Actualmente en el Congreso existe más de una docena de proyectos de ley que se están discutiendo con diferentes grados de avances, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, que plantean importantes cambios a la industria financiera.
Algunas de estas iniciativas están siendo empujadas por el Ejecutivo o por los propios parlamentarios, y más de una posiblemente se conviertan en ley durante este año.
Una de ellas es la portabilidad financiera. El proyecto impulsado por el gobierno, que cuenta con un apoyo político transversal, se encuentra en segundo trámite constitucional en la comisión de Economía del Senado.
La iniciativa tiene como objetivo permitir a las personas y a las pyme que se puedan cambiar de entidad financiera con mayor facilidad, reduciendo costos y tiempo en estos procesos.
Los productos que se permitirán trasladar desde una entidad financiera a otra abarcarán a los créditos hipotecarios, préstamos de consumo y automotrices, tarjetas de crédito y cuentas corrientes.
Desde el Ministerio de Hacienda han recalcado que la portabilidad financiera terminará con los “amarres” de personas atadas a una entidad, ya que se generará mayor competencia entre los actores de la industria, tanto por captar clientes como por retenerlos.
Además, fortalecerá la protección del consumidor financiero, aportando transparencia y estableciendo plazos máximos para el proceso de portabilidad.
Otro proyecto que transformará la relación entre las personas que poseen tarjetas de entidades financieras y las compañías emisoras es el que busca limitar la responsabilidad del usuario en caso de fraude.
La iniciativa impulsada por el senador (RN) Manuel José Ossandón cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y se encuentra en su recta final en el Congreso, pues se está discutiendo en comisión mixta.
Entre las discrepancias que está zanjando la comisión mixta, integrada por senadores y diputados de las comisiones de Economía de la Cámara y del Senado es la forma en que el emisor de tarjetas deberá informar al usuario de un fraude y los plazos que tendrá el emisor del plástico para avisar de un hecho de estas características o el lapso que tendrá el consumidor para reclamar.
La responsabilidad de agentes del mercado es una iniciativa ampliamente esperada en la industria financiera ya que regula, entre otras materias, a los asesores previsionales que recomiendan cambios en los fondos que administran las AFP.
La propuesta se encuentra en segundo trámite constitucional en la comisión de Hacienda de la Cámara y la Superintendencia de Pensiones solicitó a mediados de diciembre apurar la tramitación.
Además, el proyecto propone perfeccionar el marco regulatorio vigente para sancionar conductas abusivas, brindar mayor protección a los accionistas minoritarios y a los inversionistas, clarificar las responsabilidades de los auditores externos y fortalecer el rol de la Comisión para el Mercado Financiero.
En noviembre arribó a la comisión de Economía del Senado, proveniente de la Sala de la Cámara, la indicación -junto a otras medidas pro consumidor- que persigue eliminar las ofertas exclusivas del comercio que estén asociadas a determinados medios de pagos. La idea es criticada por el Ministerio de Economía y solicitó su revisión.
A comienzos de diciembre parlamentarios de oposición ingresaron una moción en la comisión de Economía de la Cámara Baja que tiene por objetivo modificar la Tasa de interés Máxima Convencional (TCM).
La idea es reducir el interés máximo que pueden cobrar las instituciones financieras en Chile a las personas por créditos solicitados.
“Esto afecta, en gran medida, a los créditos de más bajo monto, que con el argumento de ser más riesgosos, son objeto de una tasa de interés máxima convencional superior que otras operaciones de mayores montos”, señala el proyecto.