Derecho de propiedad bajo amenaza

Susana Jiménez

A mediados del 2014, una ministra de Estado señalaba que "el derecho de propiedad está sobrevalorado". Transcurrido algo más de un año, hemos podido constatar que no era la única que pensaba así. Se trata de una postura que se ha ido plasmando en una serie de propuestas que amenazan con debilitar uno de los pilares fundamentales del progreso económico.

La reforma al Código de Aguas que promueve el gobierno es un ejemplo. Los Derechos de Aprovechamiento de Agua que actualmente tienen carácter permanente podrían verse limitados en su uso y sujetos a causales de caducidad inexistentes al momento de su otorgamiento.

El no reemplazo en huelga que promociona la reforma laboral es otra amenaza directa al derecho de propiedad, en este caso, de quienes han invertido y arriesgado su capital para emprender en un negocio, y que podrían ver extraídas sus rentas (y destruido su patrimonio) por la acción sindical. No todos, por cierto, cuentan con la espalda financiera del Estado para evitar el daño, como presenciamos en un caso reciente.

Nuevas regulaciones, como la que impondría una rentabilidad máxima a la industria del gas de red so pena de fijación tarifaria, también afectan el derecho de propiedad, ya que limita el legítimo derecho a rentabilizar las inversiones realizadas en un mercado competitivo.

Algo similar podría ocurrir de retrotraerse al proyecto original que proponía la gratuidad de los estacionamientos promovida por un grupo de parlamentarios, que tampoco escatimaron en "sacrificar" la inversión de privados a la hora de mostrarse generosos con sus potenciales votantes.

Especial mención amerita la moción parlamentaria que busca cambiar las reglas del juego al sector pesquero industrial. Tras un largo debate que terminó por hacerlos rescindir de sus permisos de pesca de carácter indefinido para acogerse al sistema de licencias transables de pesca (LTP) a 20 años, se les quiere imponer una reducción del plazo de las LTP a 10 años, con participación decreciente por efecto de las licitaciones y sin posibilidad de renovación.

Todo esto solo puede empeorar con la discusión de una nueva Constitución. Ya se ha adelantado que se buscará establecer un nuevo concepto de derecho de propiedad privada, consagrando que ésta obliga (ante el Estado y la comunidad), haciendo más intensa su función social y reformulando el estatuto de propiedad de los recursos naturales.

Existe, pues, un intento sistemático por erosionar los derechos de propiedad en los más diversos sectores. El problema es que contar con derechos de propiedad bien definidos y adecuadamente protegidos constituye un requisito indispensable para el desarrollo, por cuanto el derecho exclusivo de usar los bienes e intercambiarlos a voluntad son condiciones necesarias para asignar eficientemente los recursos y generar mayores oportunidades de creación de riqueza para la sociedad. Así lo ha demostrado, de hecho, la evidencia empírica, por lo que es de esperar que Chile no se transforme en el caso de estudio de quien ha decidido tomar la dirección equivocada.