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Alto contrasteLobby y los vasos comunicantes entre los grupos de poder y autoridades
En Chile Transparente fuimos convocados en julio del año pasado por el ministro Cristián Larroulet junto a Libertad y Desarrollo y el Centro de Estudios Democracia y Comunidad...
En Chile Transparente fuimos convocados en julio del año pasado por el ministro Cristián Larroulet junto a Libertad y Desarrollo y el Centro de Estudios Democracia y Comunidad, a una reunión para discutir las bases de un nuevo proyecto de ley sobre lobby. Este tema también fue ampliamente tratado en un extraordinario seminario sobre Transparencia en el Congreso y los Partidos Políticos que organizó la bancada pro Transparencia del Congreso presidida por el senador Hernán Larraín y el diputado Jorge Burgos en enero de este año y en el cual Chile Transparente tuvo un rol activo aportando expertos de más de cinco países. Por otra parte, hace algunas semanas el ministro de Salud hizo pública su inquietud respecto de supuestas actividades de lobby de empresas tabacaleras.
Cada vez existe mayor consenso social sobre la necesidad de avanzar en una agenda de transparencia tanto en el sector público como en el privado. Pero también se ha ido socializando la necesidad de transparencia en otras organizaciones de la sociedad civil que representan distintos grupos de interés. Quizás, entonces, es el momento de dar un paso adicional profundizando la discusión sobre cómo transparentar los diversos vasos comunicantes entre los grupos de interés y las autoridades. Esos vasos comunicantes, además del lobby, incluyen el financiamiento de partidos y campañas políticas. Son parte de un todo.
La actividad del lobby es parte de la esencia de un sistema democrático moderno en el cual todos tenemos igual derecho a hacer ver nuestra posición a las autoridades públicas frente a diversos temas. El lobby bien regulado no debe tener una connotación negativa, por el contrario, es un beneficio para la sociedad que haya discusión abierta y que grupos defiendan sus propios intereses en forma pública. No debiera discriminarse entre lobbystas activos según si reciben o no remuneración. Instituciones relacionadas a credos religiosos, sindicatos, equipos deportivos, grupos económicos, gremios empresariales, asociaciones de universidades, ONG, centros de estudios, entre muchos otros, pueden no cobrar por una gestión de lobby en forma explícita, sin embargo representan posiciones que no necesariamente son de consenso unánime en la sociedad y son financiados directa o indirectamente por grupos sociales afines a sus predicamentos e intereses.
Fundamental es que los criterios definidos por los distintos poderes del estado en la creación de registros de lobbystas, así como la forma en que las autoridades que son sujetos pasivos de lobby registren sus agendas o cualquier otras instancias de interacción con grupos de interés, sean reguladas por una institución única de manera que los criterios utilizados sean homologables y ojalá ubicados en una misma página web. De esta forma, se evitan situaciones como la ley de acceso a la información pública, en la cual el Consejo Para la Transparencia no tiene potestad sobre los poderes legislativo y judicial generándose criterios diversos, no comparables y poco digeribles para el ciudadano común. La información está en la web pero pocos son capaces de acceder a ella y menos sacar conclusiones. Las sanciones no pueden ser determinadas por los mismos poderes ni entes regulados o sujetos pasivos del lobby, ya que se presta para defensas corporativas o negociaciones que tienden a neutralizar sus efectos.
Necesitamos normar las actividades de lobby precisamente para legitimar su validez democrática. La falta de transparencia en las relaciones entre los grupos de interés y las autoridades permite que algunos grupos puedan usar sus influencias, contactos o capacidad de convocatoria para generar tráfico de influencias, que puede tomar diversas formas, como financiamiento directo e indirecto a partidos y campañas políticas, viajes financiados por instituciones con intereses creados, regalos, presión de grupos de poder, contratación o asesorías de ex autoridades a instituciones con intereses en áreas que estuvieron en el ámbito de su responsabilidad en un periodo breve después de dejar el cargo (puerta giratoria), filantropía y colusión directa entre otras.
Las autoridades políticas son las que deben generar los consensos necesarios para lograr una ley efectiva. Finalmente se trata de igualar la cancha entre los distintos grupos de interés independiente de su poder económico o de presión.
