Lucinda Elliott and Michael Stott
Silvia Ramírez, una jubilada de 62 años en Buenos Aires, ha comenzado a trabajar nuevamente porque su pensión ha sido "aplastada" por la inflación, pero aún lucha por cubrir incluso los costos básicos, mientras los precios siguen subiendo vertiginosamente.
“No hay futuro en Argentina”, dijo. "No hay futuro para aquellos como yo que quieren jubilarse por completo, y no hay futuro para los jóvenes".
Ramírez planea votar en contra del gobernante partido peronista en las elecciones legislativas de mitad de período el domingo, como parte de una ola de enojo popular por la gestión del Gobierno de izquierda de la economía y la pandemia de coronavirus.
Las encuestas muestran que la alianza de oposición de centroderecha tiene una ventaja de diez puntos porcentuales, un resultado que podría costarle a Alberto Fernández, el presidente peronista, su mayoría en el Senado. La mitad de los escaños de la Cámara Baja del Congreso se presentan a elección, junto con un tercio del Senado.
Una derrota grave en las elecciones de mitad de mandato podría convertir a Fernández en un "pato cojo" (sin capacidad para fijar la agenda legislativa) durante el resto de su mandato y posicionar a la oposición para recuperar la presidencia en 2023.
Fernández impuso uno de los confinamientos por el Covid-19 más largos de América Latina, lo que aplastó la economía, pero no logró evitar una cifra de muertos casi tan grave como la del vecino Brasil, ajustado por el tamaño de la población.
Las fotografías que lo mostraban desobedeciendo las regulaciones en el peor momento del encierro –al organizar una fiesta de cumpleaños para su pareja en la residencia presidencial– enfurecieron a los argentinos. Los retrasos en la obtención de vacunas y un escándalo sobre peronistas que se saltaban la cola para recibir inyecciones antes que el resto empeoraron las cosas.
Juan Germano, de la consultora de encuestas Isonomía, dijo que su última encuesta mostró que el índice de aprobación de Fernández se había hundido a 33%, con el de su vicepresidenta más radical, Cristina Fernández de Kirchner, incluso más bajo con 31%. “El país está en una situación muy difícil”, dijo. "La inflación es como una olla a presión esperando a explotar".
En un intento por ganarse a los votantes antes de las elecciones, el gobierno ha aumentado los pagos de asistencia social financiados, en parte, por la impresión de dinero del Banco Central y ha congelado los precios de más de 1.400 productos para el hogar hasta enero, incluidos licor, vermú y comida para gatos.
La inflación fue de 52,5% en el año hasta septiembre, una de las tasas más altas del mundo, y los economistas temen que pueda subir aún más el próximo año. El gobierno insiste en que sus políticas mantendrán los precios bajo control.
“Consideramos que la inflación está siendo atacada con políticas macroeconómicas consistentes que permiten que las exportaciones netas de Argentina crezcan de manera sostenida y que la emisión monetaria pueda reducirse a una velocidad compatible con el papel contracíclico del Estado para apuntalar la recuperación”, dijo el ministro Martín Guzmán a Financial Times en una entrevista.
“Creemos que las políticas de precios e ingresos son un elemento necesario en una economía que está resolviendo sus problemas de coordinación macroeconómica”.
Pero los economistas dicen que este tipo de recetas se han probado y fallado en numerosas ocasiones.
"No hace falta decir que, en nuestra opinión, es poco probable que esta política frene la inflación", dijo Citibank sobre la congelación de precios. “Creemos que el anuncio de los controles de precios por parte de las autoridades es evidencia de que se han quedado sin herramientas para combatir la inflación”.
Los líderes empresariales de Argentina han votado con sus acciones. Más de 20 figuras destacadas, entre ellas el multimillonario petrolero Alejandro Bulgheroni y el rey de la soja Gustavo Grobocopatel, viven al otro lado del Río de la Plata en el vecino Uruguay, donde la economía es más estable y el régimen fiscal más amigable.
Argentina ha quedado excluida de la mayoría de las finanzas externas desde que incumplió su deuda externa por novena vez el año pasado. El gobierno llegó a un acuerdo con acreedores privados para reestructurar US$ 65 mil millones de deuda en agosto del año pasado, pero las esperanzas de un acuerdo rápido con el FMI por otros US$ 45 mil millones se han evaporado a medida que los peronistas endurecieron su postura negociadora.
Los inversionistas se han asustado y el dólar del mercado negro se cotiza a casi el doble de la tasa oficial a medida que crecen los temores de una devaluación, algo que Guzmán insistió en que no sucederá.
Un político de la oposición que espera aprovechar el descontento popular es Horacio Larreta, el alcalde de Buenos Aires. Reelegido en 2019, ha obtenido fuertes índices de aprobación como un administrador municipal eficiente. Ahora está realizando una campaña vigorosa en nombre de los candidatos de la oposición al Congreso, mientras alista sus credenciales como candidato presidencial para 2023.
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Después de ayudar a unificar a la oposición, Larreta quiere superar la división política para rescatar la economía. “La única forma de arreglar la economía argentina es tener un plan acordado por consenso y aprobado con una base de apoyo mucho más amplia”, dijo a FT.
El terrible estado del país también ha provocado un aumento en el apoyo a políticos más radicales. Javier Milei, un autodenominado “anarcocapitalista dinámico”, se postula para las elecciones como congresista en Buenos Aires con una plataforma libertaria que incluye la abolición del Banco Central, el amor libre y la oposición al aborto.
Su afirmación de que el Banco Central es una “organización criminal que lastima a los más pobres” debido a su voluminosa impresión de dinero puede tocar la fibra sensible de muchos argentinos preocupados por la inflación. Su admiración por Margaret Thatcher parece más arriesgada en un país donde los recuerdos de la guerra de las Malvinas de 1982 aún están vivos.
En medio del caos económico y la incertidumbre política, más personas están optando por emigrar. Un estudio reciente de la consultora Taquion Research encontró que ocho de cada diez argentinos en edad laboral se irían del país si pudieran. A pesar de las restricciones fronterizas del coronavirus, 130 mil personas salieron del país para trabajar o estudiar en el extranjero en los primeros nueve meses del año.
La residente de Buenos Aires, Laura Ledesma, de 33 años, es una de las miles que eligieron Montevideo, la capital de Uruguay, como destino. Tomó la decisión de irse de Argentina en junio porque “cada mes valía menos mi salario”.
“Las cosas se pusieron mucho más difíciles de lo necesario en Argentina”, dijo a FT. "Así que me fui".
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