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Ley Anti-colusión para emprendedores

Alan Farcas Director de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH)

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Mientras el "caso farmacias" ha ocupado buena parte de la pauta económica y política en los medios, poco se habla de la nueva ley que se tramita en el Congreso. Desde el mundo del emprendimiento se ve con muy buenos ojos avanzar para que haya más competencia y se facilite la entrada de nuevos actores a la economía, lo que trae evidentes beneficios para el país, generando más empleo, productividad y movilidad social.


El problema es que las luces amarillas saltan con cierta facilidad al revisar el contenido del proyecto. A nuestro juicio, a esta iniciativa del Ejecutivo pareciera que le falta considerar con mayor precisión la realidad de la Pymes en su análisis, pues parecen desmedidas las facultades y sanciones para perseguir a los pequeños empresarios que, a veces, sin mayor poder económico, cometen el error de ponerse de acuerdo en precios para sus bienes o servicios. No parece prioritario que se esté investigando a pescadores artesanales, microbuseros y dueños de restaurantes por estas razones, mientras hay casos bastante más relevantes, grotescos y que afectan gravemente la competencia.


Además, es preocupante que la nueva legislación no incluya de manera explícita que su objetivo es evitar la colusión cuando ésta se materialice a través de un real poder de mercado. Parece que por estandarizar y querer simplificar la vida de fiscalizadores y jueces, podemos terminar con una ley que no sea prístina en definir la colusión de manera explícita, es decir, cuando de forma efectiva y relevante haya capacidad de mover los factores del mercado, como precios o cuotas.


Por otro lado, ¿es indeseable que un grupo de emprendedores coopere entre ellos para acceder a mejores precios de materias primas? ¿Es malo que los pequeños empresarios puedan tener inversionistas ángeles que ya operan en el mercado y que éstos aspiren a ser directores? Al parecer estas acciones podrían ser delitos castigados con cárcel si los fiscales económicos y los jueces penales así lo estiman, cumpliendo al pie de la letra la actual propuesta.


El peligro es que los más poderosos puedan navegar mejor en esta legislación, con la ayuda de abogados y asesores de primer nivel, blindando su responsabilidad, mientras que los emprendedores queden expuestos al no quedar definido con precisión lo que es colusión.


Estamos seguros que nadie quiere que el remedio sea peor que la enfermedad, por lo que invitamos al ejecutivo y a los parlamentarios a dedicarle el tiempo que merece este trámite para que cumpla sus objetivos.

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