Candidatos a constituyentes en cinco claves | Felipe Harboe (PPD), Fuad Chahin (DC) y Jorge Arancibia (Indep. exUDI) (Cap. VI)

Este viernes 12 se da inicio oficial al periodo de propaganda electoral y con ello, entre otras cosas, comienza también la transmisión de la franja política en los distintos canales de televisión. Con este hito, la campaña, tanto para los candidatos a la Convención Constitucional como para las otras elecciones, entra en tierra derecha, puesto que a la media noche del 8 de abril se da por concluida, de cara a la elección del 11 de ese mes.

Por otro lado, esta semana el Congreso está debatiendo el proyecto del gobierno que permite que el proceso de votación del 11 de abril se realice en dos días, que no ha tenido una fácil tramitación, llegando incluso a la Comisión Mixta pese a la urgencia impuesta por el Ejecutivo, por las dudas de algunos parlamentarios han expresado respecto de que estén dadas las condiciones de seguridad para realizar un proceso electoral en esa circunstancias.

Esta semana les presentamos a otros tres candidatos a la Convención Constitucional, todos ellos exparlamentarios, Fuad Chahin (DC), Jorge Arancibia (Indep.) y Felipe Harboe (PPD). Caso especial este último, quien renunció a su cargo para presentarse a esta elección, al igual que los diputados Renato Garín y Hugo Gutiérrez.

Felipe Harboe (PPD) exsenador: Pacto Lista por el Apruebo, distrito 19 (Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Cobquecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo,Quillón, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Treguaco y Yungay).

1.Derecho de propiedad: Al observar el derecho comparado, la propiedad en nuestro texto constitucional posee una sobrerregulación innecesaria que rigidiza incluso la relación estabilidad/cambio que siempre se enfrenta en esta materia. Resulta recomendable normar el derecho de acceso a la propiedad y el derecho a mantenerla. No obstante, es preferible tener una regulación escueta en materia de expropiaciones que contemple sólo las garantías básicas (necesidad de ley y posibilidad de impugnación de acto expropiatorio). Respecto del estatuto propietario de ciertos recursos naturales, también debe disminuirse su regulación constitucional, dotando al legislador de la potestad de hacerlo en los usos privativos u otros detalles.

2.Medioambiente: El Programa para el Medio Ambiente de la Organización de Naciones Unidas advierte que la mayoría de la población mundial está expuesta, sin su consentimiento, a sustancias y desechos peligrosos que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades y discapacidades a lo largo de la vida. En Chile, resultan inaceptables los altos índices de contaminación por calefacción por leña de la mayoría de las ciudades del sur de Chile. Un reciente estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ha determinado el derecho constitucional al medio ambiente sano como "un derecho fundamental" y abarca cinco elementos principales para abordar constitucionalmente el tema ambiental: (1) La existencia de un derecho al medio ambiente sano; (2) el deber correlativo de las personas y del Estado; (3) el desarrollo sostenible y su compromiso intergeneracional; (4) la consideración de la relación pueblos indígenas-medio ambiente; y, (5) la limitación a otros derechos. Es clave una ecuación equilibrada que incentive la producción limpia, facilite las inversiones que cumplen altos estándares de protección al medio ambiente y el Estado promueva el desarrollo sustentable social y ambientalmente.

3.Seguridad social: La OIT las consigna como las medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos&quot. La Constitución debe consignar un Estado social de derechos que conformen un ecosistema de seguridad social que asegure no sólo atención oportuna y de calidad en salud, sino que también obligue al legislador a diseñar un sistema de pensiones que permita dotar de pensiones adecuadas para enfrentar la vejez de manera digna y suficiente.

4.Derechos laborales: La actual Constitución no reconoce ciertos derechos colectivos que hoy integran nuestro texto por la vía de la incorporación de tratados internacionales, lo que ha complejizado las relaciones colectivas laborales. Es clave consagrar derechos laborales que permitan, por una parte, reconocer el derecho a la sindicalización y, por la otra, que el empleador conozca sus alcances y límites. Creo que se debe resolver el tema de las "huelgas de hecho" en el sector público y concentrar esfuerzos en el sistema de seguridad social.

5.Reforma tributaria: Chile enfrentara un 2022 con una deuda aproximada de U$100.000 millones, una situación de desempleo cercana a los dos dígitos y un alza en la presión social por más derechos. En ese contexto, resulta evidente que se requerirán nuevos recursos. Si bien el alza del precio del cobre abre esperanzas de mayores ingresos fiscales, esta alza puede no ser permanente, por lo que podrían ser necesarios algunos ajustes tributarios. Pero no es recomendable estar haciendo reformas tributarias cada 2 años. Las inversiones requieren estabilidad para poder proyectarse en el tiempo. Sin perjuicio de ello, creo que debe adoptarse un gran acuerdo nacional por la eficiencia en el uso del gasto público. Si se digitalizara el Estado, se establecieran API de interoperabilidad en el sector público, se concentraran ciertas adquisiciones y se racionalizaran las contrataciones y remuneraciones, se podrían reasignar recursos de manera de disminuir las necesidades de recursos adicionales. La reforma al Estado es esencial más allá del gobierno de turno o de la discusión constitucional.

Fuad Chahín exdiputado y presidente de la DC: Pacto Lista por el Apruebo, distrito 22 (Angol, Collipulli, Curacautín, Ercilla, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Melipeuco,
Perquenco, Purén, Renaico, Traiguén, Victoria y Vilcún).

1.Derecho de propiedad: Considero el derecho de propiedad como parte de los derechos fundamentales que debe comprender toda constitución eficaz y democrática. Si se omite, o no se garantiza ni se tutela con acciones expresamente establecidas en ella, probablemente no estaremos frente a una Carta Magna que a su vez garantice la paz y el progreso dentro de la sociedad. De todas formas, la propiedad siempre debe tener un límite que está dado por el bien común y la función social que la caracteriza. Ahora bien, dentro de los aspectos o formas de la propiedad, impulsaremos el derecho a la vivienda.

2.Medioambiente: Postulo a que se incorpore en la Constitución un deber del Estado contra el cambio climático y la protección del medio ambiente y los ecosistemas. Esto debe quedar establecido tal como lo hizo Francia. Postulo una constitución que reconozca el derecho a vivir dentro de un medio ambiente protegido y también libre de contaminación. Las zonas de sacrificio deben ir desapareciendo y ese estímulo debe ser constitucional. Creo firmemente en una economía social y ecológica de mercado, donde el agua sea un derecho fundamental y todo aquel que la necesite pueda acceder a ella.

3.Seguridad social: La Constitución debe considerar un sistema de seguridad social que fomente tanto el ahorro individual como también el componente de solidaridad necesario para obtener pensiones suficientes aquí y ahora. Es preciso que la Carta Fundamental considere como objetivo final el tener pensiones dignas, de tal forma que fomente y garantice el buen funcionamiento de los actores públicos y privados que logren ese resultado final. Lo mismo en el caso de la salud, donde debemos hablar del derecho a la salud. Esta debe ser garantizada constitucionalmente tanto en oportunidad como calidad. Postulamos a un seguro único, digno y acorde con las necesidades, donde el rol de los privados dinamice la respuesta que se debe dar a los ciudadanos.

4.Derechos laborales: La Constitución debe considerar el derecho a la protección del trabajo, a la negociación colectiva y a huelga; derecho a la sindicalización y derecho a la seguridad social. También se debe establecer el derecho a la titularidad sindical, para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y sus familias.

5.Reforma tributaria: Proponemos que la Constitución asegure la autonomía del Banco Central y un sistema tributario que tienda a la progresividad, pudiendo existir tributos de identificación regional o local, según el principio de descentralización fiscal, todo ello en conformidad a la ley; asegurar el derecho a la actividad económica libre, respetando siempre la ley, el orden público y la moral. El Estado debe garantizar la libre competencia y que la ley simple o común defina la actividad empresarial del mismo.

Jorge Arancibia (Indep.), exsenador de la UDI por la zona: Pacto Vamos por Chile, distrito 7 (Concón, Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo).

1.Derecho de propiedad: Si partimos del principio que el Estado está al servicio del ciudadano, su principal esfuerzo debiera concentrarse en apoyar y lograr la máxima capacidad de éste para proyectarse en la vida y, uno de los incentivos naturales del individuo, es esforzarse por construir un futuro para su familia, lo que se vería profundamente afectado si el derecho que tiene sobre los bienes que ha obtenido con su esfuerzo le fueran expropiados.

2. Medioambiente: El medio ambiente es algo de lo que la especie humana ha ido tomando consciencia a lo largo de muchos años y, el descuido del mismo, nos está haciendo padecer los efectos indiscutidos del cambio climático, por lo que un sentido básico de responsabilidad para con nuestros descendientes debiera mostrarse en un mayor y mejor cuidado del medioambiente. Pero esto, debiera ir acompañado de un sistema efectivo y eficiente de control y resguardo, y no por parte de un Estado burocrático que complica el desarrollo al extremo.

3. Seguridad social: Los fondos de pensiones se deberían ir conformando por un descuento del 15% de las remuneraciones, más el 9% del IVA que paga la ciudadanía en todas sus adquisiciones, lo que atenuará este impuesto regresivo, terminará con las lagunas previsionales o la falta de imposiciones de determinadas actividades individuales y el consumo de las personas permitirá establecer la cuantía de los impuestos según nivel socio económico. (Todo lo cual es posible con las actuales capacidades de la inteligencia artificial). El sistema de salud, constituye otro elemento fundamental para entregar una adecuada respuesta a los requerimientos de la ciudadanía que espera una respuesta oportuna y de calidad en los establecimientos de salud, ya sean públicos o privados. El sistema público de salud debe obtener las capacidades para funcionar con similar efectividad que la salud privada, para lo que deberá contar con los profesionales necesarios en cantidad y calidad, siendo considerada la inmigración selectiva de profesionales, que hagan operar las 24 horas las instalaciones hospitalarias.

4. Derechos laborales: Dada la amplia gama de actividades laborales, la propuesta de derechos laborales debiera considerar a aquellas personas que trabajan para un tercero con un criterio de permanencia, lo que debiera quedar establecido en el correspondiente contrato de trabajo que fija la modalidad de la relación laboral y la remuneración, a lo que habría que se garantizar la eventual asociación sindical, el fiel cumplimiento de las imposiciones patronales, el seguro por accidentes en el trabajo, que considera lo que pudiera ocurrir en el desplazamiento y, las indemnizaciones por cese de funciones cuando correspondiera.

5. Reforma tributaria: Este es un recurso aplicado, desde siempre, donde, a medida que la sociedad se enriquece, pareciera como algo natural que aquellos que poseen bienes financieros y materiales sobre la media, aporten más al desarrollo de la comunidad. Pero, esta actitud solidaria, debiera resguardar el esfuerzo de inversión de las personas con mayores recursos; porque, será la inversión que realicen los que más tienen, la real fuente de enriquecimiento y satisfacción de las personas.