LyD calcula el costo que tendría la propuesta de la Convención de aumentar de tres a 16 los tribunales ambientales

Una revisión de los costos y del quehacer de los Tribunales Ambientales, órganos especializados para resolver controversias medioambientales, realizó el centro de estudios e investigación Libertad y Desarrollo (LyD). Esto, frente a la propuesta de la Convención Constitucional de que “habrá al menos un tribunal ambiental en cada región del país”, incrementando el número de estas instancias a 16. Actualmente son tres, con asiento en Antofagasta, Santiago y Valdivia, los cuales ejercen jurisdicción en un conjunto de regiones o macrozonas.

De acuerdo a LyD, en 2021, el Fisco destinó $ 4.883 millones en el funcionamiento de los tres tribunales. Con el supuesto que estas nuevas instancias mantendrían su estructura colegiada de tres ministros titulares y dos ministros suplentes, junto a la planta de personal con sus respectivas remuneraciones, “en un escenario optimista dado que los actuales tribunales ambientales duplican y triplican la planta mínima utilizada como referencia, el costo anual de cada instancia sería de aproximadamente $ 973 millones”.

Esto, agregan, alcanza un gasto total de $ 15.589 millones versus los $ 4.883 millones que destinó en 2021. Es decir, el centro concluye que la propuesta de la Convención aumentaría en 220% el gasto.

Más allá de los números, LyD discrepa por uno de los argumentos que se utilizó para justificar la medida. En Chile existen un total de 100 juzgados civiles, 91 juzgados de garantía, 60 juzgados de familia, 26 juzgados laborales, cuatro tribunales de cobranza laboral y previsional; y 18 tribunales tributarios y aduaneros.

En esa línea, el centro de estudios plantea que durante el año pasado llegaron 139 causas a los tribunales ambientales y desde 2017 han ingresado un total de 55 acciones. Sin embargo, “si bien los ingresos han ido en aumento, no se evidencia un incremento ostensible a nivel regional que justifique abrir 13 nuevas sedes”, se plantea.

A modo de ejemplo, ilustran que, si se consideran las 139 causas ingresadas el año 2021 divididas en los futuros 16 tribunales ambientales, cada uno de ellos conocería un total de 8,7 causas anuales. Es decir, menos de una causa mensual, lo que es “excesivamente bajo e ineficiente en relación con la infraestructura y recursos humanos que poseen”.

Además, se sostiene que los actuales tribunales ambientales han optimizado sus procesos internos, ya que si a 2017 el Fisco desembolsaba en promedio $ 114.443 por causa, el año pasado el valor se redujo a $ 39.973. 

Lejanía de los tribunales

En la Convención se habría argumentado que el bajo número de ingresos de causas a estas instancias tenía relación con la lejanía geográfica. Para LyD, esto no tiene asidero, ya que se constata que la mayor cantidad de ingresos proviene precisamente de regiones en donde no tiene asiento el tribunal: “La hipótesis que la lejanía física de los tribunales ambientales implicaría un desincentivo para recurrir a la justicia ambiental, no se sostiene”.

Por ejemplo, puntualizan, en el caso del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, el 74% de las causas ingresadas el 2021 provienen de las regiones de Tarapacá, Atacama y Coquimbo. De hecho, Coquimbo lidera los ingresos con ocho causas (35%), superando a Antofagasta (26%).

De esta manera, LyD recalca que la lejanía no es un factor determinante en el ingreso de causas en materia ambiental y que “sobre la base de una hipótesis sin sustento, se forzará al Estado a más que triplicar los recursos que destina para continuar realizando exactamente la misma labor”.

Además, se pondría en duda la homogeneidad en los fallos de cada tribunal, la que de alguna manera es promovida con la actual distribución jurisdiccional en que cada uno concentra su labor en proyectos de similares características debido a las singularidades de cada macrozona. “Al tener un tribunal por región, con lo ambiguo de las redacciones de la propuesta constitucional, podemos enfrentarnos a un escenario de divergencia en los razonamientos jurídicos”, se advierte.