UDI insta al reencuentro y a una reflexión “seria y honesta” sobre las causas del “quiebre institucional”
En una nueva declaración pública, el gremialismo incluyó como un punto su rechazo a las violaciones a los derechos fundamentales.
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Una nueva declaración con ocasión del 11 de septiembre de 1973 formuló este lunes la Unión Demócrata Independiente (UDI). A través de este texto, de una carilla y ocho puntos, la colectividad fundada por Jaime Guzmán, manifestó la necesidad de una “profunda y permanente reflexión” respecto a las causas que llevaron al golpe de Estado, su significado y consecuencias políticas para Chile.
En este marco, la UDI sostuvo que el “quiebre institucional” tiene como causa directa la situación que vivía Chile, en que, entre otras cosas, se había legitimado la violencia como método de acción política, propiciada por “un sector de la izquierda chilena”.
“(La UDI) condena sin matices las violaciones a los derechos fundamentales. Como señaláramos en La Paz Ahora en el año 2003, Chile debe persistir en el camino de la justicia y la reparación, por el camino institucional”.
El documento también señaló que “una reflexión seria y honesta” exige reconocer que el proyecto político de la Unidad Popular (UP) encaminaba a Chile a una “revolución socialista” y que el Gobierno de Allende “accedió al quebrantamiento de la democracia, propiciando una confrontación con la Contraloría General de la República, la Corte Suprema y el Congreso Nacional, para imponer su proyecto político”.
Y añadió que dado el quiebre, social, político e institucional el golpe de Estado se transformó en algo “inevitable”.
La UDI expresó que, desde su conformación, el objetivo del partido ha sido “el reencuentro entre chilenos” y, en esta línea, “condena sin matices las violaciones a los derechos fundamentales –tampoco usa el término derechos humanos- Como señaláramos en La Paz Ahora en el año 2003, Chile debe persistir en el camino de la justicia y la reparación, por el camino institucional, civil y penal”.
La semana pasada, la UDI se había negado a suscribir la Declaración de Santiago, que sí firmó el exPresidente de la República, Sebastián Piñera.
Sin embargo, la colectividad había emitido un documento en el que hizo una serie de compromisos, como respetar la democracia, pero que fue objeto de duras críticas, porque no había mencionado los atropellos a los derechos humanos ocurridos en dictadura.
Pese a lo anterior, sus dirigentes y el propio Piñera coincidieron en no participar en los actos conmemorativos de los 50 años del golpe de Estado de 1973.
Impasse en la sala
Al inicio de la sesión de sala de la Cámara de Diputados este lunes, se rindió homenaje a la figura del exPresidente Salvador Allende por parte del Partido Socialista y la Democracia Cristiana, en su calidad de exdiputado y exsenador de la República.
Como jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri, lo calificó como “el mejor de los nuestros”, que “siempre buscó la unidad de su pueblo” y que nacionalizó el cobre.
Lo que más generó molestia en la oposición fue que contrastó el final de Allende con el de Augusto Pinochet.
Así, el homenaje no terminó bien, ya que el diputado gremialista Gustavo Benavente trató de mostrar cómo estaba el país cuando sobrevino el golpe de Estado y luego de cinco llamados de atención se le impidió seguir con la palabra, pues sus dichos no correspondían a un homenaje.
La declaración de la Cámara
De una declaración suscrita por diputados y diputadas de manera ‘casi’ transversal, denominada “Acuerdo Por la Democracia, los Derechos Humanos y por la No Violencia Política”, hizo entrega este lunes al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, un grupo de los legisladores firmantes, en el marco del homenaje a los 50 años del golpe de Estado.
Por lo que los firmantes, en representación de sus bancadas o comités, se comprometen a respetar los que estiman que son los tres pilares fundamentales para la convivencia política y social de Chile y sus habitantes. En primer lugar, “nos comprometemos con “más y mejor democracia”; respeto a los derechos humanos; y a no violencia política y también a “rechazar cualquier expresión en ese sentido, sostiene la declaración.
Los firmantes son Eric Aedo (DC), Jorge Guzmán (Evópoli), Tomás Lagomarsino (indep.), Raúl Leiva (PS), Andrés Longton (RN), Daniel Melo (PS), Vlado Mirosevic (PL), Helia Molina (PPD), Érika Olivera (Demócratas), Joanna Pérez (Demócratas), Diego Schalper (RN), Alexis Sepúlveda (PR), Raúl Soto (PPD), Francisco Undurraga (Evópoli) y Alberto Undurraga (DC).