¿Más o menos incertidumbre?

Luis Felipe Lagos

La del título es la pregunta que nos hacemos después del resultado de las elecciones del 7 de mayo.

En primer término, cabe destacar la importancia del voto obligatorio, que fortalece nuestra democracia. En segundo lugar, el resultado, prácticamente idéntico al del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, entrega un claro mensaje respecto del tipo de Constitución que una mayoría anhela, aparte de reflejar un rechazo a la conducción del Gobierno.

El gran desafío es si la abrumadora mayoría de la derecha en el Consejo Constitucional podrá diseñar una propuesta de Constitución que sea aprobada en diciembre próximo, al menos por el 62% que rechazó el primer proyecto, eliminando, o al menos aplacando, la incertidumbre generada por la discusión constitucional de los últimos años.

“El resultado categórico en la elección de Consejeros permite reducir la incertidumbre respecto de las reformas que impulsa el gobierno, en el sentido de que no serán aprobados los proyectos radicales de reforma tributaria, pensiones y salud (ley corta) que conocemos”.

La nueva propuesta, a diferencia de la anterior de carácter refundacional y estatista, con rasgos autoritarios, que ponía en riesgo la institucionalidad democrática, debe ser una Constitución de la libertad, que compatibilice el concepto de Estado social y democrático de derecho con el rol subsidiario del Estado; que permita la provisión tanto pública como privada de estos derechos en un marco de estabilidad fiscal; que reforme el sistema político y electoral para dar gobernabilidad; fortalezca el Estado de derecho, asegurando los derechos de propiedad. En fin, una Constitución que no impida recuperar una trayectoria de progreso.

La reafirmación de un resultado categórico en la elección de Consejeros también permite reducir la incertidumbre respecto de las reformas que impulsa el gobierno, en el sentido de que no serán aprobados los proyectos radicales de reforma tributaria, pensiones y salud (ley corta) que conocemos.

En efecto, en lo que respecta a la reforma tributaria se debieran desechar los impuestos al patrimonio y a las utilidades retenidas que castigan el ahorro e inversión, y diseñar un esquema integrado que efectivamente no desaliente estas actividades, como de hecho lo hacía el proyecto del gobierno, aunque afirmara lo contrario. En esta línea, una nueva propuesta debiera partir por aclarar y cuantificar el monto de recursos susceptibles de reasignar debido a programas mal evaluados; reducir la tasa de impuesto corporativa, eliminar los regímenes especiales, como la renta presunta, e implementar mecanismos de depreciación instantánea permanentes para hacer más competitivo nuestro sistema tributario; diseñar impuestos a bienes y actividades para corregir externalidades y establecer un mecanismo de impuesto negativo al ingreso para promover la formalidad.

En síntesis, una reforma tributaria pro crecimiento,

En cuanto a pensiones, el monopolio estatal administrando cuentas sería desechado, y se garantizaría efectivamente la libre elección entre un inversor privado y uno público. Asimismo, no puede desecharse el conocimiento que tienen las actuales administradoras, pero se debiera introducir más competencia. Una opción es la licitación parcial (voluntaria) de afiliados. El aumento gradual de la cotización iría a las cuentas individuales y debiera fiscalizarse activamente su pago. El incremento en la PGU permitiría tasas de reemplazo en torno a 70% para la clase media y mayores para los más vulnerables.

Con todo, es posible reducir la incertidumbre si, y solo si, la derecha y centroderecha se unen para concordar una propuesta constitucional con la centroizquierda. Seguramente, la izquierda, que abrazó el proyecto refundacional ampliamente rechazado, no apoyará este acuerdo.