La Contraloría General de la República se pronunció esta tarde respecto a la consulta realizada por el diputado Enrique Accorsi (PPD) y la presidenta de la colectividad Carolina Tohá en cuanto a la existencia de un eventual conflicto de interés del Presidente Sebastián Piñera con el proyecto carbonífero Isla Riesco.
La presentación de ambos personeros se hizo debido a que una de las empresas que integran la sociedad Isla Riesco es Empresas Copec -del grupo Angelini-, donde Piñera aún mantiene785.609 acciones. Los ojos de la Moneda estaban sobre este tema ya que, de encontrarse un conflicto, podría significar que el presidente debe enajenar estos títulos.
El órgano contralor señaló -en un oficio de cuatro páginas- que la posesión de dichas acciones no implicaría una eventual parcialidad hacia el interés personal del presidente. En el documento, el contralor Ramiro Mendoza informó que "la integración del referido órgano decisorio no es consecuencia de la calidad de la calidad de exclusiva confianza que dichas autoridades tienen respecto del Presidente de la República, motivo por el cual las opiniones que ellas manifiesten y las decisiones que el comité adopte no dicen, en principio, relación con los intereses personales del Primer Mandatario".
Con respecto a la otra solicitud que Accorsi y Toha realizaron a la Contraloría, relacionada con la eventual actualización de su declaración de patrimonio que deberia hacer Piñera en caso que se encontrara un conflicto de interés, el organismo afirmó en el oficio que "no se encuentra la hipótesis planteada por los solicitantes".