Empresas materializan cuestionamientos a informe clave en proceso de tarificación de la distribución y acuden al Panel de Expertos

Tal como se esperaba, diversas empresas acudieron este jueves -al filo del plazo- al Panel de Expertos para discrepar por el Informe Técnico del Cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente al cuatrienio noviembre 2020-noviembre 2024. El documento fue un hito clave en el proceso de determinación del VAD, el cual es el primero bajo las reglas de la ley corta de distribución 2019.

El cálculo del VAD debe ser realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) cada cuatro años. En la práctica, determina la tarifa que se cobra a clientes regulados, en su mayoría residenciales. El resultado de este proceso representa el 20% de las tarifas que pagan las familias. De los costos derivados del cálculo del VAD se obtendrán posteriormente las tarifas de distribución de todas las empresas y cooperativas eléctricas.

Sin embargo, el proceso ha enfrentado controversias en medio de su demora. CGE acudió en agosto a Contraloría General de la República, acusando que los valores resultantes del estudio de VAD "carecen de toda lógica", traduciéndose en una tasa de rentabilidad negativa para la empresa. Y, en cuanto se publicó el informe en cuestión, las empresas daban por hecho que acudirían a la instancia que dirime conflictos del sector.

Entre las firmas que presentaron casi una treintena de discrepancias está Enel Distribución, CGE, Chilquinta, y diversas cooperativas. En este último caso, por ejemplo, figura la Cooperativa Eléctrica Curicó, Cooperativa de consumo de energía eléctrica Chillán, Cooperativa Eléctrica La Frontera, Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno, entre otras.

Una de ellas, CGE, firma que llevó sus diferencias respecto al proceso a la Contraloría General de la República, no dejó pasar la instancia para formular su discrepancia que consta de cinco materias en cuestionamiento. Entre ellas, el dimensionamiento de instalaciones y costos de operación y mantenimiento para cumplir con la norma y las pérdidas de energía y potencia y gastos asociados al control de pérdidas.

Pero más allá de su argumentación técnica, hizo ver de entrada sus críticas a lo realizado por la autoridad. A juicio de la firma, a lo largo del proceso se verificaron una "serie de irregularidades", referidas tanto a la adecuación de este a las bases técnicas, como a los criterios que deben aplicarse para que la tarificación sea consistente con los objetivos del proceso tarifario.

Según explicó el gerente general de CGE, Iván Quezada, quien firma el escrito, tanto el informe de avance 1 como el 2, fueron aprobados por el Comité del Estudio con la oposición de la totalidad de los representantes de las empresas de distribución, incluidas las cooperativas eléctricas, y con el voto dirimente de la CNE, a pesar de adolecer de evidentes deficiencias cada uno de ellos.

"Mientras dos capítulos del primero se encontraban incompletos, el Nº2, además de encontrarse incompleto, presentaba errores de formulación, usó criterios sin la correspondiente justificación y resultó intransable e irreproducible, deficiencias todas que contrarían lo explícitamente establecido en las bases técnicas para la elaboración del Estudio VAD y en la normativa vigente", se detalla.

CGE continúa su descargo, indicando que la CNE, para entregar su voto dirimente y por esa vía, aprobar los informes de avance, pese a sus deficiencias y a no sujetarse estrictamente a las bases técnicas para la elaboración del Estudio VAD, "fundó su decisión en una errada interpretación del alcance de estos informes y bajo el supuesto también errado, de que la trazabilidad y completitud solo serían exigibles al informe final". 

Así, plantea CGE, "llama poderosamente la situación que, aun cuando los informes de avance no cumplían con los requisitos necesarios para ser aprobados, los representantes de la CNE no hayan realizado observaciones a ellos, argumentando que, a diferencia de los otros integrantes del Comité, pueden revisar los informes del consultor en la etapa posterior, es decir, una vez terminadas las funciones del Comité de Estudio".

De esta manera, el informe final y las diferentes versiones del documento final definitivo -a juicio de CGE- "adolecieron de graves problemas relacionados con incumplimientos legales, normativos y de bases, así como con la existencia de errores relevantes y con la imposibilidad de reproducir resultados relevantes, sin perjuicio de lo cual, con fecha 2 de junio de 2022, el Comité de Estudio aprobó la tercera versión del informe final definitivo presentada por el consultor, con los votos en contra de varios de los integrantes que representan a empresas concesionarias de servicio público de distribución, entre ellos el de CGE, votación que se fundó en cada una de las observaciones relevantes planteadas reiteradamente al Ministerio de Energía y a CNE, tanto de manera directa como en el marco del Comité de Estudio, durante el curso de este proceso de fijación de tarifas".

Mientras, Enel Distribución presentó un escrito de 129 páginas discrepando respecto a la resolución del 23 de diciembre de la CNE que aprobó el Informe Técnico del Cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución, ya que -a su juicio- la entidad no acogió una serie de observaciones formuladas por la firma al informe en relación con el costo total de inversión y ajuste por efectos de impuesto a la renta, los costos de operación y mantenimiento, los costos fijos independientes del consumo, las pérdidas medias e indexación.