Acuerdos versus principios, una difusa línea en la práctica

Cecilia Cifuentes

En 1990, el primer Gobierno de la Concertación logró un acuerdo clave con parte de la oposición para subir los impuestos, especialmente la tasa de Primera Categoría, de 10% a 15%, reestableciendo la base devengada para este tributo. El apoyo de la oposición estuvo liderado por Sebastián Piñera, quien, junto con otros senadores de RN, planteó que “la reforma tributaria contribuiría a la estabilidad de la naciente democracia y fortalecería una auténtica economía social de mercado”. En esa época yo iniciaba mi vida como economista y no compartí que se cediera en esta materia, ya que la evidencia de los años anteriores mostraba lo efectiva que estaba siendo la reforma tributaria de 1984 en fomentar el ahorro y la inversión.

Sin embargo, la reforma de Aylwin-Foxley fue muy exitosa, tanto en términos de recaudación, como también favoreciendo el desarrollo económico. A pesar del significativo aumento de tasa de Primera Categoría, se mantuvo la integración, junto con una tasa pareja y competitiva internacionalmente. Los datos socioeconómicos mostraban que efectivamente existía una deuda social, que demandaba un mayor rol del Estado. Se trató, entonces, de un buen acuerdo, que tuvo en su momento un fuerte rechazo de parte de la oposición.

“Un acuerdo en pensiones, con concesiones moderadas y que establezca incentivos a cotizar, es razonable como política pública y rompe el inmovilismo en el pilar contributivo, abriendo espacio a otros cambios necesarios”.

¿Cómo aplicar esta lección en materia de pensiones? ¿Es un tema de principios que el 6% vaya a cuentas individuales? No lo creo, de hecho, el seguro de cesantía, que se estableció con una lógica de ahorro individual, tiene un componente solidario ¿Existe el riesgo de que luego se aumente este componente? Efectivamente, el riesgo existe, de la misma forma en que la reforma tributaria de 1990 no impidió alzas posteriores. En todo caso, ese riesgo no desaparece si es que ahora se evita abrir esa puerta, siempre puede ocurrir en el futuro. Eso significa que no se puede dejar de lado la defensa de las ideas por parte de los que estamos convencidos de que la capitalización es superior al reparto. En materia tributaria, la reforma de 1990 fue seguida, lamentablemente, por muchas más, porque fuimos poco efectivos en mostrar que el crecimiento es el mejor camino para generar recursos fiscales.

Sin embargo, plantear posturas intransables deja a la política en el campo de lo imposible. Un acuerdo en materia de pensiones, con concesiones moderadas y que establezca incentivos a cotizar, es razonable como política pública, y además logra romper el inmovilismo en el pilar contributivo, abriendo el espacio a otros cambios necesarios, como el aumento de la tasa de cotización, la política de inversiones, la cotización en períodos de cesantía y la mejoría en temas institucionales.

¿Y transar con un Gobierno liderado por el Partido Comunista y el Frente Amplio? Es un aspecto que complejiza el acuerdo, y que significa que el consenso preliminar es un primer paso, que requiere seguir muy atentos a la redacción del articulado (“el diablo está en los detalles”).

En todo caso ¿por qué se pudo llegar a acuerdo en la reducción de la jornada laboral, en la Ley Karin y en el alza del salario mínimo? Aunque en las dos primeras hay algunos aspectos favorables, no logran compensar el gran daño que estas tres reformas, especialmente el alza del salario mínimo, han hecho al mercado laboral, probablemente más grave que el que generaría la reforma del pilar contributivo, y ahí están. Entonces, pongamos paños fríos e intentemos dar pasos hacia adelante.