información acerca de los convencionales constituyentes, relativa tanto a sus respectivas declaraciones de patrimonio, como a la que vaya surgiendo a raíz de su labor en la Convención.
Por último, Chile Transparente conformó un consorcio en conjunto con el Instituto de Desafíos de la Democracia y el Observatorio de Datos de la Universidad Central. ¿El objetivo? Trabajar desde distintos aspectos su participación en la Convención Constitucional; por un lado, el seguimiento de las materias de probidad y transparencia (temas más cercanos a Chile Transparente), pero, por otra parte, también hacer un seguimiento de los discursos e ideas que se propongan en el marco del debate; además de análisis de datos, redes sociales, tendencias, temas que se aborden en la Convención y que pasen a ser relevantes.
Además, el consorcio generará informes acerca de materias importantes en el debate con el fin de aportar al proceso con insumos y de cara al plebiscito de salida, "donde creemos que debiéramos jugar un rol importante, en cuanto a ayudar y asegurar que ese plebiscito sea un éxito, independiente de la opción que tome la ciudadanía", explica el director ejecutivo del organismo, Alberto Precht.
Aunque por lo que se ha visto hasta ahora, Precht reflexiona sobre el alto nivel de incertidumbre que, a su juicio, se ha generado; sobre todo cuando "hay distintos actores que quieren modificar las reglas, con lo que se puede entrampar muchísimo la discusión, podríamos caer en una eternización de la redacción del reglamento, que es algo que hay que evitar. Lo que creemos, y ese es nuestro foco, es que todos los que podamos, debemos ayudar a proteger este proceso, para que sea, efectivamente, un éxito; donde todos los involucrados se sientan representados".
Monitor constitucional del CEP
Por su lado el Centro de Estudios Públicos (CEP) viene trabajando hace años en el tema constitucional. Con dos libros publicados entre 2015 y 2016, el primero con un diagnóstico en la materia y, el segundo, más concreto, con propuestas específicas relativas a derechos, régimen político, reforma del Estado, régimen jurisdiccional y para el debate de ese momento reformas a la Constitución.
Con un equipo de abogados, que se ha reforzado en el camino para seguir la labor de la Convención, liderado por el encargado del Área de Derecho Constitucional e Instituciones Públicas, Lucas Sierra, el organismo seguirá el proceso de la Convención.
De hecho, Sierra detalla que ya se realizó un proyecto en conjunto con Cieplan para la deliberación constituyente, abocado a lo que llama "la sala de máquinas de la Constitución", porque –a su juicio- hay mucho debate sobre los derechos, pero estos serán "palabra vacía si no hay una estructura estatal importante que permita hacer carne esos derechos", por lo que adelanta que "si confiamos solamente en la adjudicación que de los derechos hagan los tribunales, vamos a quedar con una promesa muy incumplida".
En nueve sesiones abordaron el régimen político, iniciativas exclusivas del Presidente de la República, tribunales en la nueva Constitución, órganos autónomos, modernización del Estado y sistema electoral, entre otros. Los documentos que resultaron de estos encuentros se van a recopilar en un solo texto y publicarán digitalmente, de manera que sirvan como insumo para los convencionales constituyentes.
Paralelamente desarrollaron la plataforma "Monitor Constitucional", dentro de la página del CEP, a través del cual se hará un seguimiento, comentado y crítico de la evolución de las propuestas que vayan surgiendo de la Convención. De hecho, el Monitor ya publicó un primer texto dedicado a los dos órganos externos de la Convención y de los que poco o nada se ha hablado: la Secretaría Técnica y el Comité Externo de Asignaciones. Adicionalmente, hicieron un acopio ordenado –explica Sierra- de las propuestas que han circulado hasta ahora, tanto sobre la Convención como de la nueva Constitución.
La segunda parte del Monitor se iniciará junto con la instalación, con el fin de hacerle seguimiento a las propuestas que vayan surgiendo, su consistencia; y, se abordará en análisis de las disposiciones transitorias de la nueva Constitución, "cómo se va a ajustar el sistema jurídico a esta nueva estructura constitucional", porque -alerta Sierra- esto es tan importante como los contenidos permanentes de la nueva Constitución. En este sentido, el equipo también analizará las consecuencias regulatorias de las propuestas más importantes que vayan surgiendo del debate al interior de la Convención, desmenuzando las implicancias de modificar el sistema jurídico.
Regulación de conflictos de interés
La elaboración de documentos que sirvan de apoyo a la labor de los convencionales constituyentes, también es una de las tareas a las que está abocado el Observatorio Nueva Constitución, que ya elaboró uno en materia reglamentaria y otro sobre participación ciudadana. Sin embargo, la otra línea de trabajo, que le da la razón de ser al observatorio, es seguir el proceso y verificar que se cumplan los estándares que fijaron las reglas constitucionales, como también los del decálogo que establece el propio organismo, como rango para la fiscalización.
Según explicó uno de los coordinadores del observatorio, el abogado constitucionalista Tomás Jordán, en paralelo, en cuanto se constituya la Convención, el equipo se distribuirá para acompañar a los distintos grupos de trabajo para emitir los correspondientes informes de seguimiento, sobre los contenidos constitucionales y la evolución de la discusión –observando cada comisión-, en base a los programas que los propios convencionales constituyentes entregaron al Servel cuando postularon.
En la línea de la fiscalización, el observatorio pondrá especial atención en cómo regula el reglamento, por ejemplo, el tema de las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés y cómo esto influiría en las votaciones. Respecto de este tema, Jordán profundiza en que el reglamento de la Convención debiera abordar el tema de los conflictos de interés en dos sentidos: por un lado, declararlos; y, por otra parte, la repercusión que estos tendrán en el ejercicio de su cargo.
Al respecto, Jordán señala que "hay una serie de casos sobre este tema que queremos ir mirando, pero que además están abiertos, porque las reglas son muy mínimas, hay mucho campo que todavía no está resuelto. Sobre todo cuáles serán los efectos reales de tener conflictos de intereses en el ejercicio de su cargo en la Convención y cómo evitarlos durante ese ejercicio", sobre todo, porque los convencionales constituyentes no estarán sujetos a dedicación exclusiva.
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