El gobierno peruano acusó a los partidos de izquierda de orquestar los violentos conflictos anti-mineros que paralizaron a dos grandes proyectos y ocasionaron al menos dos muertes.
El gobierno declaró estado de emergencia en la sureña región andina de Cusco, después de protestas mortales contra la mina de cobre Tintaya, propiedad de Xstrata.
Conga, el proyecto cuprífero y aurífero de US$ 4.800 millones planificado por Newmont de EEUU y Buenaventura de Perú en Cajamarca, está paralizada desde noviembre, cuando los manifestantes bloquearon la ciudad por once días.
“Hay una corriente radical que no quiere a la minería”, aseguró el ministro de Minería, Jorge Merino. “Quieren que se vaya Tintaya y después será Las Bambas,” agregó, refiriéndose a otro proyecto en desarrollo de Xstrata.
Ollanta Humala, presidente de Perú, dijo que los conflictos en Conga y Tintaya se vinculan al movimiento de Tierra y Dignidad, dirigido por un ex sacerdote católico, Marco Arana.
Según el defensor del pueblo peruano, Silvio Campana, hay 171 conflictos activos en el país, muchos de ellos vinculados a industrias extractivas o reclamos por agua.
Perú, el segundo mayor productos mundial de cobre y plata y sexto de oro, depende de US$ 50.000 millones en inversión minera en los próximos años para mantener su crecimiento económico estelar.
Los inversionistas temen que las disputas de Tintaya y Conga puedan encender una escalada de conflictos en cualquier otra parte de la nación andina.