Tuvieron que pasar casi tres años para que la sociedad concesionaria del Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dieran vuelta la página respecto a una de las mayores controversias abiertas entre las partes en el último tiempo, referida a la construcción del nuevo Edificio Terminal Internacional de pasajeros. Fuentes cercanas al caso comentan que la disposición al diálogo del Gobierno actual fue primordial para sellar este proceso. Y aunque el acuerdo entre las entidades significó para la cartera -que actualmente lidera la ministra Jessica López- el desembolso de una millonaria suma que deberá ser pagada en cuotas, el monto no supera el 50% de lo exigido en un principio por la empresa.

El caso partió en mayo de 2018, el consorcio formado por las empresas francesas Aéroports de Paris y Vinci más el grupo italiano Astaldi, acudió al Panel Técnico de Concesiones y acusó a la cartera de incumplir el contrato correspondiente al mejoramiento y ampliación del T2, debido a que el proceso de revisión y aprobación del Proyecto de Ingeniería Definitiva (PID) se habría desarrollado fuera de los plazos. Y solicitó un mayor lapso para la ejecución.

Ante esto el MOP, encabezado en ese momento por Juan Andrés Fontaine, reconoció en mayo de 2019 su responsabilidad en el retraso de la revisión y aprobación del PID. Y a pesar de que extendió el plazo de entrega de las obras, no reconoció indemnización ni compensación alguna. Esto ocasionó que Nuevo Pudahuel nuevamente acudiera al Panel y solicitara UF 4.595.188 en compensación por “perjuicios derivados de atrasos e incumplimientos imputables al MOP”.

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Sin embargo, las conversaciones entre las partes no prosperaron. Y fue en ese contexto que a principios de agosto de 2020 el consorcio presentó una demanda ante la Comisión Arbitral en contra de la cartera ministerial, en la que solicitó declarar que el MOP había incumplido sus obligaciones, provocando retrasos y disrupciones en la ejecución de las obras. Y, por ende, pidió que se le condenara al pago de UF 3,4 millones, es decir, un poco más de US$ 150 millones. Esto, asociado a los mayores costos vinculados al retraso de las obras, y a la pérdida de productividad de maquinaria y mano de obra directa, entre otros factores. Días más tarde, el MOP rechazó la demanda a través del Consejo de Defensa del Estado.

Finalmente, y tras meses de negociaciones, a fines del año pasado el MOP -encabezado por el exministro Juan Carlos García- y la concesionaria, sellaron el pago de UF 1.272.284 más intereses, según consigna la resolución emitida por la cartera. Esto equivale a unos US$ 55,5 millones, que deberán ser cancelados a través de tres cuotas. La primera de ellas, de UF 600 mil (más intereses) venció el pasado 31 de marzo.Las otras dos, de UF 336.142 (más intereses) cada una vencerán en diciembre de 2023 y en junio de 2024, respectivamente.

Además, a principios de este año ambas partes acordaron y dieron por finalizadas una serie de otras controversias correspondientes a diversas multas aplicadas a la concesionaria por unos US$ 5 millones.

Acuerdo entre las partes

Francois-Regis Le Miere, gerente general de Nuevo Pudahuel, valoró la resolución y dijo que “nos alegra muchísimo darnos cuenta que el nivel de relación permite a las partes hablarse y exponer sus argumentos”. Y agregó que “el acuerdo demuestra que en estas controversias, que son normales en contratos de esta magnitud, no se deja que estos temas terminen enredando más obras”.

Por su parte, el director general de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, se refirió a las distintas controversias que hoy mantiene el Aeropuerto de Santiago con el MOP -como aquella relacionada con el tráfico de pasajeros en pandemia (ver recuadro)- y sostuvo que han dado luz verde a aquellas causas que estaban tramitadas en la Comisión Arbitral, lo que permite “avanzar en resolver estas controversias que fueron heredadas de una relación contractual del Gobierno pasado”.

“Lo más importante, es que independiente de que tengamos una línea controversial que estamos resolviendo, podemos permitirnos continuar construyendo el aeropuerto. Aquí no existe una paralización producto de diferencias de interpretación en el contrato (...) sino que por el contrario, andan y van por puertas separadas”, mencionó la autoridad.

El proceso paralelo de la demanda
en contra del Estado chileno ante el Ciadi

Durante la pandemia el flujo de tráfico aéreo bajó considerablemente a causa de las restricciones sanitarias, lo que provocó cuantiosas pérdidas para Nuevo Pudahuel, las que en 2020 alcanzaron los $358.901 millones. Y además, en ese mismo período, el consorcio había ejecutado inversiones por US$1.000 millones en el proyecto para duplicar la capacidad de pasajeros anuales.
En este contexto, la empresa solicitó al MOP modificar el contrato vigente y extender el plazo de la concesión que finaliza en 2035. Esto, con el objetivo de recuperar parte de la inversión realizada en la construcción del nuevo Terminal Internacional.
Sin embargo, desde Obras Públicas rechazaron esta idea, y en 2021 la concesionaria demandó al Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), causa que aún está vigente. De acuerdo a Francois-Regis Le Miere, esta “es una causa que fue iniciada por los accionistas de Nuevo Pudahuel. Y esto sigue su camino, es normal y natural, no hay que tenerle miedo ni otra cosa”.