Después que a fines de septiembre Corfo pidiera a Contraloría evaluar legalmente el paso de Rafael Guilisasti desde el consejo de esa entidad a la presidencia de las Cascadas que controlan SQM, con la que la estatal mantiene un juicio arbitral, ayer el organismo emitió su dictamen.
En un documento de cinco páginas, respondió las cuatro consultas de Corfo. La primera fue determinar si el pertenecer al consejo equivalía al ejercicio de una función pública y, segundo, si le son aplicables las normas de probidad administrativa.
Respecto a estos puntos, Contraloría señaló que el consejo dirige y administra Corfo y que Guilisasti fue designado por potestad presidencial y luego agrega que dadas algunas leyes y normas, deben tener una conducta funcionaria intachable, guardando estricta imparcialidad en sus decisiones.
Enfatiza que dado que los consejeros son quienes adoptan los acuerdos relacionados con el objeto de Corfo, sus miembros “se encuentran obligados a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa”.
Pero luego profundiza en si existió o no un conflicto de interés o una infracción a la probidad, señalando que dados los antecedentes, no pudo formarse esa convicción.
De todos modos, señaló que aunque era insuficiente la presunción “de que mientras el denunciado era consejero inició negociaciones para asumir las funciones privadas que hoy ostenta”, “ello resultó al menos poco prudente, ya que es evidente que genera una razonable duda ética el pasar a integrar el directorio (y presidirlo) de tres empresas estrechamente vinculadas con otras que mantienen un importante conflicto judicial con la institución pública cuyo consejo integró”.
Finalmente, descartó sanciones, entre otras cosas porque para eso es necesario que éstas estén establecidas en la ley y que expresamente sean aplicables, lo que en este caso no ocurre.
Posiciones
El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, señaló que “la Contraloría estableció claramente que Rafael Guilisasti ejerció una función pública que implica deberes de probidad y que se genera una razonable duda ética al saltar desde Corfo a la presidencia de las Cascadas”.
“Nos asiste la convicción de que el ex consejero tuvo acceso a información confidencial para el juicio arbitral (con SQM). La institución se mantendrá vigilante”, dijo.
Según el documento de Contraloría, la defensa de Guilisasti se basó en que el consejo que integró es un órgano de dirección superior que ve temas de fomento a la producción, pero no el detalle de asuntos como el juicio arbitral entre Corfo y SQM.
Añadió que el conocimiento que tuvo del litigio fue sobre aspectos generales y cuando se profundizó más, fue de temas que terminaron siendo públicamente conocidos.
Guilisasti enfatizó que no tuvo acceso a información reservada ni privilegiada y que respetó todas las normas de probidad.