La creciente politización de las actividades empresariales pone presión a los abogados corporativos

Brooke Masters

Coca-Cola ha aprendido por las malas que, cuando se trata de cuestiones sociales, no hay forma de complacerlo a todos. En febrero, la compañía enfureció a los conservadores al amenazar a sus asesores legales externos con recortar sus honorarios si no entregaban parte del trabajo a abogados negros.

Luego, en marzo, manifestantes liberales organizaron una protesta frente al “Mundo de Coca-Cola” en el centro de Atlanta para criticar que la empresa no se opusiera a una ley de Georgia que podría dificultar la votación de los electores negros. Para fines de abril, el abogado general de la firma, Bradley Gayton, había quedado sin empleo, después de solo ocho meses.

Los mejores abogados internos están en la línea de fuego, a medida que las empresas se ven sometidas a una presión cada vez mayor por parte de sus clientes y empleados para que adopten una posición en todo, desde el cambio climático hasta los derechos de voto y la equidad racial. Al mismo tiempo, los inversionistas han aumentado su escrutinio de los asuntos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, sigla en inglés).

Los angustiados directores ejecutivos necesitan ayuda para manejar estas demandas, y está surgiendo una brecha sobre cómo debe responder el abogado general. Como abogados, los consejeros generales están, por definición, bien calificados para brindar asesoría legal. Pero las cuestiones de ESG y políticas tienen implicancias más amplias para la imagen de una empresa, sus relaciones regulatorias e incluso su rentabilidad.

Para algunos consejeros generales, eso significa que deben actuar con cautela. "Un consejero general no debe estar en el negocio de alentar o desalentar, y mucho menos iniciar la participación de su empresa en los problemas políticos o sociales del día", dice J. Michael Luttig, un exjuez que luego se desempeñó como abogado general del fabricante de aviones estadounidense Boeing. “Ese rol es para los líderes comerciales de la empresa. A la mayoría de los líderes empresariales les molestaría que un abogado general se inmiscuyera en la dirección del negocio de esa manera".

Pero otros ven el dilema de otra forma. “Es natural que el consejero general se preocupe de estos temas”, dice Sabine Chalmers de BT. "Nunca lo he visto como un juego de lo uno o lo otro". Además de su puesto como asesora general del grupo de telecomunicaciones británico, asumió el papel de patrocinadora ejecutiva de los programas de diversidad e inclusión después de las protestas por la muerte de George Floyd. “Tienes que estar constantemente escuchando al mundo exterior, a las expectativas de tus accionistas”, señala.

Tres posibles enfoques

De hecho, dice el profesor de la Escuela de Administración de Yale, Jeffrey Sonnenfeld, hay tres tipos de asesores generales. Algunos son activistas que deliberadamente empujan los debates sociales. Luego están los tradicionalistas que se ven a sí mismos como el "vicepresidente del no" y tratan de mantenerse al margen por completo. Y un tercer grupo intenta ser metódico y no ideológico, pero también reconoce que en algunas cuestiones “callar es ser cómplice”.

En Telstra, el grupo australiano de telecomunicaciones, la asesora general Lyndall Stoyles también es directora de Asuntos Externos, Sostenibilidad y Riesgo. Eso la hace mejor calificada para considerar los problemas de ESG desde todos los aspectos, argumenta.

“Uno de los beneficios de tener una cartera más amplia es tener un equipo de personas diferentes con perspectivas diversas. Eso ha ampliado los consejos que damos”, dice, y señala que las aproximadamente 330 personas que le reportan incluyen no solo abogados, sino también economistas, especialistas en reglamentos y expertos en cadenas de suministro, alfabetización digital y gerentes de proyectos comunitarios.

Louise Pentland, directora de Asuntos Comerciales y directora legal de la empresa de pagos PayPal, ha visto cambiar los enfoques de las preocupaciones sociales y políticas. “Hubo un tiempo, hace cinco años, cuando parecía que era más fácil optar por no participar en algunas de esas conversaciones sin necesariamente temer las consecuencias”, dice ella. Este ya no es el caso: "Creo que no puedes rehuir… porque los empleados ahora lo exigen". Pentland es muy consciente de la importancia de cuidar a ese grupo particular de partes interesadas porque también dirige los recursos humanos.

Recuerda cómo PayPal se vio envuelto en una de las primeras peleas realmente importantes en el actual ciclo de actividades comerciales politizadas. En 2017, la compañía canceló sus planes para abrir un establecimiento en Carolina del Norte después de que el estado aprobara la denominada "ley del baño", que limitaba las protecciones LGBT+. Pentland dice que la compañía se sintió cómoda al tomar una posición sobre el tema de la inclusión porque su misión declarada es democratizar las finanzas.

Las carteras más amplias de estos asesores generales no son inusuales, dice Nir Kossovsky, cofundador de Steel City Re, un grupo de seguros y asesorías de riesgo reputacional. Él estima que aproximadamente 40% de los directores legales son explícitamente responsables de las cuestiones de ESG y de reputación. “Gran parte del valor empresarial está siendo impulsado por estas decisiones de ESG”, dice. "Prometer demasiado crea el riesgo de que las partes interesadas se sientan decepcionadas".

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Identificar las consecuencias

Los últimos desafíos han incluido las protestas por Black Lives Matters del año pasado y las demandas de medidas sobre el cambio climático. Algunas empresas siguen optando por mantenerse al margen de los debates tanto como sea posible, pero para los campeones nacionales como la británica BT, permanecer callados no es una opción, según Chalmers. La compañía enfrentó llamados de sus empleados y clientes para abordar las preocupaciones sobre la equidad racial, por lo que estableció objetivos de diversidad y organizó programas para aumentar la conciencia.

"Casi toda acción o inacción dará lugar a una reacción y nunca vas a hacer felices a todos", dice Chalmers. El trabajo del consejero legal “es aceptar esa realidad y ayudar a la organización a analizar los problemas e identificar las consecuencias de asumir postura. No hacer nada y no preparar una posición es ahora un riesgo mucho mayor".

De alguna manera, el mayor problema para las empresas en este momento es anticiparse al próximo desafío. “Invariablemente, para todos habrá algo en lo que no pensaron”, dice Pentland. "Entonces, ¿cómo pueden las buenas empresas, que están tratando de hacer lo correcto, asegurarse de que un incidente no arruine su reputación?"

Kossovsky tiene una respuesta: no hay que esperar hasta que los manifestantes estén golpeando a tu puerta, como hizo Coca-Cola en Georgia. "En ese momento, ya es una crisis y has fallado", dice. “Los procesos ya deberían estar implementados. Construye un análisis de quiénes son las partes interesadas y qué esperan de nosotros. Los accidentes ocurren, pero no tiene por qué haber consecuencias para la reputación".