Gobierno se prepara para lanzar agenda antiabusos en medio de expectación de senadores

En medio del conflicto social que se gatilló el 18 de octubre, el gobierno anunció una agenda antiabusos con un foco proconsumidor, la cual se espera vea la luz este lunes, según adelantó ayer el ministro de Economía, Lucas Palacios, en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

Este anuncio tenía hasta el viernes expectantes a los representantes del Senado, interesados en que se avance en la materia que se asume podría traducirse en penas más drásticas en contra de los delitos llamados de "cuello y corbata" o aquellas en que la ciudadanía se siente atropellada.

Palacios explicó que "esta agenda por un mejor trato tiene tres partes: una sobre delitos económicos, otra de mayor transparencia o en contra de la letra chica, y contra el sobreendeudamiento de las familias", indicó agregando que probablemente este lunes haya anuncios en el primero de esos puntos, en el marco del día internacional contra la corrupción.

Aunque evitó profundizar sobre los anuncios, consultado por la posibilidad de que se incluyan delitos económicos con pena de cárcel, Palacios se limitó en señalar que "es muy probable".

Pasos en el Senado

Hasta el viernes los parlamentarios habían percibido cierta demora en la concreción de la iniciativa, la que no sólo respondería a que no se habían identificado del todo los temas a abordar, sino también porque no había coincidencia en el propio oficialismo respecto de cuánto y en qué se quiere avanzar.

Desde hace tres semanas y, según lo permitía el ambiente fuera de La Moneda, un grupo integrado por los ministros –o subsecretarios, según sea el caso- de Hacienda, Ignacio Briones; Economía, Lucas Palacios; Justicia, Hernán Larraín; y Salud, Jaime Mañalich; además de un representante de la Secom, se reunían en dependencias de la Segpres, donde coordinados por Felipe Ward, analizaron las propuestas que cada uno aportó.

Pero el proceso no había progresado con la urgencia reclamada desde distintos sectores, incluida la oposición y organizaciones como Chile Transparente, Espacio Público y Chile21.

Según comentan en el propio oficialismo, ello se debería a que no existe acuerdo en el gobierno –tampoco en Chile Vamos- respecto de cuán severa deberá ser la legislación antiabusos.

De hecho, el senador Felipe Harboe (PPD), adelanta que "lo que hemos sabido es que hay diferencias internas en el gobierno respecto del contenido de la agenda".

Incluso, añade, "hay un alma del Ejecutivo que dice que no hay que mandar una agenda muy en contra de los abusos, porque están perdiendo el escaso respaldo que tienen en su sector, donde muchas veces están los abusadores; y la otra, que dice que hay que avanzar más fuertemente en ello".

Avance en el Congreso

En su calidad de presidente de la comisión de Constitución e integrante de la de Economía, donde seguramente se verá la mayor parte de estas iniciativas, Harboe asegura que "comentamos con los otros integrantes y ninguno de nosotros, oficialista o de oposición, ha sido contactado" para tratar la materia.

El senador Álvaro Elizalde admite que el Ejecutivo ha manifestado disposición a establecer un diálogo con la oposición, "aunque no más que eso", pero que esperan puedan "concordar una agenda ambiciosa antiabusos, lo que implica modificar sustantivamente los proyectos que están en tramitación".

El integrante de la comisión de Hacienda, senador Jorge Pizarro, explica que por el momento se está avanzando en algunos proyectos ya en tramitación, y que se incorporaron en el acuerdo que se hizo con Hacienda en la Cámara Alta, como es el caso de la salud.

"Nos parece que donde más se han generado abusos, distorsiones, es en el sector de la comercialización de los medicamentos", dice y acota: "Hay un área enorme donde se puede avanzar muy rápido".

Justamente debido a la demora del Ejecutivo, el senador Harboe decidió tomar la iniciativa y para ello se reunió el viernes con el fiscal nacional, Jorge Abbott, tras la cual adelantó que "nosotros estamos armando un equipo con diferentes personalidades de los mundos político, académico e institucional para proponer, como Legislativo, una agenda contra los abusos".