El estudio del mercado de medicamentos que dio a conocer la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no sólo entregó información inédita sobre el funcionamiento de esa industria, sino que además formuló un duro cuestionamiento a su transparencia y condiciones de competitividad que avivó el debate sobre el precio de los fármacos en Chile.
Luego de la difusión del informe preliminar el 20 de noviembre pasado, la FNE estableció un periodo para recibir las observaciones de los involucrados que vence mañana, donde serán esenciales los argumentos que presenten actores claves como los grandes laboratorios internacionales.
Junto con valorar el informe por representar "un primer insumo con datos sobre el mercado farmacéutico que nos parecen fundamentales para hacer políticas públicas basadas en evidencia", la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), Mariela Formas, detalló los puntos centrales que hicieron llegar a la FNE.
En este marco, el gremio ve necesario ampliar el análisis de las causas que explican el escenario de precios de medicamentos profundizando en el diagnóstico de la cadena de distribución y el rol que juega la integración vertical en el sector de farmacias, factor cuyo efecto no fue considerado relevante por la FNE.
"Sería muy recomendable que el informe ahondara en la concentración de la distribución y en la integración vertical, que sí importa y es relevante", destaca la directiva. En este ámbito, pone como ejemplo que el estudio no aclara si la "diferencia de precio observada entre las compras que realiza la Cenabast y las que hacen las farmacias -especialmente en medicamentos genéricos y genéricos de marca- se está considerando al distribuidor, que es un actor muy relevante teniendo en cuenta que existe concentración en la distribución".
Asimismo, Formas fijó la posición de los laboratorios innovadores respecto de las conclusiones de la FNE en cuanto al elevado gasto en marketing de la industria farmacéutica que estimó en US$ 212 millones, equivalentes al 25% del valor final, añadiendo que estas políticas inducen a los médicos a no prescribir alternativas técnicamente equivalentes más baratas. "Por un tema de transparencia, es importante que se abran los datos y se separe cuánto invierten los laboratorios de innovación en marketing o en visitadores en relación a la torta completa. Este desglose es necesario, porque de lo contrario se presta para malos entendidos", afirmó la directiva.
En este punto, precisó que los visitadores médicos de los laboratorios de innovación representan "menos del 10% del total que hay en el mercado, en torno a 6.500", que están regulados por un "código de ética que es espejo de la regulación internacional" y que sus prácticas responden a las necesidades de su segmento en el cual "el grueso de los productos son exclusivos o patentados, por lo que prácticamente no hacen marketing".
-Una de las grandes conclusiones del informe es su crítica a la relación entre los laboratorios y los médicos, que pide transparentar.
-Esa relación hay que regularla, tal como opera en el mundo desarrollado. Nosotros tenemos un protocolo de autorregulación que prácticamente es un espejo del sistema de regulación europea. De hecho, sería una muy buena política tener una propuesta de código de ética o de buenas prácticas como regulación para todos. Creo que es lo básico.
-¿En qué otro punto entregaron observaciones al estudio?
-Otra tema tocado en el informe y que tampoco profundiza, es la transparencia de los comité de farmacia para las compras en el mercado público. Es un tema muy relevante, porque la priorización de estas compras hace una diferencia enorme respecto del acceso de la población a tratamientos, especialmente en enfermedades de alto costo.
-Desde otros gremios se cuestiona que el estudio de la fiscalía tiene un énfasis económico que no tiene un contrapeso suficiente en cuanto a criterios de salud. ¿Está de acuerdo?
-Sí, le falta una mirada sanitaria y en ese sentido sería deseable que el informe final incorpore a un experto en salud, lo cual es necesario en un mercado como éste, que siempre va a tener asimetrías de información, porque hay un médico que receta y hay una farmacia de por medio. La regulación no sólo debe tener un foco en competencia, sino que tiene que tener además una mirada sanitaria.
-¿En qué aspecto del estudio se evidencia esa carencia?
-Por ejemplo, cuando se habla de política de bioequivalencia, en términos de que basta con ella para que los medicamentos sean intercambiables. Eso no es así: para que un medicamento sea terapéuticamente eficaz tiene que tener fiscalización de buenas prácticas de manufactura en planta y desarrollar fármaco-vigilancia.
Precio de los medicamentos
-Dado que el objetivo final de la FNE es bajar el precio de los medicamentos, ¿qué visión tiene respecto del análisis que hace del segmento en el que participan los laboratorios de la CIF?
-Al comparar las compras de Cenabast y de las cadenas de retail, el informe dice que la diferencia en el caso de los medicamentos originales, con patente o exclusividad, es menos de la mitad de la que existe en los genéricos. Esto no está en la conversación, y es entendible porque la participación de los medicamentos originales dentro del canal de farmacias es muy pequeña –los laboratorios internacionales equivalen a un 8,5%-, ya que básicamente van a los canales institucionales como los hospitales.
-Entre los antecedentes que se manejan en la discusión pública, se destacan las políticas de control de precios de los medicamentos en Colombia y Brasil ¿los considera ejemplos válidos para mejorar el mercado chileno?
-Colombia tiene precios más altos que los chilenos, como señala una amplia literatura y estudios que, de hecho, tiene la propia U. de Chile. En los rankings de precios de medicamentos innovadores, y también de genéricos, los países más caros de Latinoamérica son Colombia y Brasil, porque se produce algo que ha estudiado muy bien el BID: un efecto portafolio; como en medicamentos es imposible referenciar todo y no son iguales en todos los países, al elegir un grupo y fijar valores para ellos, sus sustitutos aumentan de valor. Ese es el efecto en Brasil y Colombia, que está súper estudiado, por lo cual es poco entendible que estemos hablando de temas de economía de salud muy antiguos. Chile siempre ha buscado precedentes para las políticas públicas en los países OCDE y me sorprende que estemos mirando a Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil.
-Sin embargo, muchos pacientes chilenos compran medicamentos en Argentina por su menor precio...
-Argentina tiene el PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) donde está el 80% de la población tiene cobertura superior el 70%. Entonces, es un seguro de salud público muy grande con el cual no existe una comparación efectiva.
-¿Cuál es la diferencia?
-Cuando se tiene un medicamento cubierto por un plan de salud, ese es un mercado diferente, porque los seguros tienen poder de negociación, un tipo de compra centralizada que ordena en cierta forma al mercado y, efectivamente, se tienen precios más baratos. Quizás no se ha evaluado en profundidad el efecto que tiene poner los medicamentos en los planes de salud.
-De hecho, el estudio de la FNE recomienda la creación de mecanismos de seguro para los medicamentos.
-La evidencia, especialmente en Europa, señala que incluir los medicamentos dentro de los planes de salud tiene dos efectos: uno negociador que posibilita una mayor amplitud de terapias, y como política pública genera acceso universal a la población ya que baja los precios. Para eso se deben tener organismos que evalúan los medicamentos que entran a los planes de salud con criterios de fármaco-economía. En este sentido, me parece curioso que la Fiscalía diga que primero se ordene el mercado y después se implemente un seguro de medicamento, porque su efecto ordenador forma parte de la regulación
-¿Qué ventaja implicaría para el sector si se implementa en Chile?
-Crea una institucionalidad seria, trasparente y ordenada, que negocia los valores a los que entran estos medicamentos a los planes de salud. Implicaría tener un aparataje que obliga a una actualización continua, y ya no solamente con las coberturas de las patologías GES y de la Ley Ricarte Soto, o guías clínicas que se evalúan cada tres años implicando una tecnología sanitaria obsoleta.
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