Convención: transición de Senado a Cámara de Regiones se toma el debate
Propuestas sobre qué sucederá con la mitad del Senado si la Cámara de Regiones asume en 2026, cuando le faltará por cumplir la mitad de su periodo, se hicieron eco en la instancia.
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En Antofagasta comenzó el trabajo de contenido de la comisión de Normas Transitorias para la propuesta de nueva Constitución, oportunidad en que parte central del debate se enfocó en qué sucederá con la mitad del Senado actual que -de decretarse que la Cámara de Regiones asume en 2026-, le faltará cumplir la mitad de su periodo de ocho años iniciado en 2022.
Este punto se visualiza como uno de los problemas centrales a resolver en el tránsito del actual Parlamento al futuro Poder Legislativo conformado por un Congreso y una Cámara de Regiones.
“El ejercicio que tenemos que hacer es que cuando entre en vigencia la nueva Constitución, no se produzcan desfases entre el nuevo texto constitucional y el derecho vigente”, sostuvo Jaime Bassa.
Lo que está claro es que la Cámara de Diputados va a cumplir su mandato de cuatro años que partió este año, pero no ocurre lo mismo con los actuales senadores que asumieron ahora en marzo y que -en teoría- son electos por ocho años.
Hay dos alternativas. Darles la oportunidad de poder postular a integrar la futura Cámara de las Regiones -como todo ciudadano-; o entregarles “el beneficio o derecho adquirido” de pasar como senadores -que le quedan cuatro años- directo a integrar la Cámara de Regiones por ese plazo.
El convencional de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, afirmó que “lo que tiene que ocurrir es que terminen su periodo, pueden cambiar sus funciones (a representante regional), pero es bien totalitario terminar los mandatos antes de tiempo”.
Sin embargo, también hay posturas que señalan que no es posible entregarles directamente un cupo en la futura Cámara de Regiones, como Marcos Barraza (PC), quien indicó que “actuales senadores puedan ser reelectos si participan en una elección, pero no creemos que deben ser adicionados a la nueva institucionalidad”.
Una opinión similar tuvo la convencional Marcela Cubillos (UDI), quien sostuvo que el Senado no sigue, “así que extenderles mandato como representantes de regiones confunde al país”.
Bassa: “Evitar lagunas”
La comisión también analizó la forma en que enfrentará la construcción de normas transitorias, en cuyo marco el convencional Jaime Bassa (FA) dijo que la tarea es identificar reglas que permitan establecer criterios para la entrada en vigencia de la propuesta de Constitución, por ejemplo, del reemplazo de la Cámara de las Regiones al Senado o cómo y cuándo la Corte Constitucional reemplaza al TC.
“Ese es el ejercicio que tenemos que hacer para que cuando entre en vigencia la nueva Constitución, que es el día que se publique, no se produzcan desfases (...); y, sobre todo, evitar lagunas o contradicciones con la ley vigente”, expresó.
En esta línea, llamó a “evitar tener un artículo transitorio por cada norma permanente y buscar un sistema o modelo en que un artículo genérico se aplique a tantas instituciones como corresponda”.
Por su lado, Barraza planteó que en el entendido que la nueva Constitución se aprueba “hay que establecer un criterio que viabilice disposiciones transitorias, eso debe asegurar dinamismo y progresividad en la implementación de leyes sociales y un fuerte componente de estabilidad que permita certidumbre y seguridad sobre los procesos políticos, especialmente en el campo de las nuevas instituciones que van a debutar en este nuevo sistema político”.
También dijo ser partidario de priorizar la implementación de leyes sociales en cuatro áreas: pensiones, salud, vivienda y laborales. “Hay que darle plazos a los legisladores y considerar qué pasa si no se legisla en plazos adecuados”, afirmó.
La comisión escuchará mañana jueves al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, quien expondrá sobre la propuesta de normas transitorias del Ejecutivo, pero también deberá responder algunas consultas de los convencionales sobre la disponibilidad de recursos del estado para enfrentar incrementos en beneficios sociales.