Aprobada la ley de libre competencia, el Ministerio de Economía buscará sacar adelante la ley que modifica el Sernac, proyecto ingresado hace casi dos años y que ahora inicia su revisión en la Comisión de Constitución del Senado. La demora en la tramitación de este proyecto no resulta sorprendente, puesto que ha enfrentado numerosos y legítimos cuestionamientos, dadas las amplias atribuciones que se le otorgarían a este organismo, sin los contrapesos necesarios.
En particular, el Sernac concentraría facultades fiscalizadoras, sancionatorias y normativas, a lo que suman atribuciones para mediar conflictos e iniciar demandas colectivas a nombre de los consumidores. Frente a esta criticada concentración de atribuciones, el Ejecutivo ha intentado tomar algunos resguardos, como establecer murallas chinas y crear un Consejo con facultades normativas y de interpretación. Lo anterior es un avance, pero ciertamente sigue siendo insuficiente para lograr los objetivos buscados.
Otro aspecto aún no resuelto dice relación con el rol del Sernac en materia de mediación, puesto que sería este organismo el llamado a resolver el conflicto entre las partes, teniendo al mismo tiempo la obligación de velar por los derechos de una de ellas (consumidores) y la facultad de perseguir y sancionar a la otra (empresas). Persiste, por tanto, la comprensible preocupación de que el organismo actuará en condición de juez y parte.
Lo anterior parece indicar que se requiere un análisis más profundo del proyecto antes de pensar en su despacho, a fin de lograr mayores consensos y asegurar los equilibrios necesarios para un buen funcionamiento institucional.