No es lo mismo

SUSANA JIMÉNEZ SCHUSTER

En reiteradas ocasiones se ha señalado que, independiente del resultado del plebiscito, vendrá un período de alta incertidumbre en Chile. A la luz del texto que propone la Convención Constitucional, no solo parece curioso, sino también muy equivocado, equiparar el futuro del país frente a uno u otro desenlace.

No es lo mismo tener un sistema político con una mala distribución de poderes, altamente concentrada en el Congreso de Diputados -que se materializa de ganar el Apruebo-, que tener un sistema con contrapesos y que no debilita instituciones como el Senado y el Tribunal Constitucional, que han actuado históricamente con sensatez.

“Si alguien aún piensa que la situación post plebiscito ‘da más o menos lo mismo’, es que sencillamente no ha leído bien el texto que estamos llamados a evaluar. Cuidado”.

No es lo mismo un Poder Judicial independiente, donde todos somos iguales, que implementar sistemas de justicia diferenciados según el origen de las personas, donde se incorpora la politización y faltan los principios básicos de la democracia: igualdad ante la ley y separación de poderes.

No es lo mismo defender la seguridad, la paz y el Estado de Derecho con todas las herramientas disponibles, que aprobar la restricción de los medios establecidos eliminando el estado de emergencia y desmilitarizando Carabineros.

No es lo mismo un Banco Central realmente autónomo y una política fiscal que limita el gasto público, que aprobar que los políticos puedan aumentar el gasto, crear empresas estatales, imponer tasas y contribuciones, y permitir su endeudamiento.

No es lo mismo velar por la estabilidad de las reglas del orden económico que aceptar que pueda modificarse con quórums irrisorios, de simple mayoría de los presentes. Esto significa que temas importantes -como la propiedad, la libertad económica y de emprender, la nacionalización de industrias o la aplicación de impuestos- puedan decidirlos apenas 30 personas.

No es lo mismo vivir en un país en que todos somos iguales en dignidad y derechos, que aprobar la existencia de grupos privilegiados por su origen étnico, dándoles acceso prioritario a territorios y recursos naturales, el autogobierno, escaños y cupos en los órganos colegiados de representación popular, protección especial de su propiedad y un sistema propio de justicia. Peor aun, al exigirse su consentimiento en materias que les afectan, podrán vetar leyes, proyectos y políticas públicas que sean de interés de los chilenos.

No es lo mismo que hoy los agricultores desarrollen su labor libremente, que hacerlos depender de que la autoridad de turno les dé permiso para usar el agua de la que hoy son dueños. Tal cual: les expropiarán el agua y se la cambiarán por autorizaciones administrativas, incomerciables, temporales y sujetas a revocación. A ello se suma la soberanía alimentaria recogida en el proyecto constitucional, que permitirá la intervención estatal en la producción, un peligro adicional para el mercado de exportación.

No es lo mismo tener derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que resguarde la naturaleza en armonía con el desarrollo humano, que tener una Constitución que considere a la naturaleza como sujeto, le reconozca derechos, otorgue acción popular y se transforme en una amenaza para actividades como la forestal, ganadera, agrícola o industrial.

No es lo mismo hacer minería con concesiones entregadas en sentencia judicial que dejarla sujeta a leyes de mayoría simple y a una conciliación aún incierta entre el derecho de emprender y el derecho de la naturaleza.

Si alguien aún piensa que la situación post plebiscito “da más o menos lo mismo”, es que sencillamente no ha leído la insensatez del texto que estamos llamados a evaluar. Cuidado. No es lo mismo.