SAG afianza las exigencias para autorizar parcelaciones rurales y desmienten que procesos estén suspendidos

Luego de que la justicia suspendiera temporalmente el instructivo del Ministerio Agricultura que ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) endurecer los criterios para autorizar loteos, la disputa entre el gobierno y los parceleros se ha vuelto rutinaria.

El gremio Chile Rural, cuya denuncia provocó la paralización de la circular del Ejecutivo, ha acusado en reiteradas ocasiones que funcionarios del SAG siguen aplicando el documento ante solicitudes de subdivisión. Rápidamente, las autoridades respondieron entregando al tribunal los documentos para acreditar la suspensión del instructivo y defender su accionar.

Este ir y venir de documentos en la justicia ha dejado una cosa clara: el sistema de subdivisión de predios rústicos tuvo un antes y un después con los episodios vividos en 2022 y el Estado será cada vez meticuloso para aprobar los loteos.

Dicha actitud se puede ver en los documentos expuestos por el SAG ante la justicia en los que, si bien no rechaza de plano las solicitudes de algunas inmobiliarias, se ve que el servicio está exigiendo más antecedentes para dar el visto bueno. En esas contestaciones, se observan casos donde se pide a las empresas demostrar que el proyecto no se superpone con parques nacionales, que las subdivisiones no afectarían el bosque nativo o que los caminos para llegar al lote pueden ejecutarse sin perturbar el entorno.

La nueva línea

Así lo sostuvo el propio SAG en una circular emitida a fines de 2022, para responder a las acusaciones del gremio de parceleros. La institución señaló que, si bien el instructivo estaba suspendido, su finalidad era “uniformar criterios de actuación respecto de facultades preexistentes y legalmente consagradas”.

El oficio agregaba que las autoridades administrativas siempre tendrían la posibilidad de solicitar informes a otros órganos para mejorar sus resoluciones y prevenir conflictos.

Fuentes especialistas señalan que efectivamente el SAG siempre tuvo la facultad de exigir más información, solo que jamás había existido una preocupación por las parcelaciones.

Eso, hasta que las solicitudes comenzaron a aumentar explosivamente. Según el propio servicio, en 2022 se aprobaron más de 16 mil subdivisiones; en 2021, ese número había superado las 19 mil; y, en 2019, la cifra todavía no alcanzaba las 10 mil autorizaciones. La pandemia y la posibilidad del teletrabajo fueron algunos de los grandes factores que impulsaron esa migración ciudad-campo.

Con esto, un abogado del rubro sostiene que si el endurecimiento de los criterios hubiese sido una instrucción interna entre los funcionarios del SAG, posiblemente no hubiese existido problema, sin embargo, al emitir la circular, el Minagri pudo haber tomado atribuciones correspondientes al Congreso, motivo por el que justamente se suspendió temporalmente el instructivo.

Algunos casos

Frente a las acusaciones de Chile Rural, el SAG había entregado a la justicia más de 60 documentos que mostraban procesos de certificación que se reanudaban tras la paralización de la circular. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) explicó que reanudar la revisión no significaba autorizar instantáneamente el loteo.

Por ejemplo, en el caso de una solicitud de la compañía Green Capital SpA en la Región de Aysén, el CDE argumentó que durante 2022, el SAG de Coyhaique tramitó un total de 1.052 peticiones para subdividir predios, de unas 22.000 a nivel nacional.

La tramitación “ha tomado el menor tiempo posible, dentro de las capacidades de gestión de la Unidad a cargo, que por lo demás, cuenta con un solo funcionario”, dijo el CDE.

En ese caso, además, se exigió a la empresa acreditar que, en el marco de la normativa forestal, el proyecta contaba con las autorizaciones para eliminar las especies que ocupan el espacio del lote o si estas “están afectas a algún impedimento definitivo o prohibición de corta u otras restricciones asociadas a la proximidad y/o superposición al Parque Nacional Laguna San Rafael”.

En otra solicitud, de un predio de propiedad de Refugio Pollux SpA, el SAG hizo ver que en los caminos del lote “el ancho de la servidumbre de paso proyectada no es suficiente para el libre tránsito de vehículos, incluidos los de emergencia”.