Clínicas advierten que deuda de las isapres creció 31% en un año a $ 636 mil millones, mientras ajustan inversiones y acuden a los bancos
La crisis de las aseguradoras sigue profundizando su impacto en el sector prestador, cuyo representante señaló a los diputados de la Comisión de Salud que tramita la ley corta que los proyectos cayeron un 40% y han acudido a “financiamiento extraordinario por capital de trabajo”.
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Luego que el proyecto de ley corta de isapres entró a su instancia decisiva de tramitación en la Cámara de Diputados con el inicio de su discusión en la Comisión de Salud la semana pasada, ayer fue el turno de las exposiciones de los timoneles de los gremios que representan a las industrias más golpeadas por la crisis: las propias aseguradoras y los prestadores privados.
Ayer las primeras intervenciones en esta instancia de Gonzalo Arriagada, presidente de la Asociación de Isapres, y de su par de la Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, actualizaron sus balances sobre la magnitud de la crisis del sector privado de salud, a medida que los dictámenes de la Corte Suprema ya comienzan a hacer sus efectos en el caso de la sentencia por primas GES desde enero, o está próximo a hacerlo cuando se instruya el fallo por tabla de factores desde mayo.
“Hemos debido destinar grandes esfuerzos en la elaboración de planes de contingencia, ya que nuestra operación está bajo amenaza”, dijo Javier Fuenzalida.
Y mientras Arriagada instó a una pronta aprobación de la ley corta dentro del cronograma actual para acelerar los factores de estabilización financiera del sistema -advirtiendo que, de lo contrario, “es muy difícil pensar que las isapres puedan subsistir durante todo 2024 a pérdida” , Fuenzalida actualizó su diagnóstico de los impactos entre los prestadores privados.
El presidente de las clínicas señaló ante los diputados que la deuda total del sector ascendía a unos $ 908 mil millones en el registro más actualizado al 31 de enero, cifra superior en un 20% a los $ 754 mil millones de inicios de 2022. Al respecto, enfatizó que “actualmente registramos niveles históricos de deuda de parte de los aseguradores públicos y del sistema privado”, precisando que este último ítem constituye la “parte más crítica” de esas obligaciones, no solo por monto sino también por su incremento”.
Fuenzalida informó que la deuda de las isapres se elevó a $ 636 mil millones al cierre del primer mes de este año, cifra “que representa un 31% más que en enero de 2023”.
En este marco, el directivo indicó que en el último año, “las inversiones se han reducido en aproximadamente un 40%, según estiman algunos de nuestros asociados”, añadiendo que las instituciones de salud privadas han debido profundizar sus estrategias de ajuste y “han debido acudir a financiamiento extraordinario en bancos por capital de trabajo”.
El timonel de Clínicas de Chile recordó que a las obligaciones de las aseguradoras se suma la deuda pública, que incluye los servicios de salud y Fonasa, la cual asciende a $ 272 mil millones en su balance actualizado entre obligaciones exigibles y no exigibles. Si bien Fuenzalida reconoció los esfuerzos de Fonasa por agilizar los procesos de pago de manera oportuna, manifestó que “la deuda de los servicios de salud, que alcanza a $58 mil millones de deuda exigible, está sujeta a un plan de pago muy extenso que nos permitirá ver saldada las acreencias de manera nominal, sin reajuste alguno, a fines de esta administración”.
De la suma de ambos factores, Fuenzalida señaló que “la constante amenaza de colapso del sistema por falta de liquidez ha tenido importantes y negativas consecuencias en la postergación y congelamiento de inversiones en el sector, que impacta directamente en menor tecnología, obras y equipamiento. Por lo anterior, hemos debido destinar grandes esfuerzos en la elaboración de planes de contingencia, ya que nuestra operación está bajo amenaza”.
Reducción de garantías
Otro factor financiero que abordó el presidente de Clínicas de Chile fue la reducción de las garantías de las isapres disponibles para pago a los prestadores de salud, ya que su monto por $ 372 mil millones al 31 de enero de 2024 es inferior a los $ 429 mil millones anotados el mes anterior.
“De acuerdo a nuestras estimaciones, con ello se otorga una cobertura promedio ponderada del 58% de la deuda con los prestadores. Así, estimamos que las garantías son insuficientes para cubrir la deuda, generando una incertidumbre respecto de la posibilidad real de cobro”, señaló, recordando que una liquidación de las garantías legales “es un largo y engorroso camino, en el cual los prestadores no tienen prioridad ni certeza”.
Arriagada insta a aprobar la ley corta en mayo: “es muy difícil pensar que las isapres puedan subsistir durante todo el año 2024 a pérdida”
El imperativo de promulgar la ley corta de isapres a fines de mayo para coincidir con la entrada en vigor del fallo de la Corte Suprema implica una carreta contra el tiempo para su tramitación en la Cámara de Diputados, y no son pocos los que se preguntan si es necesario pedir una tercera postergación. Pero en esta encrucijada, la posición del presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada fue clara respecto de que el escenario más conveniente es que se respeten los plazos actuales y que el proyecto se convierte en ley en dos meses y medio más. “La ley corta, como está definida en la actualidad, pudiera estar aprobándose en el mes de mayo, y nosotros esperamos que así sea”, afirmó, indicando que una eventual postergación “es generar un riesgo innecesario en el sistema, porque es muy difícil pensar que las isapres puedan subsistir durante todo el año 2024 a pérdida (...) y solo recién en el mes de diciembre, uno pudiera aspirar a reponer ese equilibrio”. Enfatizó la necesidad de mantener el esfuerzo por despachar rápidamente el proyecto porque “si no es así, si se estimara necesario mayores plazos, significaría probablemente que las soluciones vendrían en un momento en que las compañías ya estarían todas quebradas”.
Tras la exposición ante los diputados, Arriagada señaló que el sector está preocupado por el efecto financiero de la implementación del fallo por primas GES desde enero. “Eso significó un 12% de disminución de nuestros ingresos y hoy todas las compañías ya no tienen los ingresos suficientes para poder cubrir las prestaciones. Entonces, si no se resuelve el tema de la ley corta, es poco probable que las compañías puedan sobrevivir durante un tiempo muy extenso y eso es el llamado que le hemos hecho a la Cámara a que se resuelva en la tramitación de la ley corta en los plazos estipulados”, sostuvo. En este punto, recordó que tras la menor actividad de los meses de verano “a contar del segundo trimestre y en adelante la atención médica llega a su periodo más normal y para qué decir en invierno”.