Colusión: desafío para gobernantes y legisladores
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Señora Directora:
Casos emblemáticos de colusión han afectado directamente a las personas los últimos años, y aun cuando se ha demostrado que existió confabulación ilícita y se ha obligado a las empresas a devolver parte de los beneficios obtenidos ilícitamente a los consumidores, la sensación de la ciudadanía es de impunidad ante estas malas prácticas. Esto, porque evidentemente se han visto forzados a pagar mayores precios, generándose reiteradamente pérdidas irrecuperables para la sociedad.
En consecuencia, debe ser una de las prioridades para la política microeconómica de la futura administración y el Legislativo acelerar el proyecto de ley anti-colusión de 2020, hoy en trámite, que forma parte de la agenda antiabusos y trato justo, para modificar la ley de competencia chilena (DL 211). Esto implica entregar facultades a la Fiscalía Nacional Económica para perseguir los carteles y aumentar las penas efectivas, principalmente en mercados de bienes y servicios de primera necesidad.
De esta forma avanzaremos en línea con la experiencia internacional, que aparte de sanciones económicas, contempla cárcel para los artífices de colusiones en países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Japón entre otros.
Humberto Salas Jara
Académico de la Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma
