El 2024 fue un año extremadamente movido para la industria energética. Partió por parte del Gobierno con el objetivo de sacar la ley de transición energética, pero se fueron colando otros temas que se tomaron la agenda: los cortes de luz de mayo y agosto, las alzas de las cuentas de luz tras el proceso de puesta en marcha del proceso de estabilización tarifaria y la disputa con los PMGD.
Hoy de cara a los últimos 15 meses que quedan de Gobierno, las prioridades trazadas por el ministro de Energía, Diego Pardow cuando asumió el cargo a fines de 2022, se siguen manteniendo. “Cuando asumí, el diagnóstico era que teníamos un mercado desordenado, porque la manera en que estaba funcionando arriesgaba tanto el cumplimiento de los objetivos sociales y políticos, como la estructura financiera de muchos de los participantes”, indicó en entrevista con Señal DF.
Pardow explicó que se fijaron tres prioridades: el hidrógeno verde, el recambio tecnológico para facilitar los sistemas de almacenamiento y recuperar obras de transmisión. Eso fue el corazón de la agenda del segundo tiempo, ya que tenían que hacerse cargo de proveer al sistema con capacidad para seguir incorporando tecnologías de generación variable y así seguir caminando hacia un sistema 100% limpio.
"Nuestra expectativa es que para el momento en que Kimal-lo Aguirre entre en la fase de permisos sectoriales, todo o al menos una parte importante de la nueva ley que está en tramitación ya esté en vigor y, por lo tanto, podamos utilizar esas herramientas para tratar de acortar los plazos".
Pero también la prioridad estuvo en los decretos tarifarios. Señala que cuando asumió estaban todos atrasados y con un PEC 2 que no iba a funcionar. “Por tanto, la reorientación fue sacar todos los procesos tarifarios atrasados (en generación, transmisión y distribución) incluyendo en un espacio de seis meses los tres procesos tarifarios asociados al descongelamiento de los precios de la energía”.
Ahora, en 2025, la prioridad será darle continuidad al subsidio tarifario e implementar las otras medidas que acompañarán el proceso de estabilización en esta segunda etapa, que incluye todo el 25, el 26 y el 27.
- ¿Se podrá implementar la ley de Transición a tiempo?
- El calendario de implementación de la Ley de Transición es muy estrecho. Estamos corriendo contra el tiempo para recuperar obras de transmisión que son muy importantes, para que durante este año se empiece a construir la línea Charrúa-Chillán.
También ya llevamos dos convocatorias exitosas del subsidio eléctrico, pero tenemos que terminar de cimentar esa política que va a seguir hasta el 2027.
- Dentro de los esfuerzos del 2025, ¿qué pasará con el almacenamiento?
- Nosotros nos pusimos como meta que el 2026 estuvieran operando 2 gigas de almacenamiento. Lo que vamos a hacer, es tratar de adelantar un año la entrada en operación de estos sistemas de baterías, lo cual tiene muchas ventajas a nivel de mercado mayorista porque disminuyen los vertimientos, se acorta la brecha de diferenciales de precio entre el día y la noche, con lo cual el precio promedio disminuye. Tiene un montón de ventajas, además de que se trata de inversiones nuevas.
¿Precios más bajos?
-¿Qué se puede hacer para bajar los precios de la electricidad?
-Obviamente uno estabiliza para después generar el espacio que te permita implementar las políticas que lleven a disminuir los precios. Si no hubiéramos congelado las tarifas en 2019, hoy día obviamente tendríamos más bien disminuciones de precios.
Por ejemplo, en este proceso tarifario están disminuyendo un 3% para el grupo 2 y el grupo 3. Eso ocurre porque empiezan a salir contratos fósiles y empiezan a ingresar contratos asociados a tecnologías limpias. El problema es que parte importante de ese efecto se lo come el congelamiento, porque se produjo con un dólar a $600 y el descongelamiento se hace con un dólar a $1.000. Esa diferencia cambiaria como la tienes que absorber de una sola vez, se lleva gran parte de la reducción en dólares que generan los nuevos contratos.
Si somos capaces de mantener la casa ordenada y seguir con el calendario que está en la Ley de Estabilización, a partir del año 2028 los precios deberían bajar automáticamente, porque el cargo para saldar la deuda con los generadores disminuye en más de la mitad. Pasan de US$ 22 el kilowatt hora a US$ 9.
De aquí al 2028 varios contratos asociados a tecnología fósil serán reemplazados por contratos de tecnología limpia y barata. En la medida que mantengamos el calendario y una macroeconomía ordenada y mientras las diferencias en el tipo de cambio no sean tan grandes como las que hemos visto en los últimos cinco años, las tarifas bajarán.
-Independiente de esto, hay quienes estiman que es urgente revisar el modelo marginalista de tarificación.
-Obviamente hay cosas que se pueden mejorar, pero todos esos cambios estructurales, que van a tomar mucho tiempo, hay que hacerlos respetando la trayectoria que tiene el proceso de estabilización. Tratar de tomar atajos en esta materia es una mala idea, ya que lo que muestra la experiencia reciente es que siempre es mucho más fácil congelar que descongelar tarifas. Siempre es más fácil tratar de anticipar los beneficios que generar las políticas para que esos beneficios se sostengan en el tiempo.
- Ante eso, ¿no se va a producir una revisión en el modelo?
- Nosotros hemos hecho el trabajo preparatorio. El Coordinador Eléctrico Nacional presentó un estudio el año pasado también, sobre cómo podría transitar nuestro sistema a un mercado de oferta en vez de un mercado basado en la auditoría física de costos marginales. Pero todos esos son procesos que toman mucho tiempo, igual como cambiar el modelo de distribución. Esa es una discusión que vamos a abrir, vamos a empezar, pero no es razonable pensar que se puede implementar una reforma de esas características antes de que termine este Gobierno.
Los efectos de los cortes
- Los cortes de energía de mayo y agosto se tomaron la agenda el año 2024. ¿Qué pasará con los procesos sancionatorios?
- Los procesos sancionatorios que empezaron el año pasado y que concluirán los primeros meses de este año, esperamos que terminen adecuadamente, con una señal que muestre a los ciudadanos que nuestras instituciones los protegen.
- ¿Qué pasará con el proceso de Enel, que es más complejo porque está en juego su concesión? ¿Ese tema quedará zanjado en este Gobierno?
-Puede ser que sí o puede ser que no. Lo que sí debería ocurrir a fines de este mes es que termine la auditoría independiente que está llevando a cabo la Universidad de Santiago y que fue mandatada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
La Superintendencia también está haciendo un informe que considera el desempeño anual durante el año calendario completo de la compañía. Hay que esperar el resultado de ambos antes de hacer cualquier análisis o evaluación. Este es un proceso administrativo formal y reglado, por lo tanto, no hay que anticipar escenarios, porque lo que muestra la experiencia es que cada uno de los pasos que hemos dado, han sido litigados por la compañía y los argumentos que utiliza son precisamente que el regulador ya adoptó una decisión, por lo tanto, yo no puedo pronunciarme, porque eso facilitaría la impugnación posterior de cualquier decisión que se adopte.
Energías renovables
- Uno de los objetivos que perseguía la Ley de Transición era dar estabilidad a las compañías renovables con los contratos regulados más baratos. Sin embargo, ese objetivo no estaba contenido en la ley aprobada.
- La Ley de Transición tenía los ingresos tarifarios que durante la tramitación en el Senado se votó en contra. En todo caso, era algo que nunca se iba a materializar en 2024 ni el 2025, simplemente por la hidrología que se ha acumulado durante el 23 y el 24. Durante el próximo año nosotros seguimos disponibles a retomar esa agenda, en cualquiera de los proyectos de ley que existen o en nuevos proyectos de ley, ya sea en la versión que alcanzamos a discutir durante la Ley de Transición, como en otras formas de lo que se conoce como derechos financieros de transmisión, que es algo que está en nuestro plan de descarbonización. Es una herramienta regulatoria que obviamente podemos retomar su discusión en cuanto se abre una ventana para hacerlo.
- Pero las empresas señalan que siguen en un mal pie financiero.
- Si uno lo compara con el 2021 o el 2022, están en una mejor situación porque tanto el 23 como el 24 la hidrología hizo que hubiera menos desacoples. También la cantidad de proyectos solares que se incorporaron a la red en la zona sur de nuestro país tendieron a que el sistema funcionara acoplado.
También uno observa que los sistemas de almacenamiento se harán cargo de una parte de los problemas de vertimientos y van a acortar el diferencial de precio entre el día y la noche y todo eso, obviamente no resuelve el problema en su conjunto, pero sí te permite ir aliviando.
Los proyectos de transmisión
- La pregunta que todo el mundo se hace es si la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre podrán cumplir con los plazos de 2029, considerando que la empresa señaló hace poco que necesitan más de 5 mil permisos sectoriales.
- Es importante recordar que hace dos años, a fines del 2022, supuestamente se iba a atrasar el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental, su admisibilidad, el diálogo comunitario. Los plazos los hemos ido cumpliendo más o menos en tiempo y forma. En los últimos dos años y medio se ha avanzado significativamente en el calendario y, a su vez, los nudos más problemáticos que se han ido presentando en Pudahuel, en el Valle del Elqui, se han ido resolviendo con diálogo. Y no es un optimismo ingenuo que tenemos como ministerio, es un optimismo basado en lo que ha ocurrido en los últimos dos años.
- Pero faltan los permisos sectoriales.
- Efectivamente, el tema de permisos sectoriales va a ser un desafío significativo. Nuestra expectativa es que para el momento en que Kimal-Lo Aguirre entre en la fase de permisos sectoriales, todo o al menos una parte importante de la nueva Ley que está en tramitación ya esté en vigor y, por lo tanto, podamos utilizar esas herramientas para tratar de acortar los plazos.
- ¿Cuándo licitaran la línea Entre Ríos-Lo Aguirre?
- Esta es una línea nueva, que surge del plan de expansión de la Comisión Nacional de Energía en su informe técnico preliminar. Es importante que por los tiempos que toman estos proyectos, ojalá podamos anticipar esta discusión.
Nosotros tenemos el calendario que está implícito en el informe de la CNE. Esta es una obra que está pensada para el 2034 o después. O sea, como muy temprano en diez años más. Parte de la enseñanza que nos deja Kimal-Lo Aguirre es tomar la decisión sobre una obra de esta magnitud lo antes posible.
Estamos convencidos de que es una obra necesaria cuya rentabilidad social justifica su construcción, entendiendo, claro, que una obra de transmisión se paga en la boleta, la pagan todos los consumidores. Por lo tanto, es natural que todos tengan derecho a objetar esa decisión, a revisarla. Pero es una discusión que hay que hacerla lo más rápido posible para evitar las demoras que ocurrieron en Kimal-Lo Aguirre.
- ¿Para el Gobierno, entonces, sería positivo licitarla antes de que termine su mandato?
- Ojalá. Eso depende de lo que ocurra con este plan de expansión presentado por la CNE.
- ¿Dentro de las conversaciones que se darán, está previsto analizar que los estudios de franja se hagan antes de la licitación y no después como se hizo con Kimal-Lo Aguirre?
- Esa es una decisión que hay que tomar. Una vez que la obra ya esté firme en el plan de expansión definitivo. No tiene sentido anticipar esas decisiones, lo único que va a hacer es que nos centremos en una discusión que no es productiva en este momento de la conversación.
- ¿Cuándo estará el plan de expansión 100% definido?
- Ahora estamos en observaciones. Con esas observaciones se hace el informe definitivo, después tomaremos la decisión sobre si se hace con o sin estudio de franjas.
- Pero eso se alcanza a hacer antes que termine el Gobierno. ¿Ustedes tienen previsto tener cerrado el plan definitivo?
- Un estudio de franja toma al menos dos años.
- Entonces no va a poder ser antes de la licitación.
- Tomaremos la decisión sobre cómo la implementamos de la manera más rápida y ágil posible, pero primero se debe tomar la decisión sobre si es o no necesaria.
Inversiones crecieron
- Dado que 2025 es el último año de gobierno completo, ¿cómo le gustaría entregar este ministerio a la próxima administración?
- Lo que nosotros quisiéramos entregar es lo que nos planteamos hace un par de años, que es dejar la casa ordenada. Al fin de este año esperamos ya tenerla así.
Yo sé que quizás no es la meta más cuñera que uno puede tener, pero la naturaleza del problema que teníamos dos años atrás exige tomarse con mucha rigurosidad todos estos calendarios de implementación y entender que tanto el plan de segundo tiempo en materia de mercado mayorista, como la estabilización en el mercado minorista y el plan de acción en materia de hidrógeno verde, nos van a consumir los tres años de administración. Y creo que no es poco, es suficientemente ambicioso, atendida la naturaleza de las dificultades que existían con eso.
- ¿Y cuál es la hoja de ruta que dejará este Gobierno a la próxima administración?
- Además de un mercado mayorista ordenado, la incorporación masiva de una tecnología de almacenamiento y ojalá con inicios de proyectos de almacenamiento de larga duración y la incorporación de batería. Y, por supuesto, con perspectivas positivas de inversión a nivel de industria.
- ¿Ya tienen cuantificado cuánta es la inversión que se ha hecho en el sector hasta ahora?
- Entre 2022 y 2024, solo considerando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los proyectos a probados y en evaluación, pasamos de US$ 7 mil millones el 2022 a US$ 15 mil millones en 2023 y a US$ 42 mil millones en el último año. De esos US$ 42 mil millones, cerca de la mitad son los dos grandes proyectos de hidrógeno.
Pero incluso si se quitan esos grandes proyectos que son, por así decirlo, valores atípicos en el sistema, hemos ido siempre aumentando el volumen de inversión. Eso muestran al final que los fundamentales de nuestro país son muy buenos, tanto a nivel de recursos naturales para la producción de energías limpias, como nuestros aspectos institucionales.
A veces al calor de la discusión legislativa, especialmente algunos gremios, tienden a olvidar eso y hacer análisis un poco alarmistas sobre que las inversiones se habrían congelado. Estas cifras muestran que no es así, y que tenemos una democracia saludable donde las discusiones se adoptan de frente sobre la base de evidencia, y que eso es algo que valoran los inversionistas más allá que podemos tener diferencias legítimas.
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