El pleno de la Convención aprobó gran parte del acuerdo alcanzado por la comisión de Sistema Político sobre un nuevo modelo de gobierno que establece un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico que considera un Poder Legislativo con un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones.
El texto, que pone término al Senado, contó con apoyo desde el PC, Frente Amplio, Colectivo Socialista, Movimientos Sociales e INN. Desde la derecha lamentaron la nueva estructura del gobierno y Poder Ejecutivo señalando que se consolida la concentración del poder sin contrapesos en un congreso unicameral.
Algunos de los cambios que ya pasaron al borrador de nueva Constitución y que enfrentaban su última oportunidad frente al pleno son el establecimiento de una “Democracia paritaria” donde “todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el 50% de sus integrantes sean mujeres”.
Respecto del Poder Legislativo se consagró que “se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones” y que el Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución, estará integrado por un número no inferior a 155 miembros electos en votación directa por distritos electorales.
Como atribuciones exclusivas del Congreso se fijan fiscalizar los actos del Gobierno, declarar, cuando la Presidenta o Presidente presente la renuncia a su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla; y otorgar su acuerdo para que la Presidenta o Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días.
Los miembros de la Cámara de las Regiones se elegirán en votación popular conjuntamente con las autoridades comunales y regionales, tres años después de la elección presidencial y del Congreso. Se precisa que la Cámara de las Regiones no podrá fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él dependan.
Es atribución exclusiva del Congreso declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus integrantes formulen en contra del Presidente, ministros, jueces o el contralor general.
Es atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones conocer de las acusaciones que el Congreso de Diputadas. Para ser elegida diputada, diputado o representante regional se requiere ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido 18 años de edad al día de la elección y tener avecindamiento en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, en el caso de las diputadas o diputados, y de cuatro años en el caso de las y los representantes regionales, contados hacia atrás desde el día de la elección.
También se aprobó que “sólo en virtud de una ley se puede “crear, modificar y suprimir tributos de cualquier clase o naturaleza y los beneficios tributarios aplicables a éstos, determinar su progresión, exenciones y proporcionalidad, sin perjuicio de las excepciones que establezca esta Constitución”.
Se podrá autorizar la contratación de empréstitos y otras operaciones que puedan comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y municipalidades, sin perjuicio de lo consagrado respecto de las entidades territoriales y de lo establecido en la letra siguiente. Esta disposición no se aplicará al Banco Central.
Leyes presidenciales y regionales
Se aprobó que “las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su origen en un mensaje presidencial o en una moción parlamentaria”. Son leyes de concurrencia presidencial necesaria las que irroguen directamente gastos al Estado; presupuestaria del Estado; las que impongan, supriman, y reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o naturaleza.
Se precisa que las leyes de concurrencia presidencial necesaria sólo podrán ser aprobadas si la Presidente de la República entrega su patrocinio durante la tramitación del proyecto.
También logró un respaldo clave las leyes que requieren acuerdo de la Cámara de las Regiones -que reemplaza al Senado- alcanzando 111 votos a favor, contando incluso con apoyo de convencionales de Vamos por Chile como Cristián Monckeberg (RN), Hernán Larraín Matte (Evopoli) y también del DC Fuad Chahin.
Se consagra de esta forma el acuerdo de centroizquierda que señala “sólo son leyes de acuerdo regional las que reformen la Constitución; las que regulen la organización, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas de Justicia, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales; las que creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y determinen su progresión y proporcionalidad; las que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda, y la de presupuestos” entre otras.
Reacciones encontradas
Para la convencional Marcela Cubillos (UDI) “se aprueba un acuerdo de izquierda con la aprobación de un mal sistema político para Chile que concentra el poder político en este congreso unicameral plurinacional que no tiene los adecuados contrapesos y que avanza en esta equivocada eliminación del Senado, una institución que ha sido clave en la historia democrática de Chile”.
También fue crítico del resultado el convencional Fuad Chahín (DC) al sostener que “se crea un sistema político que es débil, que no resuelve los problemas del actual, de generar mecanismos de mayor colaboración y que tiene un Congreso de Diputados que va a tener un poder extralimitado. Me parece que no sirvió de nada escuchar a muchos expertos”.
En tanto el convencional Ricardo Montero (PS) señaló que “el corazón de la propuesta de sistema político que presentamos hoy al pleno busca equilibrar de mejor forma el poder y consolidar el Estado Social y Regional que, como Convención, estamos proponiendo para el futuro de nuestro país”.
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