Las cinco medidas que permitirían destrabar la reforma de pensiones, según Libertad y Desarrollo

La incesante búsqueda por un acuerdo que permita viabilizar la reforma previsional -que en Chile lleva una década sin llegar a buen puerto- tiene a los distintos sectores políticos, academia y centros de estudios modelando alternativas que permitan llegar al consenso.

El centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD), ligado a la oposición, tiene cinco propuestas bajo la consigna de mejorar las pensiones de los actuales jubilados, pero sin desincentivar el trabajo formal ni hipotecar las finanzas públicas.

El documento plantea ideas que permitirán cuidar las llamadas “líneas rojas” fijadas en la oposición (la propiedad de los fondos, la heredabilidad y la libre elección), pero innovando en algunas materias, como por ejemplo, la competencia de la industria y ayudas fiscales con el fin de acercar posiciones y elevarse como un modelo distinto del que propone el Gobierno, pero con los mismos objetivos: elevar las pensiones de actuales y de los futuros jubilados.

La economista de LyD, Ingrid Jones, comenta a DF que el objetivo del estudio “es poner sobre la mesa que existen alternativas al proyecto de ley del Gobierno que también permiten mejorar las pensiones”.

El costo total de esta propuesta, entre las mejoras a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y recursos para financiar las pensiones de los actuales jubilados y quienes estén ad portas de jubilar, es de entre 0,43 y 0,63 puntos del PIB, dependiendo de la tasa de reemplazo objetivo que se fije.

Como fuente de financiamiento se propone usar parte de los recursos que se recauden por el royalty minero; la implementación de medidas que combatan la evasión y elusión; y la eliminación de exenciones, a juicio de LyD, injustificadas.

1 PGU con foco en mujeres

El informe propone llevar el monto de la PGU al de la línea de la pobreza (desde los $ 206.173 actuales hasta $ 220.301) y que luego se reajuste de acuerdo al alza que tenga el indicador.

Además, estima elevar adicionalmente en 30% la PGU de mujeres que hayan cotizado al menos 15 años y en aquellas que tengan entre cinco y 15 años de cotización, un monto proporcional a esos años cotizados.

También, plantean subir la PGU en 30% para personas con dependencia severa, sin importar si cotizaron, beneficiando a más de 200 mil personas.

2 6% a cuentas individuales

LyD propone subir la tasa de cotización en 6%, tal como lo establece el proyecto de ley, pero la diferencia está en que asegura que este ahorro debe ser destinado a cuentas individuales de propiedad del trabajador. Jones sostuvo que “lo anterior se traduciría a futuro en una pensión 60% mayor a la que se podría obtener hoy”.

Eso sí, el centro de estudios se abre a que la administración de los fondos pueda ser realizada tanto por privadas existentes o por una administradora pública y que sea el trabajador quien escoja, pero que “todas ellas competirán bajo las mismas condiciones”, afirman.

3 Apoyo a actuales jubilados

Conscientes de que se deben hacer esfuerzos que permitan ayudar a los pensionados actuales o a quienes están ad portas de jubilarse, LyD propone que se entregue un aporte fiscal adicional transitorio por parte del Estado a quienes tienen una tasa de reemplazo menor a una “tasa de reemplazo objetivo”, la que debería ser determinada por un grupo de expertos autónomos convocado por el Ejecutivo, pero cuya composición no dependa del gobierno de turno.

A modo de ejemplo, para modelar el costo fiscal utilizaron una tasa de reemplazo objetivo de 62% (promedio de la OECD) y otra más alta, de 70%.

4 Mayor competencia en la industria

La reorganización de la industria que establece el proyecto del Gobierno ha sido cuestionada y es una de las “líneas rojas” de la derecha.

En esta materia, LyD propone crear una administradora pública de pensiones compitiendo bajo las mismas reglas y condiciones que los operadores privados.

Además plantean centralizar el proceso de cobro de cotizaciones impagas; una mayor transparencia en el cobro de comisiones de intermediación; elevar la fiscalización sobre cotizaciones impagas y las subdeclaraciones de cotizaciones; y profundizar o ampliar la licitación de nuevos afiliados que entran al sistema.

5 Elevar la edad jubilación y combatir la informalidad

Basados en la experiencia internacional y en recomendaciones de las comisiones Marcel y Bravo, aseguran que es necesario aumentar la edad de jubilación de hombres y mujeres en forma gradual. Así, plantean elevarla en primera instancia hasta los 65 años para las mujeres y en una segunda etapa llevar ambas a 67 años.

También señalan que es recomendable vincular la edad de jubilación al aumento de la expectativa de vida.

Por último, proponen combatir la informalidad laboral aumentando la fiscalización para quienes evaden o subdeclaren el pago de cotizaciones.