La protesta de transportistas y
productores contra la prohibición de exportar aceite, y otra en
reclamo de una mejor política petrolera mantienen hoy bloqueadas
varias rutas internacionales en Bolivia por segundo día consecutivo.
Algunas carreteras fronterizas que comunican con Brasil,
Argentina y Paraguay siguen cortadas, además del acceso a las
aduanas de Santa Cruz (oriente) y Cochabamba (centro), informaron
los medios locales.
Camioneros procedentes de países vecinos se quejaron hoy de que
no pueden depositar sus mercancías en las mencionadas aduanas.
La protesta de productores y transportistas va dirigida contra la
prohibición de exportar aceite, decretada la semana pasada por el
Gobierno para evitar que las empresas del sector fijen "precios
intolerables" y tratar de garantizar el abastecimiento del mercado
nacional.
Una de las firmas afectadas pertenece a la familia del empresario
Branco Marinkovic, uno de los opositores más duros al presidente Evo
Morales en la región de Santa Cruz, la más rica del país.
Tampoco pueden exportar sus aceites la sociedad estadounidense
Archer Daniels Midland ni una compañía que pertenece al Grupo Romero
de Perú, que venden sus productos en la Comunidad Andina y en Chile.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó anoche
que el bloqueo en las carreteras es "muy parcial".
En tanto, el Gobierno continúa con la venta de aceite a granel a
precios inferiores a los del mercado, lo que originó largas colas en
ciudades como La Paz, según mostraron las televisiones.
Por su parte, los habitantes de la localidad oriental de Camiri
mantienen cortada la principal ruta hacia Argentina y Paraguay.
La población de Camiri, que en su momento fue la capital
petrolera del país, demanda al Gobierno de Morales una "verdadera"
nacionalización de los hidrocarburos y una refundación efectiva de
la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Una comisión gubernamental viajará en las próximas horas a Camiri
para intentar poner fin al bloqueo, informó la radio Erbol.
Los camireños también reclaman que el Estado recupere el control
de tres campos de gas de la zona operados por la petrolera
hispano-argentina Repsol YPF y su filial Andina.
Aseguran que Repsol YPF no ha cumplido con las inversiones
comprometidas, algo que ha rechazado la compañía en varias
ocasiones.
Los campos y una planta de la transportadora de hidrocarburos
Transredes, dependiente de la británica Ashmore, están custodiados
desde hace días por el ejército.