Bruno Baranda, candidato al Consejo Constituyente por RN: "La Constitución no puede transformarse en un catálogo de políticas maximalistas"

Abogado de profesión y con domicilio político en Renovación Nacional, Bruno Baranda (59) es parte de la treintenta de candidatos ligados a la colectividad que postulan al Consejo Constituyente, la instancia que tendrá una nueva oportunidad para redactar una carta fundamental para proponer al país.

Y sus énfasis los tiene claros. “El emprendimiento, el desarrollo social y económico, donde haya igualdad de derechos y obligaciones en el que podamos convivir”, señala quien fuera concejal de la comuna de Santiago durante 2008 y 2010 y luego -de renunciar- saltara a la esfera gubernamental para asumir la subsecretaría del Trabajo en la administración del Presidente Sebastián Piñera hasta 2013 y, con posterioridad, la titularidad del Ministerio de Desarrollo Social durante los últimos meses de gobierno.

“Debemos asumir la responsabilidad histórica, y bien extraordinaria, mirándola como una nueva oportunidad de no vivir un proceso fallido como el anterior, sino como la construcción de una propuesta constitucional que satisfaga a los 2/3 de esa población”.

Cuatro años más tarde, el también hermano de Benito Baranda y una de las principales cartas de Chile Vamos en la Región Metropolitana, se convirtió en presidente del directorio de TVN hasta diciembre de 2019.

- Hablando del rol de los privados y el Estado, ¿cómo cree usted que la nueva Constitución pueda establecer bases?

- A nivel constitucional, el rol del Estado debe apuntar a promover, velar, y contribuir activamente a la búsqueda del bien común y a la generación de oportunidades, para que las personas puedan participar y desenvolverse, respetando siempre el impulso privado, sin sustituirlo ni vedarlo desde la Constitución, en áreas de desarrollo, emprendimiento, e iniciativa, siempre resguardándolo y fiscalizándolo debidamente.

Por otra parte, la Constitución no puede transformarse en un catálogo de políticas públicas maximalistas de preferencia ideológica de quienes estamos llamados a redactarla, sino que en un marco para que los órganos del Estado funcionen balanceados y desde los principios. Entre ellos, respecto del ámbito económico, que se reconozca la libertad, el derecho de propiedad, y se generen las instituciones, los incentivos y la promoción suficiente para que haya un desarrollo humano y un progreso material.

- ¿De qué manera la nueva carta magna podría influir en la autonomía del Banco Central y la Contraloría?

- A mi juicio, la Constitución debiera contemplar la autonomía de ciertos órganos. Entre ellos, el Banco Central, que ha jugado un rol muy fundamental en la estabilidad y el desarrollo del país. Enseguida, la Contraloría General de la República, y muchos otros órganos.

La discusión respecto de la Fiscalía, por ejemplo, o respecto a la defensoría pública, hay muchas instituciones que en Chile debieran tener una naturaleza particular, que les permita ser autónomos de la contingencia y de los dogmatismos políticos.

- ¿Usted espera ver una Fiscalía Nacional autónoma?

- Yo propongo una mayor autonomía en la Fiscalía, por de pronto, el proceso de designación del Fiscal Nacional tiene su origen en una discusión y aprensiones políticas.

- Usted menciona que uno de los temas prioritarios es la seguridad. ¿De qué forma cree que la Constitución debería contribuir en dicho ámbito?

- Tiene que ser una Constitución de las libertades, que promueva el emprendimiento, de las certezas y la seguridad, y lo digo en un sentido amplio cuando me refiero a estos conceptos.

Respecto de la seguridad, comprende obviamente la seguridad pública, la reacción frente a los actos de violencia, la no tolerancia a la impunidad, pero también comprendo, en este concepto general de seguridad, las seguridades sociales. El Estado debe cumplir un rol importante de la mano con los privados para promover oportunidades y un desarrollo sustentable que considere aquellos más vulnerables.

- ¿Qué opina del proceso anterior?

- Sinceramente, creo que fue una oportunidad perdida. Ahora bien, lo que más rescato yo de ese proceso, paradojalmente, es el resultado del plebiscito de salida. A mi juicio, el 62%, casi los 2/3 de los ciudadanos que votaron, rechazaron la propuesta de Constitución y eso es un cimiento extraordinario, es un dato muy relevante para volver a discutir un proyecto de Constitución.

Cualquiera sea la motivación y el origen del voto, fue un voto de rechazo a la propuesta del Gobierno y de una izquierda extrema. En consecuencia, nosotros debemos asumir la responsabilidad histórica, y bien extraordinaria, mirándola como una nueva oportunidad de no vivir un proceso fallido como el anterior, sino como  la construcción de una propuesta constitucional que satisfaga a los 2/3 de esa población.

- ¿Cuál es su visión respecto a la configuración y legitimidad de este nuevo proceso?

- A mí me parece que es un proceso legítimo y bien estructurado, podrá discutirse si se pudo haber agregado algún elemento o cambiado alguna característica, sin embargo, está bien desarrollado a mi juicio.

En primer lugar, la legitimidad de origen, que son los 2/3 del rechazo de septiembre pasado; en segundo lugar, es legítimo también porque el procedimiento, las características y el marco normativo surgen y nacen de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas del país; y, en tercer lugar, de normas legales dictadas obviamente por legisladores electos popularmente. Y creo que esta estructura de los observadores y expertos va a permitir y tolerar una discusión racional.