Convención Constitucional en recta final: el pleno vota este sábado el último informe de la Comisión de Medio Ambiente

En plena recta final para que la Convención Constituyente entregue la propuesta final de la nueva Constitución, este sábado, a partir de las 10:00, el Pleno votará el último informe de segunda propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

Esto, tras la votación el pasado 7 de mayo del informe de los bloques de Bienes Naturales Comunes, Modelo Económico y Derecho Humano a un Medio Ambiente sano, donde los 17 artículos que se rechazaron recibirán hoy una nueva oportunidad de ser incluidos en el borrador del texto constitucional.

Entre las normas que se debatirán hoy, se encuentran los temas de minería; estatuto constitucional de las aguas, marítimo, de glaciares, criósfera, atmósfera, aire y cielos; modelo económico; y derechos humanos ambientales.

Las normas que durante esta jornada alcancen el quórum de 2/3 -103 votos-, se sumarían a las 29 que ya recibieron el visto bueno para pasar al borrador de la nueva Carta Magna de esta Comisión.

Normas sobre minería

Una de las normas más polémicas de la Comisión era el artículo 27°, rechazado por el Pleno, que señalaba que “el Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras. En el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado”.

En su lugar, la Comisión aprobó una indicación que reemplaza este artículo, que define que las actividades mineras, como la exploración, explotación o aprovechamiento, deberán ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley, mientras que sus beneficiarios estarían obligados a realizar las actividades respectivas.

Agrega que “los títulos otorgados bajo la vigencia de esta Constitución lo serán de forma temporal y sujetarán las actividades a las que se refieran a condiciones y causales de caducidad y revocación debidamente especificadas”.

La norma señala que estos títulos serán entregados mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, por un órgano autónomo creado por ley.

“Sobre ellos no habrá́ propiedad, pero darán a sus beneficiarios los derechos y obligaciones que establezca la ley y el respectivo título”, añade el artículo.

Sin embargo, a través de indicaciones de las constituyentes Ivanna Olivares y María Rivera, aún está la posibilidad de que se apruebe la nacionalización de la minería.

Asimismo, hoy se votará una indicación para sustituir el artículo 24° sobre zonas de exclusión de actividad minera, por el siguiente: “Quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare”, ya que el original añadía también las “zonas de origen de cuencas hidrográficas”.

Sistema económico y política fiscal

En el bloque de Modelo Económico, la Comisión reemplazó el artículo 38°, sobre gasto público, por el siguiente: “El gasto público se orientará a asegurar la satisfacción de los derechos consagrados en esta Constitución, y al correcto funcionamiento de los organismos públicos que la Constitución y las leyes establecen”.

El artículo original, añadía además que “El gasto público deberá basarse en los principios de legalidad, responsabilidad fiscal, progresividad y no regresividad de los derechos sociales, transparencia, participación, y control”.

En tanto, fue aprobada la indicación para sustituir el artículo 40° sobre derechos de consumidores. En su lugar, la nueva norma indica que “El Estado deberá regular los procedimientos eficaces para la adecuada defensa y reparación de los derechos de los consumidores reconocidos por la ley”.

Consejo de Cuencas

Dentro del Estatuto Constitucional de Aguas, la única norma que fue rechazada la semana pasada por el pleno fue el artículo 5°, con respecto a la creación de un Consejo de Cuencas. Sobre aquello, la Comisión propuso el reemplazo de la norma por la siguiente: “El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad a la ley”.