Al igual como lo acostumbraba hacer en su época de diputado cuando tenía una reunión en La Moneda, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, ha optado por la bicicleta para llegar cada día a su oficina en la sede de gobierno. Un tránsito que la mayoría de las veces se asume como más expedito y que dista de las complejidades que ha enfrentado la nueva administración en sus primeras siete semanas de gestión.
De hecho, el ingeniero de entrada reconoce que la instalación no ha sido “fácil” debido a una serie de factores, algunos heredados y otros externos, dice. Y su enumeración parte por la pandemia y luego sigue con la invasión rusa a Ucrania y una presión inflacionaria global, que incluye un alza de varios commodities.
“Ambas reformas tienen que durar en el tiempo. No sirven de nada si se aprueban ahora y se retrotraen en cuatro años. Tiene que ser un diálogo que trascienda a la coalición de gobierno y que permita traducir esa mayoría social, que busca mayores seguridades sociales y allegar recursos permanentes para satisfacer esas necesidades”.
De todas formas, estima que ese momento ya pasó: “Ahora, hay más capacidad de instalar en la agenda aquellos temas por los que nos eligieron”.
Y esta tarea la tienen que atender en un contexto que estima de alta exigencia de parte de la ciudadanía, “porque las personas llevan mucho tiempo esperando”.
Entonces, reflexiona, “nos toca a nosotros recibir esa presión y ver cómo esas expectativas se llevan a la realidad. Hemos tratado de comunicar que todos aquellos anhelos que compartimos de cambio toman tiempo y tenemos que ir sorteándolos juntos, porque -como dijo el Presidente Gabriel Boric- vamos lento porque vamos lejos”.
- También ha habido fuego amigo. Parlamentarios oficialistas criticaron que no hubo trabajo legislativo, por ejemplo, en temas como la urgencia de la ley del indulto o en el retiro de fondos para tener los votos.
- Nosotros hemos sostenido periódicamente, todas las semanas, reuniones con la jefatura de bancada y con la presidencia de los partidos. Por lo tanto, estamos en una conversación lo más fluida posible para poder contar no solo con los votos oficialistas, que son condición necesaria pero no suficiente para alcanzar la mayoría. Recordemos que este gobierno tiene minoría en ambas cámaras.
Pero en este primer mes todavía no ha habido ningún proyecto de aquellos intensos en trabajo legislativo: reforma de Escazú no se puede modificar el texto; los proyectos relacionados con la estabilización del precio de la bencina son algo que la ciudadanía demandaba, exigía premura y, por lo tanto, así lo presentamos.
Lo mismo con el proyecto que presentamos para generar una alternativa responsable a lo que fue el quinto retiro y eso lo presentamos al calor de la discusión parlamentaria.
- ¿Cómo prepara el trabajo de las dos reformas estructurales, la tributaria y la de pensiones, donde necesita construir mayorías en el Congreso?
- Ambas reformas tienen que durar en el tiempo. No sirven de nada si es que se aprueban ahora y se retrotraen en cuatro años más. Por lo tanto, tiene que ser un diálogo que trascienda a la coalición de gobierno y que permita traducir esa mayoría social, que busca mayores seguridades sociales y allegar recursos permanentes para satisfacer esas necesidades. Pero, al mismo tiempo, tener un sistema de pensiones que le garantice dignidad al momento de jubilar.
Son cosas que las personas están esperando y nuestro trabajo es cómo interpretar a partir de los diálogos tripartitos que se están realizando, a partir de un diálogo prelegislativo, ciertas normas que conciten mayoría en el Congreso.
No hay duda de que hoy la inmensa mayoría de la población quiere una reforma de las pensiones, y no hay duda también que para que eso se financie las personas creen que quienes mejores condiciones han tenido en términos de ingresos y en términos de patrimonio, debiesen ser quienes contribuyan más, que la recaudación tiene que ser progresiva.
“Tendremos que ver el borrador para ver cuántas de esas habilitan y cuántas pueden seguir restringidas. Pero, evidentemente, muchos de los planteamientos que nosotros hacemos como programa de gobierno dependen de que no sean bloqueadas por la actual Constitución”.
“En este primer mes todavía no ha habido ningún proyecto de aquellos intensos en trabajo legislativo: reforma de Escazú no se puede modificar el texto; los proyectos relacionados con la estabilización del precio de la bencina son algo que la ciudadanía demandaba, exigía premura”.
- ¿Cómo ve la relación con la oposición para estos dos proyectos centrales? Se tramitaron durante años en gobiernos anteriores y no llegaron a buen puerto, por ejemplo, en el tema de pensiones.
- Nosotros vamos a dialogar tanto con el oficialismo como con quienes se definen en una predisposición de colaborar, aunque no estén en el oficialismo; y también con quienes están en la oposición. Todas las visiones son válidas y nosotros vamos a apostar a que el proyecto tenga la mayor cantidad de apoyo en el Congreso.
- El sector privado también quiere participar y el Presidente planteó que es partidario de que se alcance un pacto tributario…
- Sí. El ministro Mario Marcel en conjunto con la ministra Jeannette Jara han sido bastante claros en el tema previsional y también ahora con el tema del salario mínimo, en lograr que aquella voluntad que se manifestó posterior al estallido social por parte de importantes representantes del mundo empresarial, de que había que generar un pacto distinto, de que había desigualdades que era urgente abordar y corregir, hoy es el momento de materializar esa promesa de cambio que fue tan transversal.
Sin duda tenemos que hacernos cargo de la contingencia, tenemos que ser capaces de cómo tender puentes, pero la dirección hacia donde queremos apuntar es a que las familias puedan sentir en nuestro país que son tratadas con dignidad. Y eso es algo que creo caló muy hondo y es muy transversal en la población, independiente incluso del color político que alguien tenga. Así que tenemos harto trabajo para intentar conciliar esos consensos.
- ¿Y la relación con el sector privado cómo espera que sea?
- La relación tiene que ser fluida, franca. Hemos dicho que queremos construir certezas, no las mismas del pasado, donde un sector de la sociedad podía tener certeza, pero la mayoría de la población tenía incertidumbre.
Lo que queremos es generar certezas tanto a la familia chilena, por ejemplo que no le faltará la posibilidad de atenderse por algún problema de salud o de que al llegar a la vejez van a poder jubilarse y no tener que seguir trabajando hasta los 85 o 90 años; y también las certezas para quienes quieran invertir y emprender en nuestro país. Sin duda, esa certeza para que haya un pacto social, un contrato distinto entre la sociedad para poder equilibrar la cancha en aquellos que han sido más desfavorecidos, pero certezas al fin y al cabo.
- ¿Cómo toma la desaprobación del gobierno que ha ido mostrando en algunas encuestas? ¿No hubo ninguna luna de miel?
- A uno siempre le gustaría que, sobre todo en el proceso de instalación, tuviera un momento en el cual pudiera concentrarse en el despliegue, y la planificación no estuviera tan sometida a la contingencia, porque te permite diseñar un camino a transitar. Pero a nosotros nos tocó un inicio con todas las contingencias posibles: crisis migratoria, el conflicto que sigue quizás más vivo que nunca en materia de crimen organizado en distintas partes del país, para qué decir la situación que se está viviendo en la macrozona sur. Y también se suma a las altas expectativas y a la poca paciencia.
Es un cóctel que difícilmente configura un espacio de luna de miel. No podemos quejarnos, sino que nuestro rol es gobernar. Y gobernar implica tomar decisiones difíciles, tener que abordar la contingencia y tomar medidas en el corto plazo.
El debate constitucional
- ¿Hasta qué punto el éxito o fracaso de Convención Constitucional marcará la ruta programática y legislativa del gobierno?
- Hay que lograr diferenciar entre aquellas cosas que las personas puedan encontrar buenas o malas en el nuevo texto de borrador para la nueva Constitución de las que son habilitantes. ¿En qué sentido? Hoy hay varias de las reformas que nosotros hemos presentado como gobierno en nuestro programa, que -bajo la actual Constitución- el Tribunal Constitucional ha determinado que son inconstitucionales. Por ejemplo, la titularidad sindical, el que el Sernac pueda tener facultades sancionatorias por vía administrativa. O sea, ahí hay aspectos de la actual Constitución que impiden el desarrollo de reformas que incluso fueron aprobadas por ambas Cámaras del Congreso, pero que fueron declaradas inconstitucionales.
Tendremos que ver el borrador para ver cuántas de esas habilitan y cuántas pueden seguir restringidas. Pero, evidentemente, muchos de los planteamientos que nosotros hacemos como programa de gobierno dependen de que no sean bloqueadas por la actual Constitución.
- ¿De ahí la esperanza de que el proceso constituyente sea exitoso para poder desencadenar esa cantidad de proyectos que tienen en carpeta?
- Desde la campaña, el Presidente ha sido claro que busca dar todo el apoyo administrativo, financiero y también jurídico para que sea soporte de la Convención, como el mandato también para, en este caso, la Secretaría General de la Presidencia que tenemos que cumplir. Pero, además, todo el mundo sabe desde dónde venimos y cuál es nuestra postura respecto a este tema. Distinto es que, en tanto gobierno, en el uso de los recursos públicos, nosotros debemos la prescindencia y creo que son dos cosas completamente compatibles.
Por un lado, el tener la prescindencia en el ejercicio de las funciones propiamente ministeriales, de las distintas reparticiones del gobierno y, al mismo tiempo, que en la libertad pública de expresión y de ejercicio político, nosotros, en tanto individuos que formamos parte de colectivos políticos, tengamos una opinión respecto al plebiscito.
- ¿No hubiera sido mejor un gobierno imparcial de cara al plebiscito de salida considerando que usted es ministro las 24 horas del día? ¿En qué momento deja de ser ministro?
Es que ahí también hay una opinión muy clara del contralor y también del presidente del Consejo Directivo del Servel. El contralor ha dicho que las personas en su tiempo libre, y no en el ejercicio de recursos públicos, pueden manifestar su opinión política. Lo hicieron ministros y ministras en el plebiscito pasado. ¿Por qué no podrían hacerlo ministros y ministras en el plebiscito actual? Sería una discriminación bastante arbitraria el que haya personas que ahora critiquen cuando en el pasado tuvieron opinión.
Inexpropiabilidad de los fondos:
“Vamos a seguir con ese proyecto”
El ministro destaca la importancia de aclarar a la ciudadanía que no se tocarán los recursos de la cuenta de capitalización individual.
- ¿El gobierno se jugará por apurar la definición del proyecto de reforma constitucional de inexpropiabilidad de fondos o mantendrán la urgencia? El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, señaló que había sido una impertinencia del gobierno presentar esa norma.
- Conversé con el vicepresidente antes y después de esas declaraciones y la verdad es que creo importante esta propuesta para aclarar más que tratar de resolver un tema constitucional.
Lo que ha habido durante los últimos meses son ciertas informaciones que han fluido por las redes sociales, que han generado una duda ciudadana respecto a si podrían o no ser nacionalizadas o expropiables. A nosotros nos asiste la convicción de que no, pero había un sector político que nos dijo “nosotros queremos tener la certeza a través de un proyecto de ley de que el gobierno no pretende expropiar los fondos previsionales”. Y nosotros dijimos “bueno”. Y, por lo tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso quede de la manera más clara posible. Esto, entendiendo que hay un proceso paralelo, que es el proceso de redacción de una nueva Constitución.
Pero, al mismo tiempo, entendemos que el Congreso es el que verá si es que se tiene esa mayoría.
- Pero algunos dicen que podría haber un riesgo de que la Convención le quite el piso a esa ley.
- Hay que ver si la Convención toma la definición de incorporar algún criterio que haga referencia a esto, ya sea en una norma permanente o en una transitoria, para que los trabajadores y trabajadoras sepan, tal como los propios convencionales lo han dicho en sus intervenciones, que no se pretende tocar absolutamente ningún peso que ha sido ahorrado para la capitalización individual. Será prerrogativa de ellos y ellas. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con ese proyecto y veremos qué nivel de consenso genera.
Se acelerará la agenda legislativa
con 40 urgencias y cuatro proyectos
El ministro afirma que se va a acelerar la agenda legislativa según la instrucción dada por el Presidente Gabriel Boric. “Nos ha pedido que podamos tomar una acción proactiva, dado que desde el Congreso se ha manifestado la opinión de que se apure un poco el tranco en materia legislativa”, señala.
Así, adelanta que la próxima semana ingresarán un poco más de 40 urgencias para que todas las comisiones constituidas en el Parlamento puedan tener alguna en torno a los proyectos que vienen desde antes, “pero que puedan tener algún nivel de prioridad para el momento que estamos viviendo”.
Lo anterior se complementa con cuatro iniciativas de ley que se activarán la próxima semana: el de salario mínimo, que tiene tres partes, pues incluye el aumento propiamente tal hasta $ 400 mil en agosto; subsidio a las PYME y compensación de canasta básica; el de pago de pensiones de alimentos; el de estabilización de precio de las parafinas; y uno sobre crédito prendario que impulsa el Ministerio del Trabajo.
Este último, explica el ministro Jackson, es para “quienes han ejercido este crédito más conocido como La Tía Rica, donde los intereses moratorios muchas veces afectan más a mujeres que han ingresado prendas para obtener este crédito. Y nosotros queremos generar un proyecto de ley para aliviar esa carga y permitir que puedan acceder nuevamente a recuperar su prenda o eventualmente a volver a empeñarlas si necesitan algún flujo de manera más urgente”.
También señala que ingresarán siete paquetes de indicaciones en distintos proyectos que se han estado tramitando en las próximas dos semanas legislativas, que “van a empezar a tomar un ritmo distinto en el Congreso”.
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