La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados continuó en la mañana de este miércoles con las exposiciones de técnicos para analizar la reforma de pensiones. En el encuentro, la presidenta ejecutiva de Espacio Público y exasesora previsional en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Paula Benavides, entregó ocho recomendaciones o mejoras que podrían incorporarse en la propuesta del Ejecutivo.
1. Instituto de Previsión Social (IPS). La experta advirtió sobre el desafío de las tareas que deberá asumir al transformarse en el nuevo Administrador Previsional Autónomo (APA). “En mi opinión, el IPS es una institución muy valiosa y destacada en Chile, pero que hoy día se centra más esencialmente en beneficios no contributivos, por lo que un proceso de adaptación podría ser complejo y puede dificultar los tiempos de implementación”. Por ello, propuso “revisar la factibilidad de crearlo (el APA) como un organismo nuevo en realidad y con amplias posibilidades”, así como también la posibilidad de que cuente con un gobierno corporativo colegiado.
Asimismo, planteó que la gradualidad de implementación de funciones del APA podría ser insuficiente. “Al tercer mes de publicada la ley ya tiene que estar contratando servicios de recaudación. Creo que son plazos que podrían no dar tiempo ni siquiera a la reglamentación necesaria en el ámbito de la institucionalidad”, precisó.
“Las gradualidades de implementación deberían revisarse con el objeto de minimizar riesgos ante cambios de gran envergadura”, afirmó.
2. Superintendencia de Pensiones. Benavides también sugirió fortalecer al regulador sectorial, para asumir la supervisión de un nuevo modelo. “Desde la crisis subprime se gatilló una revisión global en el mundo de los modelos de supervisión en ámbitos que tienen relevancia financiera. Esto derivó en Chile en la creación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En 2008 se creó la Superintendencia de Pensiones unificando la regulación, luego se implementó la supervisión basada en riesgo en 2016, entre otros avances. Pero los desafíos hoy día son mucho más grandes en el contexto, por ejemplo, de los masivos retiros que hemos tenido y sobre todo ante la creación de un sistema que va a tener nuevos componentes, nuevos actores participando. “Creo que sería valioso que la Superintendencia pudiera fortalecerse con una dirección colegiada, como es el estilo de la CMF, en lugar de una unipersonal como tiene actualmente y de exclusiva confianza", propuso.
Asimismo, planteó la relevancia de contar con un consejo de alto nivel y equipo técnico, del estilo del COR en Francia, a cargo de este consejo debería monitorear el cumplimiento de los objetivos de la tasa de reemplazo y de alertar sobre materias de sostenibilidad, brechas de género, etc.
3. Retiro programado. Otro aspecto en que puso especial énfasis Benavides fue en lo referido a la etapa de desacumulación, particularmente la eliminación del retiro programado que propone la reforma, manteniendo como única opción las rentas vitalicias. Al respecto advirtió que “las personas cuyo saldo sea insuficiente para financiar una renta vitalicia de al menos UF 3, recibirán dicho saldo en cinco años hasta agotarlo”. Benavides recordó que entre julio 2021 y junio 2022, el 64% de los nuevos pensionados no pudo contratar una renta vitalicia y “pocos pensionados pueden elegir modalidad", siendo en su mayoría hombres y mujeres los que podrían quedarse sin modalidad de pensión.
4. Autopréstamos. Indicó que se deben considerar los sustantivos efectos de los retiros autorizados en Chile (económicos y en pensiones) y las prioridades debieran centrarse en mejorar las pensiones más que en los autopréstamos desde el pilar obligatorio y sin mayores condiciones.
5. Prestaciones del Seguro Social Previsional (SSP). La experta señaló que el consejo directivo del Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) fijará anualmente la rentabilidad real de las cuentas del SSP, la que debe asegurar la sustentabilidad, tasa que se usa también en el cálculo de las prestaciones
"Dado que éste es un parámetro clave del sistema, es de la mayor relevancia que existan reglas precisas para establecerlo. Se sugiere también fortalecer la automaticidad en las reglas de ajuste de los beneficios del SSP, en caso déficits de sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones (FIP)", dijo.
6. Trabajadores independientes. Benavides propuso que para los trabajadores independientes, se debería evaluar su incorporación en forma obligatoria al Seguro Social Previsional, con las gradualidades que sean necesarias. Asimismo, se requeriría avanzar paulatinamente en la cobertura previsional de los sectores de trabajadores independientes, que actualmente solo pueden cotizar en forma voluntaria.
7. Edad legal de jubilación. "En el marco de un acuerdo se sugiere incorporar la discusión de la edad de retiro para jóvenes y entrantes al mercado laboral. Ante el acelerado envejecimiento es un ajuste necesario", propuso.
8. Implementación y transitoriedad de la reforma. Benavides expuso que, en función de la evaluación de aspectos operacionales, se podrían revisar algunos elementos del diseño de la transición, por ejemplo, el cambio de multifondos a fondos generacionales. “Las gradualidades de implementación deberían revisarse con el objeto de minimizar riesgos ante cambios de gran envergadura, especialmente respecto de la nueva institucionalidad y la reorganización industrial del componente de capitalización individual”, señaló.
MIRA LA PRESENTACIÓN DE PAULA BENAVIDES, AQUÍ.
Otros expertos
En la Comisión también expusieron Andras Uthoff, ex asesor de pensiones de la Subsecretaría de Previsión Social y hoy miembro del Consejo Consultivo Previsional; el economista Joseph Ramos, ex director de AFP Capital.
Ramos enfocó su presentación en la ausencia de una meta de tasa de reemplazo no solo en este proyecto de pensiones, sino en todos los últimos anteriores. Asimismo, recalcó las presiones que impone al sistema un contexto de rentabilidad de los fondos y tasas de interés a la baja y de aumento de la esperanza de vida, fenómenos ante los cuales “los seis puntos no serán suficientes para mantener la tasa de reemplazo que tenemos hoy”, dijo
Asimismo, destacó la mejora alcanzada en términos de tasa de reemplazo con la PGU, sobre todo para el 75% de las personas con ingresos familiares por debajo millón y medio bruto. Pero con igual énfasis resaltó que el alza del monto de la PGU a $250 mil, implicará un costo anual de US$ 1.800 millones, lo que según datos la Comisión de Productividad, significa doblar las cirugías en hospitales o aumentar en 25% los sueldos de todos los profesores de Chile. “Eso es lo que se puede hacer con US$ 1.800. millones. Entonces no es que me oponga a subirlo, sino que creo que hay prioridades mayores”, resaltó.
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