Causas ingresadas al Tribunal Constitucional más que se duplicaron el año pasado

Un 2017 bastante ajetreado tuvo el Tribunal Constitucional (TC), organismo encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos. Esto, porque el número de causas ingresadas creció 156% en relación a lo observado en 2016, al pasar de 357 a 916 solicitudes.

Ya en 2016 se apreció una importante alza, ya que los asuntos ingresados a consulta del TC casi se duplicaron (subieron 91%)

La mayoría de las solicitudes presentadas el año pasado respondió a requerimientos de inaplicabilidad (97,7% del total), mientras que el 2,6% respondió al control obligatorio de constitucionalidad por el que deben pasar algunos proyectos aprobados por el Congreso para convertirse en Ley.

Desde el organismo explican que el explosivo aumento de los casos responde a consultas relacionadas a la Ley de Control de Armas, aprobada en el 2015, y en menor medida a la Ley Emilia, de 2014. De hecho, de las 92 causas ingresadas en diciembre, 69 fueron fueron relativas a esas dos leyes.

Sentencias y causas económicas

En el tribunal hay cinco causas económicas a la espera de su fallo: Inverlink con su arista de British American Tobacco; el caso Cascadas con las aristas relacionadas a Julio Ponce, Leonidas Vial, Alberto Le Blanc y LarrainVial; el caso La Polar con las relativas a Julián Moreno y la auditora PwC; el caso de Juan Bilbao contra la SVS; y el de Manuel Cruzat por Curauma, todos ellos ingresados entre 2016 y 2017.

A ellos se suma el control de constitucionalidad del proyecto que moderniza el Sernac, del cual se tendría novedades la próxima semana (ver nota relacionada).

¿Por qué se han demorado estos fallos? Desde el tribunal explican que generalmente los casos económicos son complejos, con expedientes de gran envergadura, y sentencias también largas.

Y en 2017, al aumento del ingreso de causas se debe sumar que el TC tuvo un mes bastante intenso en agosto a raíz de la discusión de la Ley de Aborto en Tres Causales, la que prácticamente demandó dedicación exclusiva de los ministros, por lo que pocos casos distintos fueron revisados en el período.

Pese a este escenario más recargado, en el ejercicio pasado el organismo emitió 392 sentencias definitivas y 145 de inadmisibilidad, mientras que el 2016 fueron 91 fallos definitivos y 103 sentencias del segundo tipo.

De hecho, específicamente en lo relativo a los requerimientos de inaplicabilidad, el Tribunal Constitucional mejoró los tiempos de tramitación, ya que de los 344 días promedio observados en 2016, se disminuyó a 266 días el año recién terminado.

Sernac: sentencia se conocería la próxima semana

La próxima semana podría ser clave para el proyecto que moderniza el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ya que el Tribunal Constitucional (TC) emitiría su sentencia y finalmente se conocería qué puntos de la Ley fueron declarados inconstitucionales por el organismo.

Al interior del TC ya están trabajando en el segundo borrador del fallo, que probablemente será firmado por los ministros el próximo martes, aunque los textos pueden experimentar cambios hasta el último momento.

Según conocedores del proceso, el tribunal habría eliminado la nueva facultad normativa del Sernac, mientras que se habrían declarado inconstitucionales algunos puntos relacionados a la facultad sancionatoria de la ley, específicamente en que la revisión de una infracción pueda estar dada por el Sernac o el tribunal civil.

Desde el gobierno no quisieron adelantar las acciones a tomar en el caso de que la sentencia del organismo sea desfavorable, e indicaron que esperarán conocer el detalle antes de evaluar las opciones, que podrían incluir el ingreso de una ley corta en el Congreso.

Luego de más de tres años de discusión, el proyecto que moderniza el Sernac fue aprobado a fines de octubre en el Parlamento y ya lleva más de dos meses en su control de constitucionalidad en el TC.

En su paso por el organismo controlador, generó polémica el "téngase presente" ingresado por la Camára Nacional de Comercio (CNC), acción que fue duramente criticada por el director del Sernac, Ernesto Muñoz y el propio ministro de Economía, Jorge Rodríguez.