Convención ratifica inicio de votaciones en el pleno para el 15 de febrero y avanza idea para sancionar delitos ambientales

Ante el intenso trabajo que deben desarrollar las comisiones temáticas, la mesa de la Convención Constitucional citó a una reunión la noche del lunes donde se les pidió a todos los sectores priorizar acuerdos, y despachar las normas que tengan votación de 2/3 para agilizar el proceso.

Así lo informó el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, quien aclaró que el llamado a los convencionales “no es priorizar, sino hacer acuerdos, dialogar y hacer el proceso más expedito”.

Respecto a las versiones que señalaban que se optaría por aplazar las votaciones para el 21 de febrero, Domínguez desestimó que haya una modificación en la fecha: “El 15 de febrero es el primer plenario donde se revisarán las normas que vengan de las comisiones. Estaríamos comenzando con el informe de la comisión Formas de Estado”.

Las declaraciones de Domínguez contrastan con la información que se ha venido difundiendo en días recientes acerca de un informe de la secretaría técnica de la Convención, en el que se advierte que por el volumen de iniciativas -que superan las mil- serán necesarios entre tres a seis meses adicionales para poder terminar el proceso constituyente, que originalmente tiene fecha de expiración el 4 de julio.

Asambleas legislativas

Estos antecedentes se conocieron en medio del trabajo que han priorizado las comisiones. Al interior de la denominada de Medioambiente destaca la aprobación de la propuesta que declara imprescriptibles los delitos por daño ambiental, así como la incorporación de la figura denominada “defensor de la naturaleza”.

En paralelo, la comisión de Formas de Estado aprobó en particular la organización institucional de las regiones autónomas que se compone de Gobierno regional, Asamblea Legislativa regional y Consejo Social regional.

La Asamblea Legislativa Regional fue definida como “un órgano de representación popular, colegiado, autónomo, plurinacional y paritario, dotado de potestades legislativas, resolutivas y fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución y las leyes”.

La instancia estará integrada por el número de asambleístas legislativos regionales que fije la ley nacional en proporción a la población de la zona, bajo criterios de representatividad territorial, paridad de género y plurinacionalidad.

La elección será por sufragio universal, directo y durarán cuatro años en sus cargos.

La instancia también visó la creación del Consejo de Gobernaciones. Se trata de un órgano que estará presidido por el Presidente de la República y conformado por los gobernadores de todas las regiones.

El “corazón”

La comisión de Derechos Fundamentales -que coordina César Valenzuela- ha recibido 403 iniciativas, es decir, el 32% del total en la Convención.

“Se confirma que esta comisión es el corazón de la Convención y a pesar del volumen de trabajo que tenemos, está comprometida en sacar adelante la tarea”, prometió el convencional.

Valenzuela también se refirió a los cuestionamientos a la falta de liderazgo del Colectivo Socialista al interior de la CC. “Se habla como si fuéramos la fuerza hegemónica en la Convención, pero los socialistas somos el 10% (...) Llamo a que todos hagamos los esfuerzos necesarios para poder conducirnos a los 2/3, pero eso no es una tarea exclusiva del FA y el PS”.

Otro desafío importante es la consulta indígena que se debe llevar adelante. Desde la mesa de la Convención explicaron que el presupuesto asociado será financiado 60% por los gobernadores y 40% por la Convención.

Para llevar a cabo el proceso se necesitarán en todo el país al menos 1.200 funcionarios que cumplan las funciones de moderadores de los encuentros, digitadores de la data y los encargados de hacer la entrevistas.

Fin al fuero

En cuanto al funcionamiento de la comisión de Formas de Justicia, ayer aprobó en votación dividida eliminar el fuero constitucional de los jueces y juezas.

El artículo eliminado establecía que “los miembros de los tribunales de justicia no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente”.