Fiscal Gajardo: investigación a Masvida apunta a ejecutivos responsables de enviar información falsa

El jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, aclaró esta tarde que la investigación que la Fiscalía Oriente ordenó iniciar a isapre Masvida apunta contra las personas naturales que eventualmente cometieron el delito de enviar información falsa a la Superintendencia de Salud.

"Es una investigación que dirige en búsqueda de personas determinadas, personas naturales, que hubieran cometido o hubieran podido cometer el delito de enviar información falsa. No hay acá, por lo tanto, una investigación a la persona jurídica. Cualquier tipo de sanción a la persona en este caso no está permitido en el código penal", explicó.

"Será algún tipo de gerente, algún tipo de encargado, la persona que específicamente pudiera haber cometido ese delito es responsable penalmente", dijo en conferencia de prensa.

El persecutor evitó adelantar si iban a realizar acciones como allanamientos en las dependencias de la Isapre afectada por una grave situación financiera.

"Las diligencias que hagamos en su momento van a ser decretadas y, por lo tanto, no hay ninguna que aún haya sido determinada", sentenció.

El fiscal apuntó que la investigación se trabajará con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y en coordinación con el regulador de Salud y otras instituciones que puedan prestar "información útil" para llevar adelante la causa.

Por otro lado, confirmó que las diligencias que inició el Ministerio Público fueron de oficio, lo que significa que no se necesitó de una denuncia previa.

"Es una decisión que toma la Fiscalía de manera autónoma, no hay ninguna denuncia que se halla interpuesto. La decisión que se toma es a raíz de la información pública que ha aparecido en los últimos días en los medios de comunicación".

Tras la conferencia, la fiscalía emitió un comunicado, aclarando que la investigación es por la eventual existencia del delito de falsificación u ocultamiento de información a la Superintendencia de Salud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 228 del DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud.

"Esta normativa remite, a su vez, al artículo 210 del Código Penal, que persigue el perjurio", precisó.