Un Pacto Social que considera un Plan de Acción Social Inmediato; una Agenda de Reformas Sociales con un plazo a 5 años; y la creación de un Consejo Ciudadano, que acompañe estas decisiones y supervise su implementación, propuso hoy el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, al.presidente Sebastián Piñera, a través de una carta abierta que hizo pública en compañía del exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.
El llamado Plan de Acción Social Inmediato, contempla ocho medidas para salir de la situación en que se encuentra el país y pone énfasis en que la reforma previsional debe avanzar a un sistema mixto de seguridad social, que supere el régimen de capitalización individual de las AFP, lo que implicaría en lo inmediato un reajuste de la Pensión Básica Solidaria en un 50% ($165.037); ampliar gradualmente la pensión máxima con aporte solidario y la cobertura del sistema de pensiones solidarias del 60% al 80%; incluyendo a la clase media. Lo que duplica el aumento propuesto por el Gobierno y compromete la recaudación anunciada.
Para ello, el PPD, a través de su timo el,propone que se establezcan los criterios de la reforma global del sistema previsional en trámite, de tal manera que permita transitar a un sistema mixto y solidario de pensiones basado en los principios de dignidad y seguridad social.
Con ese fin se plantea fortalecer las atribuciones del Estado en el sistema, en su rol de garante de la seguridad social; incluir elementos de solidaridad intergeneracional e intrageneracional; introducir transparencia y legitimidad en el sistema con una adecuada representación de los intereses de los afiliados; introducir mayor eficiencia y transparencia en el sistema de capitalización individual, a través de medidas en beneficio de los afiliados y que reduzcan costos y márgenes de utilidad; y, el alza gradual del aporte empresarial a las cotizaciones a un 6% siendo un 3% destinado "a financiar transferencias solidarias que permitan mejorar, en al menos un 30%, las pensiones de los sectores medios y contemplen medidas especiales que mejoren las pensiones de las mujeres".
Adicionalmente, se plantea limitar las utilidades de las AFP a no más de un 6%, y destinar los excedentes al fondo solidario; y, establecer un grupo de trabajo especializado que proponga una reforma respecto de los sistemas de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad para eliminar las inequidades presentes.
Las otras siete medidas de carácter inmediato son la gratuidad en el transporte público para adultos mayores (total para los adultos mayores de 65 con pensión básica solidaria y rebaja tarifaria idéntica a la tarifa escolar para el resto de los adultos mayores durante todo el día) El costo de esta medida, sostienen, es de 220 millones de dólares. También proponen un salario mínimo de $350.000; rechazar el ingreso mínimo garantizado, "por sus riesgos de abuso y vulneración de la medida, que derive en rebajas de salarios con cargo al Estado o en mecanismos espurios para acceder al beneficio"; ademas plantean un plan inmediato de apoyo a las Pyme "para retener fuentes laborales en la crisis y programas pro-empleo que favorezcan la contratación".
En matetia de salud, proponen que se establezca de inmediato una banda de precios que regule y reduzca su valor, controlando un mercado no competitivo y una lista básica de medicamentos gratuitos para los adultos mayores, en base a los que tienen mayor impacto en sus costos y riesgos de salud; que se eleve el per cápita de la salud primaria al menos a $10.000 por mes y entregar un mayor apoyo a los municipios para lograr un buen uso de dichos recursos.
Ademas, proponen aprobar el proyecto de 40 horas semanales de la jornada de trabajo y que el Ejecutivo lo patrocine.
Por último, entre las medidas inmediatas proponen un incremento y distribución del Fondo Común Municipal, en el que las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia deberían transferir al FCM el 75% de lo que recauden y la reducción de un 50% en la dieta parlamentaria y de las remuneraciones de altos funcionarios públicos. Adicionalmente, considerar las propuestas de RN y la DC en cuanto al CAE.
En lo que respecta a las Reformas Sociales a cinco años, proponen una nueva arquitectura del Sistema tributario para el financiamiento del Pacto Social aumentando los ingresos en 5 puntos del PIB en un plazo de 5 años. Para ello, "los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben convocar de inmediato a un grupo de expertos para que propongan en un plazo de 4 meses un anteproyecto de reforma estructural del sistema".
Ello para abordar modificaciones al IVA, ampliando la base a actividades hoy no afectas (servicios) y devolviendo parte del IVA a grupos vulnerables; desintegrar el sistema tributario o buscar límites a la postergación del pago de impuestos de los dividendos a efectos de emparejar el trato tributario de los ingresos del capital -hoy preferente- con el de las rentas que provienen del trabajo; acotar las franquicias tributarias a las ganancias de capital para acciones y cuotas de fondos con presencia bursátil, asegurando, entre otras modificaciones, que dicha presencia sea efectiva; fortalecer la capacidad de fiscalización y acción del Servicio de Impuestos internos, robusteciendo, entre otras materias, la cláusula general anti-elusión; ainear los "impuestos verdes" al estándar OCDE. Aumentar el impuesto al diésel, hasta igualarlo al impuesto a las gasolinas. Incrementar la cobertura del impuesto al CO2 (abarca aproximadamente el 40% de las emisiones) y subirlo de US$5 a U$ 30 la tonelada, lo que genera una recaudación de US$ 1.000 millones; incrementar los impuestos saludables (tabaco, azucares,) que protegen la salud de las personas y alivianan la carga pública en programas de salud; eliminar de régimen renta presunta; y sumar la equidad territorial "como un objetivo de la reforma tributaria y de gasto público".
También plantean la necesidad de venerar una agenda de desarrollo productivo que contemple acordar un plan especial de apoyo financiero y productivo a las Pyme, con prioridad a la crisis económica, pero también con políticas activas de innovación, transferencia tecnológica y apertura de mercados; reformular radicalmente el SENCE, para facilitar la transformación tecnológica de las empresas y mejorar la adaptación laboral a los empleos emergentes; evaluar las medidas de apoyo a las Pyme para avanzar decidida y responsablemente en la meta de un avance gradual del salario mínimo desde los $350.000 propuestos a los $500.000, que es lo que permite a un hogar estar por sobre la línea de la pobreza; la creación de un Seguro Único de Salud en que todos los chilenos cotizarán su actual 7% en un Seguro Único pudiendo contratar seguros adicionales si lo requieren.
Asimismo, en materia de transporte público y concesiones sugieren realizar un cambio profundo a los modelos de contrato de las concesiones, sobre la base de una rentabilidad de los proyectos que no supere el 8% real, con efecto en la reducción de las tarifas o los plazos de los proyectos; privilegiar las inversiones en transporte público en todas las regiones del país y mantener el cronograma de inversiones del Metro.
En cuanto a medidas anti-corrupción plantean perfeccionar los tipos penales y reforzar las sanciones civiles para todo el arco de los delitos de "cuello y corbata", entre privados y con agentes públicos, conforme a los mejores estándares y prácticas internacionales; fortalecer las instituciones del sistema de transparencia, fiscalización y contralorías de todo el sistema público diseñar e implementar una agenda especial de prevención y ataque contra los riesgos de penetración del narcotráfico en las instituciones, las redes de la sociedad civil y la economía.
Por último, en cuanto a medidas de largo plazo también plantean propuestas en lo que se refiere al Consejo Ciudadano, en las que plantean que los poderes Ejecutivo y Legislativo concordarán un proyecto de ley que lo crea, con el fin de asegurar participación social en la definición de los contenidos del pacto y en decisiones para la calidad de vida y la convivencia. Este estará conformado por representantes de organizaciones formales de la sociedad civil y participan representantes del mundo del trabajo -50%- (organizaciones de trabajadores y de diversos tipos de empresarios), 25% representado por estudiantes, adultos mayores, organizaciones territoriales y otro 25% por expertos en desarrollo sostenible (nominados en acuerdo por ejecutivo-legislativo).
Este punto contempla igual cantidad de hombres y mujeres, como un número de miembros de los pueblos indígenas acorde con su participación en la población nacional (10%); los poderes Ejecutivo y Legislativo serán los receptores formales del trabajo del Consejo y contarán con la asesoría permanente del Consejo Ciudadano y tendrá las funciones de definir metodología y plazos de participación ciudadana que asegure un proceso diverso, transparente e incidente para el Nuevo Pacto Social; convocar, facilitar y sistematizar los resultados del proceso de participación ciudadana; convenir las prioridades a ser atendidas por el pacto social con su cronograma de implementación; proponer cambios en la conformación del Consejo Ciudadano (si se estima conveniente) y velar por el cumplimiento de los acuerdos logrados. Su rol, señalan será permanente y deberá emitir dictámenes sobre los snteproyectos de leyes que regulen materias socioeconómicas, ambientales y laborales que se sometan a consulta por el gobierno o el Poder Legislativo.
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