SII encabeza las preferencias para administrar el registro de dueños finales de empresas

Este martes comenzó la consulta pública diseñada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que durante 15 días hábiles someterá a debate ciudadano la propuesta de creación del primer Registro de Beneficiario Final, que permitirá identificar a los dueños reales y/o controladores de las empresas constituidas en el país.

La iniciativa fue bien recibida por diversos actores ligados a materias de transparencia y probidad, y es parte del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020.

El debate hacia adelante es quién administrará dicho registro, en el que estarán también los principales controladores de empresas que posean desde un 10% de participación en la propiedad.

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, enfatiza que "esta materia es un proyecto central y así se lo hemos dicho al Presidente de la República. Llevamos más de un año trabajando en este tema con la UAF, el SII, Chile Compra y el Observatorio del Gasto Fiscal".

Respecto a quién debe administrar el registro, indica que  si bien es uno de los puntos "más complejos de definir", en la entidad "nos inclinamos por que sea el SII o que se creara una unidad especial dentro de Hacienda. No vemos dónde pudiera haber otra entidad con esta capacidad".

La directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette Von Wolfersdorff, declara que "estamos contentos con la consulta pública como compromiso del gobierno abierto que asumió la UAF. Será importante recoger la opinión del máximo de personas para ver qué hay que afinar antes de elaborar una propuesta legislativa concreta".

La ingeniera recalca que "es muy estratégico poder tener este registro ojalá pronto y esperamos una clara señal con voluntad política desde La Moneda también. No basta con tener un registro de beneficiarios finales solo para el mercado público, sino para cumplir el estándar contra lavado de dinero de la OCDE es tener un registro nacional de dueños de empresas. En Europa estos datos ya son públicos".

Respecto a las instituciones que podrían quedar a cargo del registro, coincide en que "puede ser el SII o una unidad especial a cargo del Ministerio de Hacienda, siempre y cuando tenga un funcionamiento autónomo".

Compras Públicas

El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, explica que actualmente se tramita el proyecto de ley que fortalece la integridad pública. En ese marco, el Consejo propuso que, junto al registro de proveedores del Estado, se ponga a disposición de la ciudadanía un registro con datos referidos a la estructura societaria de las empresas que forman parte del registro de proveedores del sector público.

"Creemos que esta propuesta es coherente con el establecimiento de nuevas inhabilidades en la Ley de Compras Públicas, que prohíbe a los órganos de la Administración del Estado y a sus empresas celebrar contratos de servicios o suministros con funcionarios de la misma entidad o compañía, con personas unidas por vínculos de parentesco con éstas, o con sociedades de las cuales éstos sean parte. A partir de este registro se podrá acceder a datos relativos a la estructura societaria de dichas empresas y se podrá efectuar un adecuado control social acerca de estas prohibiciones".

Agrega que "por tratarse de un registro de empresas -y su estructura societaria- contratadas por el Estado, este registro debería ser administrado por la dirección de Chile Compra".

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, indica que el ministro Ignacio Briones ya anunció el envío de un proyecto que moderniza la Ley de Compras Públicas que cuenta con más de 15 años de funcionamiento, la cual requiere una "puesta al día urgente".

"En dicho proyecto se incorporan normas para conocer a los beneficiarios finales como parte de la información que deberá contener la plataforma de Mercado Público en su Registro de Proveedores. De esta forma, el Estado podrá conocer -con la necesaria transparencia- quiénes están detrás de las empresas que ofrecen bienes y servicios al aparataje público y así evitar conflictos de interés en las compras públicas", recalca.