Luego de dos jornadas de maratónicas negociaciones, propuestas y contra ofertas, el Gobierno propuso un primer acuerdo con el oficialismo y la oposición para destrabar la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, con inéditas medidas de contención de gasto con el telón de fondo de una economía que ha crecido mucho menos de lo esperado y perspectivas de ingresos del Gobierno que podrían no cumplirse.
Pasadas las 20:40 de la noche, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acompañado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, leyeron los detalles del documento, que contaría con la firma de parlamentarios transversales que forman parte de la comisión especial mixta de Presupuestos, instancia donde se encuentra tramitándose el texto.
En lo grueso, el Ejecutivo se comprometió a aumentar el nivel de gasto que recortará en 2025, desde los US$ 500 millones propuestos el miércoles a una cifra cercana a US$ 600 millones ($ 543.000 millones). Eso sí, con el compromiso de no afectar políticas sociales, como en Salud, Educación y Vivienda, o el gasto en seguridad en Carabineros, PDI y Gendarmería.
La fuente del recorte serán los gastos operacionales del sector público t las transferencias de capital -ajustes que serán parejos a lo largo de las partidas, así como fondos que provendrán de la partida del Tesoro Público, explicó Marcel. Esta rebaja la implementará el Ministerio de Hacienda mediante decretos que se emitirán dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Es decir, en enero.
Esto llevaría al gasto público a crecer un 2% el próximo año, desde el 2,7% que contemplaba la propuesta original del Ejecutivo. También, se pone por escrito que podrá continuarse con los ajustes el próximo año en caso de que los ingresos no alcancen lo proyectado.
También, el protocolo contemplará que el Congreso deberá autorizar a Hacienda cuando el Gobierno busque realizar giros superiores a 0,3% anual desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES); y que se contratará una asesoría de un organismo multilateral, que sería el Fondo Monetario Internacional (FMI), para evaluar ex ante las proyecciones de ingresos del Gobierno Central.
Otro punto del protocolo se refiere a un mayor control sobre los ingresos fiscales, que ha sido uno de los principales temas de debate en la discusión del Presupuestos. Así, se estableció que la Dirección de Presupuestos (Dipres) efectuará mensualmente un seguimiento pormenorizado del desempeño de los ingresos fiscales, incluyendo los cambios y factores que pueden incidir en una desviación de los mismos en el año, informando de ello a las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados y al Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
También, las partes acordaron mantener el límite de endeudamiento solicitado al Congreso por hasta US$ 16.000 millones, con el objeto de permitir el funcionamiento de los estabilizadores automáticos del Presupuesto, el refinanciamiento de los vencimientos de deuda y la optimización de la gestión de pasivos.
"Cabe señalar que, de este total, cerca de US$ 8.000 millones corresponden a amortizaciones de deuda y ajustes financieros mandatados por ley, en tanto que el financiamiento destinado al balance de operaciones del Gobierno se estima en menos de US$ 4.000 millones", dice el acuerdo.
Al cierre de esta edición, las partes continuaban destrabando las negociaciones en áreas sensibles, como platas para solucionar la crisis financiera de los hospitales públicos, y el funcionamiento de algunos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Dicho acuerdo se materializaría en el trámite de la Cámara de Diputados.
Compleja jornada de trámite
Pero antes de la firma del protocolo, se vivió una maratónica sesión de debate y votación de la mayoría de las partidas presupuestarias, donde hubo varias que sortearon la valla legislativa y otras que vieron recursos rechazados.
Por ejemplo, se aprobaron los recursos del Ministerio de Economía, pero se rechazaron las platas de la Oficina de Grandes Proyectos (OGP) y del programa de apoyo a las Pymes afectadas por el estallido en el programa de Sercotec.
En Medio Ambiente, se despachó la partida pero con el rechazo de los fondos para la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y del programa de transición ecológica justa.
Si bien en Agricultura se aprobaron los recursos, se redujeron asignaciones del programa de innovación y fortalecimiento institucional para seguridad alimentaria y para programas de desarrollo local del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). Asimismo, toda la partida del Ministerio de Defensa fue rechazada por la comisión mixta.
En Trabajo, se aprobaron los recursos pero no sortearon la valla las platas para la Dirección del Trabajo (DT) y el Fondo de Educación Previsional.
En la cartera de Salud, el Ejecutivo no pudo impedir que se rechazaran los recursos para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), los servicios de salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y el programa de atención primaria. En Desarrollo Social, quedaron en el camino los fondos para el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).
Luego fue el turno de Vivienda, donde se aprobaron los recursos. Mismo resultado en el Ministerio Público.
En cambio, en la cartera de Justicia se volvieron a rechazar los fondos para la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública. También, se aprobaron los fondos para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y las Culturas, pero con algunos rechazos.
Finalmente, pasadas las 4 de la mañana, la mixta despachó a la Cámara de Diputados el Presupuesto 2025, respaldando 31 de las 32 partidas presupuestarias.
Así, en el balance, se rechazaron también recursos para el Mundial de Fútbol Sub-20 del que Chile será anfitrión en 2025; el Fondo del Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart); la Subsecretaría de Educación Parvularia –incluidos los jardines de la Fundación Integra-; la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) -que contempla también el financiamiento de los jardines vía transferencia de fondos (VTF)-; la Subsecretaría de Educación Superior; la Dirección de Educación Pública; la Subsecretaría de Educación; y los recursos para los SLEP de Andalién Costa, Valparaíso, Magallanes, Valdivia y Santa Rosa.
También, quedaron en el camino los fondos en la partida del Ministerio del Interior para la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y parte de unas asignaciones para el programa de integración de personas que no tengan calidad de solicitantes de refugio.
El Ejecutivo logró que los parlamentarios repusieran los recursos para la partida del Tesoro Público y se visaron las indicaciones que permiten viabilizar el recorte del gasto propuesto por Hacienda.
¿Qué viene? La discusión continuará el lunes de la próxima semana en la Sala de la Cámara de Diputados, donde se revisará hasta el miércoles 13 de noviembre. El paso siguiente será la revisión y votación del proyecto en la Sala del Senado entre el lunes 18 y el miércoles 20 del mes en curso. Si hubiera discrepancias entre lo aprobado por cada corporación, éstas se zanjarían en una comisión mixta. El plazo legal límite para despachar el Presupuesto 2025 es el viernes 29 de noviembre.
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